El Estado permite el colapso del Tajo-Segura pese a que el propio Miteco lo considera imprescindible hasta 2050

Tres cierres largos en seis años, una insuficiente partida de mantenimiento de unos 3 millones para 2028-2030 y la advertencia de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, un organismo público dependiente del Miteco, de que el trasvase es necesario como mínimo hasta 2050, son la evidencia de que no basta con reparar las rotura detectadas en Liétor y Riansares, sino que hace falta un gran proyecto de renovación del acueducto.

La crisis abierta por las dos roturas recientes del acueducto Tajo-Segura obliga a mirar el debate con menos consignas y más ingeniería. Hasta ahora, la discusión pública se había concentrado casi siempre en las reglas de explotación, los caudales ecológicos, el nivel de Entrepeñas-Buendía y el reparto político entre cuencas. Pero desde mediados de septiembre de 2026 se consolida un escenario más perverso, aunque el agua sea autorizable, aunque exista demanda y aunque haya reservas suficientes en cabecera, el sistema se ha quedado sin capacidad de conducirla. Y lo verdaderamente perverso, el propio Estado, a través de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, reconoce que no puede prescindir del trasvase hasta 2050, mientras planifica el mantenimiento del acueducto con partidas que no alcanzan ni para conservarlo en precario.

Cronología esencial

Fecha	Hecho	Relevancia
7 agosto	Autorización de 60 hm3 para agosto y 27 hm3 para septiembre	El volumen de septiembre queda expuesto a la indisponibilidad del canal.
14 a 15 septiembre	Cierre y vaciado tras la rotura de Liétor	La autorización deja de equivaler a suministro efectivo.
16 septiembre	Estimación de al menos cinco meses de obras	La incidencia pasa de avería puntual a riesgo operativo prolongado.
18 septiembre	Valencia pide ampliar el plazo para ejecutar los volúmenes no enviados	Aparece el conflicto jurídico sobre reserva y reprogramación.
29 septiembre	Segunda rotura en Riánsares Almonacid de Zorita	El problema deja de ser localizado y apunta a vulnerabilidad estructural.
30 septiembre	SCRATS cifra el impacto potencial en unos 90 hm3	Se cuantifica el riesgo para regadío y abastecimiento.
1 octubre	CHS publica balance con 278,396 hm3 de origen Tajo-Segura almacenados	El trasvase aparece como colchón regulador real del sistema Segura.
4 octubre	Taibilla afirma que no contempla prescindir del trasvase hasta 2050	El abastecimiento urbano confirma la complementariedad con desalación.

De avería puntual a riesgo de sistema

La primera alarma llegó con la rotura detectada en Liétor, Albacete, en el tramo previo a la central hidroeléctrica de Fontanar I. La Confederación Hidrográfica del Tajo cerró y vació el canal para inspeccionarlo, tras constatar graves daños por colapso en la solera y los taludes, además de alteraciones importantes en el terreno de apoyo. La incidencia se produjo después de que la Comisión Central de Explotación autorizara 27 hm3 para septiembre, un volumen que pasó de ser una decisión administrativa a convertirse en una pregunta operativa: qué ocurre con el agua autorizada cuando el Estado no puede transportarla.

Pocos días después, la avería dejó de parecer un incidente localizado. La CHT confirmó otra afección en el tramo de Riánsares, en Almonacid de Zorita, Guadalajara. Con el canal vacío, los técnicos comprobaron paños de hormigón destruidos, hundimientos y oquedades. La Confederación atribuyó el deterioro acelerado a los episodios de lluvias torrenciales de los dos últimos años hidrológicos y decidió mantener cortado el paso del agua para evitar el colapso del canal. El plazo inicial de reparación se situó entre cuatro y cinco meses, con una inversión aproximada de 1,2 millones de euros y trabajos de demolición, saneo, reconstrucción, drenaje e impermeabilización.

Ese es el punto de inflexión. Dos roturas en dos tramos distintos, en una infraestructura que funciona desde 1979 y supera los 292 kilómetros, ya no pueden tratarse solo como una reparación puntual. Pueden ser, más bien, el síntoma de una infraestructura estratégica envejecida que ha entrado en una fase de vulnerabilidad sistemática. Si el acueducto colapsa cada pocos meses, el debate deja de ser trasvase sí o no y pasa a ser renovación o deterioro irreversible.

