El 80% renovable hora a hora enfrenta al Gobierno al riesgo de desviar los centros de datos fuera de España

La futura regulación de los centros de datos ha dejado de ser únicamente una carrera administrativa contra el calendario electoral. El Gobierno se ha comprometido ante la Comisión Europea a aprobar el decreto como parte de la negociación del último desembolso del Plan de Recuperación, por 25.861 millones de euros. La vinculación con los fondos aumenta la presión para cerrar el texto, pero también obliga a resolver su principal interrogante: si la norma permitirá ordenar el crecimiento de esta industria o terminará expulsando los proyectos que pretende hacer más sostenibles.

El Periódico de la Ingeniería ya explicó la tramitación acelerada, las condiciones de acceso a la red y los requisitos energéticos, hídricos y digitales incluidos en el borrador. El elemento decisivo sigue siendo la obligación de que las instalaciones de al menos un megavatio cubran en cada hora un mínimo del 80% de su consumo con nueva generación renovable.

La diferencia entre acreditar energía renovable cada año y hacerlo cada hora es mucho mayor de lo que sugiere el cambio de unidad temporal. Un centro de datos funciona de forma prácticamente continua, con una demanda poco flexible y una necesidad muy elevada de seguridad de suministro. La generación fotovoltaica, en cambio, desaparece durante la noche, mientras que la producción eólica varía y puede registrar varios días consecutivos de escasa disponibilidad.

Para cumplir el requisito no bastaría con contratar una planta solar cuya producción anual equivalga al consumo del centro. El promotor tendría que combinar tecnologías con perfiles complementarios, sobredimensionar la potencia renovable y añadir almacenamiento suficiente para desplazar energía desde las horas de abundancia hasta las de menor producción. Incluso así, seguiría necesitando la red para cubrir el porcentaje restante y responder a periodos meteorológicos desfavorables.

Una simulación elaborada por APPA Renovables con perfiles eléctricos de 2025 estima que, por cada megavatio de demanda permanente, serían necesarios 3,93 MW fotovoltaicos, 3,69 MW eólicos y 3,65 MW de baterías, con 14,6 MWh de capacidad de almacenamiento. El cálculo depende de los supuestos utilizados y procede de una organización que ha pedido modificar el decreto, pero muestra la escala del problema: cubrir hora a hora una carga constante no equivale a instalar 0,8 MW renovables por cada megavatio consumido.

Aplicado a un centro de datos de 100 MW, el escenario de APPA implicaría asociar centenares de megavatios solares y eólicos, además de una batería de alrededor de 365 MW y 1.460 MWh. El complejo energético necesario podría superar ampliamente la potencia nominal de la propia instalación informática. APPA propone comenzar con un 100% renovable en balance anual y endurecer progresivamente la correlación temporal a medida que aumenten el almacenamiento, las redes y la generación gestionable.

El Gobierno sostiene que quiere evitar quemar más gas

El Gobierno sostiene que esta exigencia evita que una nueva demanda esencialmente plana obligue al sistema eléctrico a recurrir al gas durante las horas sin producción solar o eólica. También pretende impedir que los costes de ampliar la red y contratar servicios de respaldo terminen trasladándose al resto de los consumidores. El diagnóstico responde a un problema real: los centros de datos no solo consumen energía, sino que requieren potencia disponible de manera continua, incluso cuando las condiciones del sistema son más adversas.

La duda está en si la solución debe consistir en que cada proyecto reproduzca individualmente una parte del sistema eléctrico que necesita para operar. La agregación de miles de instalaciones renovables, baterías y consumos permite aprovechar mejor la diversidad geográfica, compartir reservas y reducir el sobredimensionamiento. Exigir una cobertura horaria a cada centro por separado puede conducir a inversiones redundantes, mientras siguen existiendo excedentes renovables en otras horas o regiones que no pueden utilizarse por falta de red.

Así regulan otros países europeos

La comparación con Irlanda resulta especialmente significativa. Los centros de datos ya representaban allí el 22% de la demanda eléctrica en 2024 y podrían alcanzar el 31% en 2034. Su regulador ha aprobado una política estricta para las nuevas conexiones: los promotores deben aportar generación o almacenamiento próximo equivalente a la potencia máxima solicitada y cubrir al menos el 80% de su consumo con nueva electricidad renovable producida en el país.

