Tres avisos energéticos: España necesita más nuclear

Tres noticias conocidas en los últimos días permiten entender mejor que cualquier debate abstracto el desafío energético al que se enfrenta España. EDF proyecta desplegar diez reactores nucleares modulares en Europa antes de 2035, la viabilidad de la gran planta de hidrógeno verde de Huelva dependerá casi completamente del precio de la electricidad y las acerías españolas han comenzado a detener la producción durante las horas más caras.

Aunque describen proyectos y sectores diferentes, las tres informaciones conducen a una misma conclusión: la política energética ya no puede medirse únicamente por la potencia renovable instalada o por el coste de generación de una tecnología aislada. Lo que la industria necesita es electricidad baja en emisiones, pero también abundante, estable, previsible y competitiva durante muchas horas del año.

El programa anunciado por EDF muestra que una parte de Europa ya ha comenzado a extraer esa conclusión. El grupo francés plantea construir reactores modulares NUWARD de hasta 400 MW eléctricos en Francia, Italia y posiblemente otros países como Polonia, Bélgica o Finlandia. Las unidades podrían producir no solo electricidad, sino también hasta 320 MW térmicos para procesos industriales, redes de calor, desalación o producción de hidrógeno.

El objetivo todavía está lejos de convertirse en diez proyectos autorizados y financiados. Los primeros reactores de una nueva serie concentrarán riesgos de diseño, certificación, coste y calendario. Pero el movimiento de EDF es el primer paso para poner en marcha una estrategia industrial que pasa por estandarizar un reactor, fabricar módulos en serie y situar generación firme y baja en carbono cerca de polos químicos, siderúrgicos, centros de datos y grandes consumidores.

La segunda noticia explica por qué este planteamiento resulta relevante. La planta Onuba que Moeve construye en Huelva instalará inicialmente 300 MW de electrólisis y prevé producir unas 45.000 toneladas anuales de hidrógeno renovable. Para alcanzar esa cifra necesitará alrededor de 2,5 TWh de electricidad y operar entre 7.500 y 8.250 horas equivalentes al año, dependiendo de su consumo específico.

Como explicamos en la información sobre este proyecto, la aritmética es decisiva. Con electricidad a 20 euros/MWh, el coste energético sería de aproximadamente 1,10 euros por kilogramo de hidrógeno. A 40 euros subiría a 2,20 euros y con un mercado a 137 euros alcanzaría 7,54 euros, antes de amortizar electrolizadores, pagar financiación, mantenimiento, tratamiento de agua, compresión o sustitución de equipos.

Un electrolizador de este tamaño no puede vivir únicamente de unas horas de excedentes fotovoltaicos. Su inversión exige un funcionamiento próximo al continuo y, por tanto, contratos capaces de combinar distintas fuentes, perfiles horarios y respaldo de red. La nuclear no convierte automáticamente ese hidrógeno en renovable conforme a la regulación europea, pero sí puede reducir el uso de gas, moderar la volatilidad del sistema y producir hidrógeno bajo en carbono. También puede suministrar directamente calor industrial, evitando algunas de las pérdidas asociadas a transformar electricidad en hidrógeno para volver a utilizarlo como combustible.

La tercera noticia demuestra que el problema ya afecta a la producción presente, no solo a los proyectos futuros. La siderurgia española está reorganizando turnos y deteniendo instalaciones cuando fabricar deja de ser rentable. UNESID calcula un sobrecoste energético de 658 millones de euros entre marzo y diciembre de 2026. 403 millones correspondientes a electricidad y 255 millones a gas. Los servicios de ajuste podrían añadir otros 21,60 euros por MWh.

Una acería eléctrica puede desplazar algunas coladas a las horas valle y aportar flexibilidad al sistema. Pero existe una diferencia esencial entre optimizar la producción y dejar de producir. Cuando los hornos se paran porque el precio de la electricidad hace inviable un pedido, la flexibilidad se convierte en racionamiento económico. La amenaza es especialmente seria en un sector que exporta alrededor del 70% de su producción y compite con instalaciones sometidas a condiciones energéticas diferentes.