El agua autorizada que nunca llega

La posición del SCRATS ha sido acelerar las obras y garantizar que el agua pendiente se envíe íntegramente cuando la infraestructura vuelva a estar disponible. Su presidente, Lucas Jiménez, ha cifrado el impacto potencial de una paralización de varios meses en unos 90 hm3, de los cuales unos 65 hm3 corresponderían a regadío y el resto a abastecimiento urbano. El SCRATS no solo reclama rapidez, sino una interpretación jurídica: los caudales autorizados no pueden evaporarse por una avería de la infraestructura estatal. Alguien lo hace mal en otro sitio, pero pagan valencianos y murcianos.

La petición no es menor. En el régimen ordinario, el año hidrológico impone cortes temporales y reglas de cálculo. Pero aquí no estamos ante una renuncia de los usuarios ni ante una falta de necesidad, sino ante una imposibilidad física sobrevenida. La cuestión jurídica central es si el agua autorizada pero no conducida por falta de mantenimiento de la infraestructura debe reservarse y reprogramarse.

Valencia lo ha planteado expresamente. El Consell pidió al Gobierno ampliar el periodo para ejecutar los trasvases afectados por la rotura, especialmente los 27 hm3 de septiembre, de modo que el cierre del canal no opere como un recorte encubierto. Riegos de Levante sostuvo una posición similar, pidió que el agua que no pudiera circular antes del cierre del año hidrológico pudiera enviarse posteriormente.

Tres cierres en seis años no son mala suerte

La cronología de este septiembre no empieza en septiembre. Entre el 1 de septiembre de 2020 y el 20 de marzo de 2021, las filtraciones en el dique principal de La Bujeda obligaron a mantener cerrado el trasvase unos seis meses. En agosto de 2025, una rotura grave en Liétor obligó a vaciar el acueducto, que no volvió a funcionar hasta el 1 de octubre. Trece meses después, el canal se rompe otra vez en el entorno de Liétor y, al mismo tiempo, en Riansares. Son tres cierres largos en seis años, dos de ellos en el mismo tramo en poco más de un año.

En ingeniería de conservación, que un tramo reparado vuelva a fallar al año siguiente tiene una lectura conocida: la reparación atendió el síntoma y no la causa. Si el terreno de apoyo pierde capacidad portante, si el drenaje bajo la solera no evacúa o si el agua circula por detrás del revestimiento, reponer paños de hormigón devuelve el servicio, pero no la fiabilidad.

La explicación oficial, un deterioro acelerado por las lluvias torrenciales de los dos últimos años hidrológicos, describe el desencadenante, pero no explica la vulnerabilidad. Un canal de 292 kilómetros en el sureste peninsular tiene que convivir con episodios convectivos intensos. Si dos años de lluvias fuertes bastan para desarmar la solera en dos puntos separados por cientos de kilómetros, lo que ha fallado es la capacidad de la obra para resistir las condiciones de su emplazamiento: drenaje, protección de taludes, juntas y terreno. Eso es precisamente lo que cubre, o deja de cubrir, el mantenimiento. Atribuirlo al clima convierte una responsabilidad de gestión en un fenómeno natural. Y si el clima del sureste va a traer más episodios de este tipo, la conclusión lógica es invertir más en adaptar la obra, no menos.

Las cuentas del mantenimiento

Hay un documento oficial que permite medir la atención que el Estado presta al acueducto. El 23 de junio de 2026, tres meses antes de las roturas, el Consejo de Ministros autorizó modificar los límites de gasto plurianual de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) para un paquete de actuaciones entre 2027 y 2030. La única partida específica del acueducto, «Servicios de mantenimiento y reparación de averías del acueducto Tajo-Segura», prevé 0 euros en 2027, 1,09 millones en 2028, 1,49 millones en 2029 y 0,40 millones en 2030. En total, unos 2,99 millones de euros.

Repartido entre los 292 kilómetros, sale a unos 3.400 euros por kilómetro y año en el periodo 2028-2030, para una obra con 47 años de servicio, túneles, sifones, acueductos y largos tramos de canal revestido a cielo abierto. Solo la reparación de urgencia de Liétor y Riánsares se ha estimado en 1,2 millones, el equivalente a una anualidad entera de ese contrato. En el mismo acuerdo, los canales de las zonas regables de la propia cuenca del Tajo suman unos 9,5 millones. Y para 2027, el año en que el acueducto estará en obras, la partida de mantenimiento es cero.