Sin embargo, Irlanda mide ese 80% en términos anuales y concede un periodo de hasta seis años para desarrollar los proyectos renovables asociados. Irlanda justifica ese plazo por el tiempo necesario para tramitar y construir parques de generación. El modelo combina obligaciones de firmeza, adicionalidad y localización sin exigir desde la puesta en servicio una coincidencia renovable en todas las horas.

Alemania también ha optado por una aproximación gradual. El Gobierno alemán aprobó en junio una reforma de su legislación de eficiencia energética que retrasa hasta 2030 la obligación de compensar contablemente con renovables el 100% de la electricidad consumida por los centros de datos. El cumplimiento se calcula mediante balance, no mediante una correspondencia horaria individual como la planteada en España.

El marco europeo tampoco exige actualmente esa cobertura hora a hora como condición para obtener una conexión eléctrica. Bruselas está desarrollando un sistema común de información y etiquetado y prepara unos estándares mínimos de rendimiento cuya propuesta no se publicará hasta el segundo trimestre de 2027. La Comisión Europea apuesta por medir consumo, agua, emisiones, renovables y capacidad de flexibilidad, pero todavía no ha impuesto a todos los Estados un modelo equivalente al español.

La referencia de las reglas para producir hidrógeno

El Gobierno ha tomado como referencia las reglas europeas para producir hidrógeno renovable, que sí incorporan criterios de adicionalidad y correlación temporal. La analogía presenta, no obstante, una diferencia sustancial. Un electrolizador puede modular o detener su consumo cuando escasea la electricidad renovable, siempre que su modelo económico y los contratos lo permitan. Un centro de datos que presta servicios digitales críticos tiene mucha menos capacidad para interrumpirse o desplazar el procesamiento sin afectar a sus clientes.

El propio borrador reconoce que la obligación perdería sentido cuando la generación renovable supere el 90% del sistema. Mientras no se alcance ese umbral, el 80% horario actuaría como condición de acceso y permanencia en la red. El incumplimiento podría provocar recargos en peajes y cargos y, si fuese grave y reiterado, la pérdida de los permisos eléctricos.

Inversores se plantean trasladar sus proyectos

La patronal SpainDC cifra en 9.000 millones de euros las inversiones que podrían quedar comprometidas y asegura que tres operadores se plantean trasladar sus proyectos. Su previsión global asciende a unos 67.000 millones hasta 2030. Son estimaciones del propio sector y deben interpretarse como tales, pero la movilidad internacional del capital es una realidad: la ubicación de un centro se decide antes de adquirir el suelo, construir la conexión eléctrica y encargar los equipos, y puede cambiar si otro país ofrece plazos y condiciones más previsibles.

El traslado no reduciría necesariamente el consumo energético asociado a la inteligencia artificial, la nube o los servicios digitales. Los usuarios españoles seguirían utilizando esas aplicaciones, pero el procesamiento se realizaría en instalaciones situadas fuera del país. La electricidad se consumiría en otro sistema, mientras España perdería la inversión, la demanda que podría respaldar nuevos parques renovables y una parte de la infraestructura física sobre la que descansa la soberanía digital.

Tampoco puede aceptarse cualquier solicitud de conexión. El Ministerio calcula que ya se han concedido más de 12 GW entre las redes de transporte y distribución, frente a una demanda efectiva prevista de entre 3,5 y 4 GW en 2030. La diferencia aconseja depurar reservas especulativas y priorizar proyectos maduros, con financiación, clientes, suelo, generación asociada y un calendario creíble. Pero seleccionar los proyectos más sólidos no exige necesariamente imponerles desde el primer día una condición horaria más dura que la de los países con los que España compite.

La redacción definitiva deberá encontrar un punto intermedio entre socializar los costes energéticos de una industria privada y obligar a cada inversor a construir una solución desproporcionada. Entre las alternativas figuran una implantación gradual, balances mensuales o anuales durante los primeros años, bloques horarios, reconocimiento claro del almacenamiento, incentivos por flexibilidad y requisitos progresivos según la congestión de cada nudo.

El decreto puede convertir la abundancia renovable española en una ventaja para atraer infraestructura digital o transformar esa misma ventaja en una barrera regulatoria. La diferencia dependerá de si el Gobierno utiliza la correlación horaria como una meta progresiva o como una prueba de acceso inmediata. Si mantiene la segunda opción, España corre el riesgo de aprobar una de las regulaciones más exigentes de Europa para descubrir después que los centros de datos, su consumo y sus inversiones no han desaparecido: simplemente se han instalado al otro lado de la frontera.