El Gobierno acelera el decreto de centros de datos para aprobarlo antes de las elecciones
El Gobierno mantiene su intención de aprobar antes de las elecciones generales del 29 de noviembre el real decreto que establecerá los requisitos energéticos, medioambientales, hídricos, de resiliencia y de soberanía digital aplicables a los nuevos centros de datos. La convocatoria electoral ha acelerado una tramitación que ya se había declarado urgente y que el Ejecutivo pretende concluir en un Consejo de Ministros de finales de octubre o comienzos de noviembre.
A diferencia de los proyectos y proposiciones de ley que caducan con la disolución de las Cortes, la regulación de los centros de datos no necesita pasar por el Congreso ni por el Senado. Se trata de un real decreto dictado en desarrollo de la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 7/2026, de respuesta a la crisis de Oriente Medio. Por tanto, puede ser aprobado directamente por el Consejo de Ministros una vez completados los informes y trámites administrativos preceptivos.
La disolución parlamentaria tampoco convierte inmediatamente al Ejecutivo en un Gobierno en funciones. El artículo 101 de la Constitución establece que el Gobierno cesa después de la celebración de las elecciones generales, no cuando se disuelven las Cámaras. Hasta el 29 de noviembre puede, en consecuencia, ejercer plenamente su potestad reglamentaria. Después de los comicios continuaría en funciones y la aprobación de una norma de esta trascendencia estaría sometida a mayores restricciones y a la necesidad de justificar su urgencia o su interés general.
El principal avance administrativo se habría producido la pasada semana, cuando el pleno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia aprobó su informe sobre el proyecto, según la información publicada este lunes por El País. El dictamen todavía no se ha hecho público, pero advertiría de posibles interferencias con las competencias de la CNMC en materia de acceso y conexión a las redes eléctricas y de la atribución al regulador de determinadas tareas de supervisión que podrían quedar fuera de sus actuales funciones.
El proyecto no se limita a establecer condiciones ambientales para construir y operar un centro de datos. Vincula el cumplimiento de esas condiciones con la concesión y el mantenimiento de los permisos de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución. De este modo, requisitos inicialmente energéticos, hídricos o de soberanía digital se transforman en condiciones para conservar el suministro eléctrico del que depende la viabilidad de la infraestructura.
Consejo de Estado
Una vez incorporado el informe de la CNMC, el proyecto será enviado al Consejo de Estado. Su consulta es preceptiva al tratarse de un reglamento dictado en ejecución de una norma con rango de ley, aunque las conclusiones del órgano consultivo no resulten vinculantes para el Gobierno. La tramitación urgente permite reducir los plazos, pero no prescindir de los informes obligatorios. Tras el dictamen, el texto deberá pasar por la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios antes de elevarse al Consejo de Ministros.
El proyecto que salió a audiencia pública a finales de agosto, cuyo contenido ya analizó El Periódico de la Ingeniería, obliga a los centros de datos con una potencia de acceso igual o superior a un megavatio a respaldar con nueva generación renovable al menos el 80% de la electricidad consumida en cada hora de funcionamiento. No bastaría, por tanto, con adquirir al final del año una cantidad de energía renovable equivalente al consumo acumulado ni con comprar garantías de origen.
La generación asociada tendría que proceder de instalaciones de autoconsumo construidas específicamente para abastecer el centro o de contratos de compraventa de electricidad a largo plazo —PPA— vinculados a plantas renovables situadas en España. Estas instalaciones no podrían haber entrado en servicio más de 18 meses antes que el centro de datos. Los PPA deberían tener una duración mínima de diez años, identificar las instalaciones de generación, vincularlas expresamente con el proyecto consumidor y formalizarse en escritura pública.
La correlación horaria constituye el requisito más difícil de cumplir desde un punto de vista técnico. Los centros de datos presentan un perfil de demanda prácticamente constante durante las 24 horas, mientras que la producción fotovoltaica desaparece por la noche y la eólica es variable. Alcanzar una cobertura renovable del 80% en cada hora exigiría combinar tecnologías con perfiles complementarios, sobredimensionar la generación contratada, incorporar almacenamiento y mantener una importante capacidad de respaldo de la red.
Pérdida de permisos de acceso y conexión
La exigencia no equivale a disponer de un suministro aislado o completamente renovable. El centro seguiría conectado al sistema eléctrico y podría consumir energía de la red cuando su generación asociada no alcanzase el objetivo. Sin embargo, esos incumplimientos activarían recargos sobre los peajes y cargos eléctricos que aumentarían con su intensidad y reiteración. En los casos más graves y prolongados, el borrador permite llegar a la pérdida de los permisos de acceso y conexión.
Las alegaciones recibidas —más de 600, según fuentes conocedoras del expediente— se han concentrado precisamente en la adicionalidad de la generación y en la correlación horaria. Los promotores han propuesto sustituir el balance hora a hora por periodos mensuales o anuales, establecer bloques horarios diferenciados o reducir el porcentaje inicial. También han solicitado ampliar de 18 a 36 meses la ventana para considerar nueva una planta renovable y permitir que las repotenciaciones y las hibridaciones computen como capacidad adicional.