Esa partida no es todo el gasto. La CHT tiene un presupuesto ordinario de explotación, las obras de emergencia se tramitan por otra vía y puede haber inversiones que no figuren en ese acuerdo. Pero es el instrumento de planificación plurianual más reciente aprobado para el acueducto, y lo que planifica es mantenimiento correctivo de baja intensidad, es decir, reparar averías. No aparece en él la sustitución de revestimientos, la reconstrucción de drenajes ni el refuerzo de taludes a escala de sistema. La conclusión es clara: el Estado gestiona el Tajo-Segura como una obra que se arregla cuando se rompe, no como un activo estratégico que se renueva antes de que se rompa.

El Estado contradice al Estado

Aquí es donde las declaraciones de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT) adquieren todo su peso. La MCT no es una asociación de regantes ni un gobierno autonómico. Es un organismo autónomo adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), el mismo ministerio del que dependen la CHT, la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) y la política del trasvase. Cuando su presidente, Juan Cascales, afirma que la planificación de la Mancomunidad hasta 2050 no contempla prescindir del Tajo-Segura, no habla una parte interesada. Habla la Administración General del Estado sobre el abastecimiento de 2,5 millones de habitantes permanentes, más de 3,5 millones en verano, en más de 80 municipios.

Los datos de la propia MCT lo sostienen. Hasta agosto del año hidrológico 2025-2026, el organismo había empleado 209,72 hm3: 83,16 hm3 del trasvase, el 39,65 %; 51,19 hm3 del río Taibilla, el 24,41 %; 49,53 hm3 de desalación propia, el 23,62 %; 25,38 hm3 de desalación de Acuamed, el 12,10 %; y 0,46 hm3 de otras aguas. Toda la desalación junta, el 35,72 %, sigue por debajo del trasvase, que continúa siendo la primera fuente individual del abastecimiento urbano del sureste.

De ahí se desprende una conclusión que no es ideológica, sino aritmética: plantear siquiera la renuncia al trasvase es una irresponsabilidad. Sustituir del orden de 90 hm3 anuales de abastecimiento urbano exigiría nueva capacidad de desalación, nuevas conducciones e impulsiones para llevar el agua desde la costa hasta los depósitos de la red en alta, un consumo eléctrico adicional del orden de 3 a 4 kWh por metro cúbico en las plantas de ósmosis inversa, sin contar los bombeos, y años de tramitación y obra. Nada de eso existe hoy ni está proyectado ni financiado a esa escala. Y eso es solo el abastecimiento: el regadío, que según el SCRATS representa unos 65 de los 90 hm3 en juego, no puede pagar agua desalada a precio de abastecimiento urbano sin cambiar de modelo productivo.

La propia MCT no niega que la desalación deba crecer; al contrario, anticipa que tendrá que hacerlo porque ni el Taibilla ni el trasvase previsiblemente aumentarán. Pero una cosa es ampliar la desalación como complemento y otra presentarla como sustituto de una fuente que aporta cerca del 40 % del agua en alta. La sustituibilidad real se mide en capacidad instalada, energía, coste, redes, almacenamiento, estacionalidad y resiliencia. El Ministerio puede querer, con argumentos legítimos, reducir a largo plazo la dependencia del Tajo. Pero su propio organismo de abastecimiento le está diciendo que ese horizonte no es 2030 ni 2040. Reducir el trasvase antes de tener construida, conectada y pagada la alternativa no es transición hídrica: es trasladar el riesgo a 2,5 millones de personas.

Desmantelar por omisión

El riesgo más serio, sin embargo, no es que alguien decida cerrar el trasvase. Esa decisión exigiría modificar leyes, motivar, debatir en las Cortes y asumir sus consecuencias ante los ciudadanos. El riesgo es que no haga falta decidirlo, que el acueducto se vaya quedando obsoleto por falta de mantenimiento y que cada cierre, cada mes de obra y cada volumen caducado reduzcan el trasvase en la práctica sin que nadie lo haya acordado.

Los mecanismos ya están a la vista. Con las reglas vigentes, que solo permiten enviar el agua autorizada en los tres meses siguientes al final de su periodo de autorización, lo aprobado para agosto caducaría el 30 de noviembre y lo de septiembre el 31 de diciembre, ambas fechas anteriores a la reapertura prevista para 2027. Si no se corrige, la avería se convierte en recorte, sin una resolución que lo motive, sin debate y sin nadie que responda por ello. Pero causando un grave perjuicio a las cuencas receptoras, que no lo so por capricho, sino porque sufren sequía estructural.