Estas tres noticias proporcionan el contexto adecuado para valorar la decisión del Gobierno de prorrogar la operación de Almaraz hasta el 8 de junio de 2030. La medida es correcta. Sus dos reactores suman algo más de 2.000 MW netos y generaron 15.370 GWh en 2025, alrededor del 6% de la demanda eléctrica nacional. Se trata de una producción firme, con muy bajas emisiones durante su ciclo de vida y disponible con independencia de las condiciones meteorológicas.

Es más, la orden publicada en el BOE contiene el argumento más convincente. El análisis del Ministerio para la Transición Ecológica estima que mantener Almaraz reducirá en 2030 un 7% la generación con ciclos combinados de gas respecto al escenario del PNIEC, mientras que el impacto sobre la generación renovable se limitará al 1,4%. La nuclear desplaza principalmente gas, no renovables. Esto significa menos exposición a los mercados internacionales, menos emisiones y menor probabilidad de que una central de ciclo combinado con combustible caro marque el precio marginal. Supone además conservar generación síncrona que aporta inercia, potencia de cortocircuito y control de tensión.

El problema es que la prórroga se presenta como una respuesta temporal a una coyuntura excepcional y no altera el cierre completo del parque nuclear previsto para 2035. Es una contradicción. Si Almaraz resulta útil para reducir el consumo de gas, estabilizar el sistema y proteger a la industria en 2030, es difícil explicar por qué esas necesidades habrán desaparecido cinco años después.

En 2025, los siete reactores españoles produjeron 51.846 GWh, el 19% de toda la generación eléctrica. Clausurarlos en menos de una década significa retirar unos 7.100 MW firmes y bajos en carbono. No basta con sustituir esos megavatios hora mediante nueva potencia eólica o fotovoltaica. Hay que cubrir también noches, semanas con poco viento, puntas de demanda, servicios de ajuste y contingencias de red.

Esto no es un argumento contra las renovables. España debe seguir instalándolas, desarrollar almacenamiento y bombeo, reforzar las interconexiones, modernizar las redes y utilizar la gestión de la demanda. El error consiste en renunciar anticipadamente a una tecnología baja en carbono antes de comprobar que todas las alternativas necesarias están disponibles a escala suficiente y con un coste asumible.

La primera medida debería ser revisar el calendario de cierre reactor por reactor y permitir la operación a largo plazo de las centrales que superen la evaluación del Consejo de Seguridad Nuclear. La Agencia de Energía Nuclear de la OCDE sitúa la prolongación de las instalaciones existentes entre las pocas opciones capaces de producir electricidad por debajo de 100 dólares/MWh, junto con la hidráulica y, cuando no se incluyen los costes del sistema, la eólica terrestre y la fotovoltaica.

La segunda medida debe ser estudiar nueva capacidad. Construir reactores no es barato ni sencillo. Los proyectos europeos de primera serie han sufrido retrasos, sobrecostes y problemas de financiación. Precisamente por eso España necesita decidir pronto si quiere participar en los programas de generación III+ y SMR, seleccionar diseños estandarizados, aprovechar emplazamientos con conexión eléctrica y personal cualificado y establecer mecanismos financieros que repartan los riesgos sin entregar cheques en blanco.

También habrá que resolver la gestión de residuos, garantizar la financiación del desmantelamiento, conservar el conocimiento técnico y desarrollar un mercado que remunere la potencia firme, la inercia y los servicios de red, no solo cada megavatio hora producido. EDF está preparando reactores para la industria europea de la próxima década, Huelva necesita electricidad competitiva casi todo el año para fabricar hidrógeno y las acerías españolas ya paran cuando la energía se encarece. Almaraz proporciona una respuesta parcial a esos tres problemas. Mantenerla hasta 2030 ha sido una buena decisión. Pero creer que con esa prórroga basta sería repetir, solo unos años más tarde, el mismo error que se ha conseguido aplazar.