Otro punto pendiente de aclaración es el tratamiento del almacenamiento. Para el sector, la energía renovable almacenada debería contabilizarse como renovable en la hora en que se descarga y abastece al centro de datos. La redacción inicial no resolvía con suficiente precisión cómo acreditar ese origen ni cómo evitar dobles contabilizaciones. Tampoco contemplaba de forma clara las horas en las que existen excedentes o vertidos renovables que el sistema no puede absorber por limitaciones técnicas de la red.
Fuentes empresariales y próximas a los reguladores esperan que el Gobierno suavice estas condiciones en la versión definitiva, sin abandonar el principio de que la nueva demanda debe venir acompañada por generación renovable adicional. Hasta que se conozca el texto enviado al Consejo de Estado, no puede determinarse si la modificación afectará al porcentaje del 80%, a la obligación de cumplirlo en cada hora, a los plazos de adicionalidad o únicamente al régimen transitorio.
Límites de eficiencia
El decreto incorpora también límites especialmente exigentes de eficiencia. Hasta que comience a aplicarse el futuro sistema europeo de etiquetado, previsto para agosto de 2027, los nuevos centros tendrían que alcanzar un PUE máximo de 1,15 y un WUE de 0,1. El PUE relaciona la energía total consumida con la utilizada directamente por los equipos informáticos, mientras que el WUE mide el agua empleada en función de la energía consumida por esos equipos.
La combinación de ambos indicadores plantea un problema de diseño. Algunas soluciones de refrigeración evaporativa reducen el consumo eléctrico y mejoran el PUE, pero utilizan más agua y empeoran el WUE. Los sistemas secos disminuyen el consumo hídrico, aunque pueden incrementar la electricidad destinada a refrigeración, especialmente durante los episodios de altas temperaturas. El aumento de densidad térmica asociado a los procesadores de inteligencia artificial añade presión para incorporar refrigeración líquida directa al chip y circuitos cerrados de mayor complejidad.
En materia de soberanía digital, el operador deberá estar establecido en la Unión Europea, mantener en territorio comunitario los datos, metadatos y registros relacionados con la operación del centro y controlar los accesos realizados desde terceros países. Antes de la puesta en servicio tendrá que presentar una declaración responsable cuyo cumplimiento será supervisado por el Ministerio para la Transformación Digital y podrá condicionar la conservación de los permisos eléctricos. El proyecto publicado por el Ministerio aplica las obligaciones principales a instalaciones de más de un megavatio y mantiene un umbral de 500 kilovatios de potencia informática para determinadas obligaciones europeas de información.
Norma con efectos retroactivos
La norma alcanza además a proyectos que ya disponen de permisos o se encuentran en tramitación. El borrador concede seis meses para adaptarse a los centros con acceso concedido y reduce el plazo a tres meses para determinadas instalaciones vinculadas a concursos de capacidad. Esta aplicación a proyectos avanzados ha multiplicado la incertidumbre sobre inversiones, contratos de suministro, financiación y cronogramas de construcción cerrados antes de conocerse las nuevas condiciones.
La patronal Spain DC ha advertido de que tres de sus asociados se plantean retirar inversiones por unos 9.000 millones de euros si se mantiene la redacción original. La organización cifra en alrededor de 67.000 millones la inversión potencial del sector en España hasta 2030 y sostiene que la acumulación de requisitos equivale a una prohibición práctica para muchos proyectos. Aragón, Madrid, Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha también han formulado objeciones, mientras Iberdrola ha reclamado una regulación que garantice la sostenibilidad sin “demonizar” unas infraestructuras que pueden atraer inversión industrial.
El Gobierno defiende que las solicitudes de acceso concedidas o en tramitación superan ampliamente la demanda real prevista. Desde 2021 se han otorgado más de 12 GW de capacidad —unos 6 GW en transporte y otros 6 GW en distribución—, frente a una estimación oficial de entre 3,5 y 4 GW de demanda eléctrica para los centros de datos en 2030. Para el Ejecutivo, esa diferencia obliga a distinguir los proyectos viables de las reservas especulativas y a evitar que una sola actividad absorba una parte excesiva de la capacidad de red planificada para la electrificación de la industria, el transporte y los edificios.
La aprobación en octubre figura además entre los objetivos del Plan IA360 presentado en septiembre. Según fuentes citadas por El País, la norma podría haberse incorporado también a los compromisos ofrecidos a la Comisión Europea para obtener el séptimo y último desembolso de los fondos de recuperación, aunque este extremo no ha sido confirmado oficialmente. De ser así, el margen para retrasar el decreto o trasladar su aprobación al próximo Gobierno sería todavía menor.
El Ejecutivo dispone legalmente de tiempo para aprobarlo antes de las elecciones. La cuestión decisiva ya no es si la disolución de las Cortes impide culminar la regulación, sino cuánto está dispuesto a modificar un texto que enfrenta dos objetivos difíciles de conciliar: impedir que el crecimiento de la inteligencia artificial traslade a la red y al resto de consumidores sus costes energéticos, y conservar la ventaja competitiva que ha convertido a España en uno de los principales destinos europeos para la construcción de centros de datos.