Por eso la gestión actual es inaceptable al margen de la posición de cada cual sobre el trasvase. Quien defiende reducirlo debería exigir que se haga mediante reglas transparentes, evaluables y recurribles, no por el desgaste del hormigón y la falta de mantenimiento. Quien defiende mantenerlo debe saber que, sin infraestructura, el derecho al agua se queda en el papel. Dejar que el deterioro decida es la forma menos democrática de hacer política hidráulica, y también la más cara: una rotura larga en plena sequía, con los embalses del Segura bajos, costaría mucho más que cualquier programa de renovación.

Una gestión de avería, no de sistema

El Ministerio y la CHT han comunicado el cierre, la inspección, los daños, el riesgo de colapso y el inicio de las reparaciones. No han ofrecido, en cambio, un informe sobre la causa de que Liétor haya vuelto a fallar un año después de repararse, ni un calendario de inspección del resto del canal, ni una garantía sobre la reprogramación de los volúmenes pendientes. La cautela es comprensible mientras los técnicos evalúan daños y plazos. Lo que no es comprensible es que, tras tres cierres largos en seis años, la respuesta siga siendo la misma: reparar el tramo roto, atribuirlo a la lluvia y esperar a la siguiente avería.

El Ministerio encuadra la crisis como una emergencia de obra pública y de seguridad, no como un problema de continuidad de derechos, de abastecimiento y de confianza regulatoria en la cuenca receptora. Ese encuadre quizás no implique mala fe, pero sí pone el foco donde hay menos conflicto político inmediato. Hay además una cuestión de diseño institucional que conviene plantear sin acritud: el acueducto lo explota la Confederación de la cuenca cedente, con sus propias prioridades y su propia presión territorial, mientras las consecuencias de su indisponibilidad recaen sobre otra cuenca y sobre un organismo de abastecimiento del mismo ministerio. Una infraestructura de este calibre necesita un responsable con un mandato explícito de garantizar su disponibilidad.

La lectura de Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha ha leído la crisis en otra clave. La consejera Mercedes Gómez afirmó que el Ministerio le había trasladado un plazo mínimo de cinco meses, sostuvo que la infraestructura está totalmente agotada y defendió que el Gobierno aproveche ese tiempo para cambiar las reglas de explotación del trasvase.

La cuenca cedente tiene preocupaciones legítimas que merecen debate en su sede: los caudales ecológicos del Tajo, las sentencias del Tribunal Supremo, el nivel de Entrepeñas y Buendía y los intereses de los municipios ribereños. Pero pasar de «la infraestructura está agotada» a «hay que trasvasar menos» no es un salto lógico. Si una obra estratégica está agotada, la consecuencia técnica es renovarla. Nadie concluye que una autovía sobra porque su firme esté deteriorado; se audita, se invierte y se rehabilita.

Renovar el acueducto no prejuzga los volúmenes. Las reglas de explotación las fijan la ley y la planificación hidrológica, y seguirán discutiéndose. Lo único que garantiza un acueducto en buen estado es que lo que se decida pueda ejecutarse. Usar una avería física como argumento a favor de reducir el trasvase mezcla dos planos distintos, el estado de una obra y la función que cumple, y la propia avería demuestra lo contrario: si cerrar un canal obliga a discutir 90 hm3, tensiona el regadío y moviliza al abastecimiento urbano de 2,5 millones de personas, esa infraestructura no es marginal. Es crítica.

El colchón del Segura no elimina la dependencia

Los datos de la CHS refuerzan esta lectura. A 29 de septiembre de 2026, la cuenca cerró el año hidrológico con 567,119 hm3 almacenados, el 50 % de su capacidad, frente a 188,576 hm3 un año antes. En los principales embalses había 527,294 hm3, de los cuales 278,396 hm3 procedían del trasvase y 248,898 hm3 de recursos propios. Incluso en un año favorable, más de la mitad del agua almacenada en los principales embalses del sistema tenía origen Tajo-Segura.

Ese colchón evita el pánico inmediato, pero no elimina el riesgo: permite ganar meses, no años. Y obliga a una lectura honesta: el sistema receptor ha llegado mejor preparado a la avería precisamente porque venía de un año con volúmenes relevantes autorizados desde la cabecera del Tajo. La CHS habla de 522 hm3 autorizados en el año hidrológico, cifra que no equivale automáticamente a volumen conducido, pero que muestra la escala de la dependencia y el papel regulador del trasvase. La próxima avería larga no tiene por qué coincidir con embalses llenos.

