El Gobierno eleva en 17.900 millones el techo de inversión en redes eléctricas, pero no compromete gasto público ni garantiza su ejecución

El real decreto aprobado hoy por el Consejo de Ministros no supone que el Estado vaya a desembolsar 17.900 millones de euros ni que esa cantidad se encuentre ya asignada a obras concretas. La norma amplía hasta 2030 el volumen máximo de inversión que Red Eléctrica y las compañías distribuidoras podrán ejecutar con derecho a recuperar posteriormente el coste a través de la retribución regulada del sistema eléctrico. El anuncio elimina una restricción financiera, pero la ampliación efectiva de la capacidad dependerá todavía de la planificación, los proyectos, las autorizaciones y la ejecución de cada infraestructura.

El Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo marco para los planes de inversión en las redes de transporte y distribución de electricidad que permitirá elevar en hasta 17.900 millones de euros el volumen de actuaciones que podrán recibir retribución regulada entre 2027 y 2030. La norma permite invertir, pero no constituye por sí misma una inversión ejecutada, una licitación, una transferencia presupuestaria ni una obligación inmediata de construir infraestructuras por ese importe.

El Ministerio para la Transición Ecológica presenta la medida como una autorización para realizar 10.200 millones adicionales en distribución y otros 7.700 millones en transporte. Si se suman estos importes a los límites ordinarios ya existentes, el Gobierno calcula que el desembolso total en redes podría superar los 35.000 millones al término de la década. Sin embargo, tanto la cifra de 17.900 millones como la de 35.000 millones expresan capacidades máximas o escenarios potenciales, no compromisos de inversión materializados. La propia comunicación oficial utiliza fórmulas como “se podrán invertir” o “podrá superar”, en lugar de anunciar proyectos adjudicados o financiados.

Un programa presupuestario convencional identifica una administración promotora, una dotación de gasto, una relación de actuaciones y, posteriormente, contratos de ingeniería y construcción. En este caso, el real decreto modifica el marco regulatorio para que las empresas titulares de las redes puedan presentar un mayor volumen de inversiones y tengan derecho, si las ejecutan correctamente y son reconocidas por el regulador, a recuperar su coste mediante la retribución del sistema eléctrico.

Sin financiación ni presupuesto público

La memoria de impacto afirma que el real decreto no incrementa el gasto público porque su ejecución no requiere dotación presupuestaria. También reconoce que, si las empresas aprovechan los nuevos límites, esas inversiones deberán ser retribuidas por el sistema eléctrico y podrán incrementar los peajes soportados por los consumidores. El dinero deberá ser adelantado, en términos generales, por las compañías que construyen las redes. En el transporte será principalmente Red Eléctrica, filial de Redeia y responsable de la mayor parte de la red de alta tensión. En distribución corresponderá a los distintos gestores regionales, entre ellos las filiales de redes de Iberdrola, Endesa, Naturgy, EDP y otras empresas de menor tamaño. Estas sociedades financiarán los proyectos con recursos propios, deuda o una combinación de ambos y encargarán la ingeniería, el suministro de equipos y la construcción a contratistas especializados.

Una vez que las instalaciones entren en servicio, sean auditadas y obtengan el correspondiente reconocimiento regulatorio, las compañías recuperarán progresivamente la inversión mediante amortizaciones y una remuneración financiera. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha fijado para el periodo 2026-2031 una tasa de retribución financiera del 6,58% para las actividades de transporte y distribución. Los ingresos necesarios para pagar esa retribución proceden fundamentalmente de los peajes de acceso a las redes que abonan los usuarios a través de sus facturas eléctricas.

En otras palabras, las eléctricas aportarían inicialmente el capital, pero el coste terminaría integrándose durante años en la parte regulada del sistema. El objetivo económico del Gobierno es que las nuevas conexiones industriales, residenciales y de transporte eléctrico eleven el consumo y permitan repartir los costes entre una base más amplia de usuarios. Esa previsión puede cumplirse en aquellos territorios donde exista demanda real y madura, pero no está asegurada. La propia memoria del proyecto advierte de que aumentar las inversiones sin que crezca paralelamente la demanda provocaría un incremento proporcional de los peajes y podría convertirse, paradójicamente, en un obstáculo para la electrificación.

Inversiones anticipatorias

Esta incertidumbre será especialmente relevante en las denominadas inversiones anticipatorias. El decreto permite destinar hasta el 20% de la inversión incremental de distribución a construir capacidad en zonas donde la demanda todavía no esté garantizada durante los cinco años siguientes. La medida puede resolver el conocido problema circular por el que una industria no se instala porque carece de potencia eléctrica y la distribuidora no refuerza la red porque todavía no existe esa industria. Pero también introduce el riesgo de construir activos sobredimensionados o infrautilizados si los proyectos empresariales previstos no llegan a materializarse.

El calendario confirma, además, que no se trata de un despliegue inmediato. En distribución, el margen adicional será de 1.020 millones en 2027, 2.550 millones en 2028, 3.060 millones en 2029 y 3.570 millones en 2030. En transporte se habilitan 700 millones en 2027, 1.850 millones en 2028, 2.300 millones en 2029 y 2.850 millones en 2030. No aparece, por tanto, una inversión incremental para 2026 y la mayor parte del esfuerzo se concentra en los tres últimos ejercicios.

Los 7.700 millones destinados al transporte están además condicionados a la Planificación de la Red de Transporte con horizonte 2030, todavía en tramitación. Será ese documento el que deberá concretar las nuevas líneas, subestaciones, refuerzos, interconexiones y actuaciones de control que podrán acometerse. Hasta que la planificación no esté aprobada y cada proyecto supere los procedimientos técnicos, ambientales y administrativos, no puede considerarse que esa parte del anuncio corresponda a obras firmes.

Compañías distribuidoras

La situación es algo distinta en distribución. Las compañías deberán elaborar planes anuales y plurianuales, someterlos a consulta, explicar cómo han considerado las solicitudes de industrias y administraciones y publicar posteriormente informes sobre su grado de cumplimiento. El decreto también prevé reducir los límites futuros de aquellas empresas que incumplan reiteradamente sus previsiones. Sin embargo, la penalización actúa después de varios ejercicios de desviaciones y no convierte automáticamente la totalidad de los 10.200 millones en inversión obligatoria.

Desde el punto de vista técnico, elevar el límite regulatorio era una condición necesaria, pero no suficiente. Una autorización económica no incrementa por sí sola la capacidad de un nudo, no construye una subestación ni pone en servicio un transformador. Para que el anuncio se traduzca en potencia disponible será necesario identificar las necesidades reales, realizar estudios de red, redactar proyectos, obtener autorizaciones y terrenos, contratar equipos con plazos de fabricación cada vez más prolongados, ejecutar las obras y superar las pruebas de energización.

En distribución se permitirá dedicar hasta el 20% adicional a telemando, telecontrol, regulación de tensión, observabilidad y ciberseguridad; hasta un 10% a protección de la avifauna; y otro 10% a resiliencia frente a episodios climáticos y fenómenos naturales. Estas actuaciones pueden mejorar el aprovechamiento de las infraestructuras existentes y reducir la necesidad de construir nuevas líneas, aunque su resultado deberá medirse mediante indicadores de capacidad, calidad y utilización, no únicamente por el volumen económico ejecutado.