Parole, parole, parole

Hay gobiernos que construyen carreteras, presas, redes eléctricas y hospitales. Y hay gobiernos que construyen titulares. Los segundos suelen terminar antes las obras, porque una rueda de prensa no necesita presupuesto, ni licencia ambiental. Una nota oficial no depende de licitaciones ni de contratos de suministro y una cifra pronunciada solemnemente desde La Moncloa jamás sufre retrasos por falta de materiales.

El Gobierno ha anunciado esta semana una inversión de 35.000 millones de euros en redes eléctricas hasta 2030. La cifra es redonda, poderosa y suficientemente grande como para recorrer informativos, periódicos y tertulias antes de que nadie tenga tiempo de preguntar quién aporta el dinero, qué proyectos se van a ejecutar, cuándo comenzarán las obras o qué parte de esos millones figura realmente en unos presupuestos.

Como decían Mina y Alberto Lupo, “eres como el viento que lleva los violines y las rosas”. Porque el Ejecutivo no ha aprobado un programa público de inversión dotado con 35.000 millones. No ha reservado esa cantidad en esos Presupuestos Generales del Estado de los que carece. Tampoco ha comprometido una transferencia equivalente a Red Eléctrica o a las compañías distribuidoras. Lo que ha hecho es elevar en 17.900 millones los límites regulatorios que condicionan cuánto podrían invertir las empresas propietarias de las redes. 10.200 millones adicionales en distribución y 7.700 millones en transporte, que sumados a los márgenes ya existentes, permitirían alcanzar un volumen potencial de unos 35.000 millones de aquí a 2030.

“Permitirían”, “potencial” y “podrían” no suenan tan bien como eso de “el Gobierno invertirá 35.000 millones” que hemos leído en algunos medios esta semana. Porque elevar un techo de inversión no equivale a financiar las obras. El capital tendrá que ser adelantado por las empresas y si lo hacen, recuperarán su inversión mediante la correspondiente retribución del sistema eléctrico que pagarán los consumidores en sus facturas. Los mismos que yan han pagado unos impuestos cada vez más altos. Se anuncia lo posible como decidido, lo autorizado como financiado y lo proyectado como terminado.

Pero “Las rosas y los violines, esta noche cuéntaselos a otra”. Sobre todo, porque no es la primera vez. Sin ir más lejos, en mayo, Pedro Sánchez presentó el que describió como el mayor despliegue de la historia de España contra los incendios forestales. El lema, “Este verano, todos contra el fuego”, pretendía reunir todo aquello que recomiendan los manuales de la comunicación política contemporánea: emoción, épica, sentido colectivo y hasta una referencia estacional fácil de recordar.

Parecía que el país entero se preparaba para una movilización sin precedentes. Pero luego hemos sabido que el Gobierno se deshizo de cuatro aviones antiincendios CL-215T en 2023 tras declararlos obsoletos y que esa decisión redujo de 18 a 14 aparatos la flota del Grupo 43 del Ejército del Aire, pero que solo 7 se encuentran realmente operativos en la actualidad, porque los 7 aviones de última generación que adquirió el Ejecutivo en 2024 no podrán entrar en servicio al menos hasta octubre de 2028. Por cierto, esos aviones vendidos por obsoletos operan ahora en Portugal. Y también hemos sabido que, según el observatorio de la AIReF, de los 401 millones de euros europeos asignados a gestión forestal y prevención de incendios solo se habían ejecutado 105,7 millones, el 26,4%.

Y así, “se apaga en tus ojos la luna y se encienden los grillos”. Y la llamas. Y el mayor despliegue de la historia volvió a parecerse demasiado a los despliegues anteriores. Y entonces volvió el presidente a recitarnos sus palabras del pacto de Estado contra el cambio climático. Por supuesto que España necesita políticas ambiciosas contra el cambio climático. Y esto de las redes eléctricas es un buen ejemplo de que “solo hay palabras entre nosotros”.

La red eléctrica es el sistema circulatorio de la electrificación. Sin capacidad de transporte y distribución, la nueva generación renovable queda atrapada. Sin subestaciones, líneas y sistemas de control, no es posible alimentar nuevas industrias, desplegar masivamente el vehículo eléctrico, sustituir procesos térmicos basados en combustibles fósiles o atender el crecimiento de centros de datos y sistemas de almacenamiento. No basta con instalar placas solares y aerogeneradores. La electricidad tiene que llegar hasta donde se consume, en el momento en que se necesita y con los niveles de estabilidad, tensión y seguridad que exige una economía industrial.

En numerosos territorios ya existen proyectos empresariales bloqueados o retrasados por falta de capacidad de acceso y conexión. Hay zonas con abundante recurso renovable, pero sin infraestructura suficiente para evacuarlo. En otras, las redes de distribución no pueden absorber la electrificación de la demanda prevista. Construir generación sin reforzar las redes es como inaugurar un embalse sin canalizaciones o un puerto sin accesos ferroviarios.

Por eso resulta particularmente grave convertir esta necesidad urgente en otro decorado narrativo con anuncios engañosos de inversiones milmillonarias. España requiere identificar con precisión, y no con ese esbozo de trazo grueso llamado PNIEC, qué redes necesita, dónde deben construirse y en qué orden. Hace falta coordinar la planificación del transporte con las necesidades de distribución, anticipar la demanda industrial, agilizar los permisos sin reducir las garantías y asegurar que existe capacidad técnica y fabril para ejecutar las obras.

Un plan realista debería incluir presupuestos, “llámame tormento”, y un calendario serio y comprometido. Tendría que explicar qué inversiones realizará Red Eléctrica, cuáles corresponderán a las distribuidoras, qué parte se recuperará mediante la retribución regulada y qué aportación asumirá, en su caso, el Estado. También debería cuantificar el efecto sobre los peajes eléctricos y, por tanto, sobre hogares y empresas.

Porque si el Gobierno considera que determinadas infraestructuras son estratégicas para la descarbonización, la seguridad energética o la reindustrialización, puede decidir financiarlas parcialmente con presupuestos públicos, fondos europeos o mecanismos de garantía. Lo que no puede hacer es dejar todo el esfuerzo económico en manos de las compañías y de los consumidores y presentarse después como autor de la inversión completa. La apropiación política de los 35.000 millones es tan vistosa como deshonesta.

Pero los anuncios tienen una ventaja sobre las infraestructuras y es que nunca se estropean, no sufren sobrecostes, no acumulan expedientes y no precisan mantenimiento. Pueden inaugurarse una y otra vez sin haber colocado un solo poste. Pero ni un país se electrifica con anuncios ni un monte se protege con lemas. Una red no aumenta su capacidad porque una cifra haya ocupado la portada de los periódicos. Y como bien saben los ingenieros, una infraestructura empieza a existir cuando se diseña, se financia, se construye y entra en servicio. Hasta entonces solo hay palabras, demasiadas palabras.