Un gran proyecto de renovación del acueducto

Las reparaciones por tramos ya no bastan. Lo que procede es un proyecto de Estado, con nombre, presupuesto y calendario, para renovar el acueducto Tajo-Segura y garantizar su servicio durante los próximos cincuenta años. España ha sabido ejecutar programas de esa ambición en desalación y en modernización de regadíos; no hay razón técnica para que no pueda hacerlo con la principal conducción de agua del sureste. Ese proyecto debería incluir, al menos, estos componentes:

Inspección completa aprovechando el cierre. Con el canal vacío hasta 2027 existe una oportunidad que no se repetirá a menudo: inspeccionar de forma sistemática los 292 kilómetros, incluidos solera, cajeros, juntas, túneles, sifones y acueductos, con georradar, topografía de precisión y auscultación geotécnica, y publicar un informe del estado de la obra con una clasificación de riesgo por tramos.

Informe causal independiente. Un análisis público de por qué fallaron Liétor y Riánsares, y por qué Liétor ha vuelto a fallar un año después de repararse, que distinga entre lluvia, envejecimiento de materiales, drenaje, geotecnia, diseño original y calidad de las reparaciones anteriores.

Renovación integral programada. Sustitución de revestimientos en los tramos críticos, nuevo drenaje bajo solera y trasdós, impermeabilización, estabilización de taludes y revisión del drenaje transversal y de las obras de paso para adaptarlas a precipitaciones más intensas que las de proyecto.

Redundancia en los puntos críticos. Una conducción única de la que depende cerca del 40 % del abastecimiento de 2,5 millones de personas es un punto único de fallo. Hay que estudiar desdoblamientos o variantes en los tramos de mayor riesgo y planificar las ventanas de mantenimiento fuera de los meses de mayor demanda.

Auscultación permanente. Piezómetros, extensómetros, fibra óptica distribuida para detectar filtraciones y medición de caudales por tramos para localizar pérdidas, integrados en un modelo digital del acueducto que permita pasar del mantenimiento correctivo al predictivo.

Financiación plurianual y transparente. Una dotación estable y finalista, no partidas de emergencia. El régimen económico de la Ley 52/1980 ya incorpora en la tarifa componentes por el coste de las obras y por los gastos de funcionamiento; los usuarios tienen derecho a saber cuánto se recauda por esos conceptos y cuánto vuelve efectivamente a la conservación del acueducto.

Seguridad jurídica para el agua no conducida. Una regla que suspenda el cómputo de los plazos de caducidad mientras la infraestructura esté indisponible por causas ajenas a los usuarios, para que una avería no opere como un recorte encubierto.

Un responsable y unos indicadores. Un gestor del plan con mandato claro, indicadores públicos anuales (días de disponibilidad, incidencias, inversión ejecutada por kilómetro) y una comisión de seguimiento con la MCT, la CHS, la CHT, el SCRATS, las comunidades autónomas y los municipios abastecidos.

El coste de ese proyecto debe salir de la auditoría, no de una cifra lanzada al aire. Pero, sea cual sea, conviene compararlo con su supuesta alternativa real: construir desde cero la capacidad de desalación, las impulsiones, las redes y la energía necesarias para sustituir lo que hoy llega por una obra que ya existe. Renovar el acueducto es, con diferencia, la opción más barata para garantizar el agua del sureste, también para quienes aspiran a que algún día dependa menos del Tajo.

El eslabón débil de la política hídrica del sureste

El debate sobre las reglas de explotación, los caudales ecológicos, la desalación, el precio del agua y la sostenibilidad del regadío seguirá abierto, y debe seguirlo. Pero ninguno de esos debates puede ocultar el hecho principal: el acueducto se ha convertido en el eslabón físico débil de toda la política hídrica del sureste. Si se deja que el deterioro de la infraestructura decida por la puerta de atrás lo que no se decide con transparencia normativa, España no estará haciendo transición hídrica. Estará haciendo trampa.

La advertencia del Taibilla es el diagnóstico de un organismo del propio Ministerio. El sureste puede y debe diversificar sus fuentes, pero no puede prescindir del Tajo-Segura mientras no exista una alternativa real, financiada, construida, conectada y asumible, y su propio gestor de abastecimiento sitúa ese momento más allá de 2050. Si el Estado no puede prescindir del trasvase, no puede permitirse que siga colapsando. Y si no puede permitírselo, tiene que pagarlo. Un gran proyecto de renovación del acueducto no es una concesión a una cuenca: es la condición para que cualquier política del agua en el sureste, incluida la transición, sea posible.