La red española de hidrógeno entra en tramitación sin tener asegurado el gas que transportará
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha sometido a información pública y evaluación ambiental los cuatro primeros tramos de la red española de hidrógeno promovidos por Enagás. Suman unos 234 kilómetros y 389 millones de euros, y llegan al terreno antes de que estén asegurados el hidrógeno que transportarán, los contratos de quienes lo consumirán y el régimen económico que debe sostenerlos.
La tramitación, conocida entre el 28 y el 30 de septiembre, marca el paso de los mapas estratégicos a los trazados, las servidumbres, los materiales y los presupuestos. Ninguno de los tramos cuenta todavía con autorización de construcción.
El paquete reúne cuatro segmentos en tres territorios:
| Tramo | Longitud | Presupuesto | Coste por km (cálculo propio) |
| Huelva–Aznalcázar | 59 km | 95,7 M€ | 1,6 M€ |
| Caspe–Tivissa | 75 km | 98,6 M€ | 1,3 M€ |
| Tivissa–polígono industrial de Tarragona | 62 km | 126,5 M€ | 2,0 M€ |
| Muskiz–Arrigorriaga, con ramal al Puerto de Bilbao | 38 km | 68,0 M€ | 1,8 M€ |
| Total | 234 km | 388,8 M€ | 1,7 M€ |
El tramo que llega al polígono químico de Tarragona es el más caro por kilómetro: unos 2 millones de euros, frente a 1,3 millones en Caspe–Tivissa. La documentación disponible no desglosa la diferencia.
Tres electrolizadores detrás de los tubos
Los cuatro segmentos están asociados a tres proyectos de electrólisis que suman 900 megavatios (MW): Onuba, Catalina y el de Petronor, cuya refinería se encuentra en Muskiz. Fueron los propios promotores quienes pidieron anticipar los ductos. La lógica es circular: un electrolizador difícilmente toma su decisión final de inversión sin una vía para evacuar el hidrógeno, y una tubería sin electrolizadores comprometidos no tiene carga que transportar.
Como orden de magnitud, y con un consumo habitual de 50 a 55 kWh por kilogramo, 900 MW a plena carga producirían entre 16.000 y 18.000 kilogramos de hidrógeno por hora. La información pública no precisa la capacidad de transporte de cada tramo ni qué parte de ella estará respaldada por contratos firmes. Ese es el dato que permitirá juzgar si el dimensionamiento responde a la demanda inicial o a una apuesta por la futura.
Acero de 30 pulgadas a 100 bar
La documentación técnica de Caspe–Tivissa (75,449 km) y Muskiz–Arrigorriaga (38,411 km) define una tubería de acero al carbono de 30 pulgadas, unos 760 milímetros de diámetro, con presión de diseño de 100 bar. La acompañan un cable de comunicaciones de 64 fibras ópticas, un sistema SCADA de supervisión, control y adquisición de datos, protección catódica frente a la corrosión y posiciones de válvulas y medida a lo largo del trazado.
Son dimensiones propias de un gasoducto de transporte. La diferencia está en el fluido: el hidrógeno puede fragilizar el acero, lo que obliga a acotar calidades y durezas del material y a vigilar la fatiga asociada a los ciclos de presión.
Sin retribución regulada
En una primera etapa, estos segmentos funcionarán con acceso negociado: los usuarios pactarán condiciones con el operador y la inversión no recibirá retribución regulada del sistema gasista. Su economía a largo plazo dependerá de cómo transponga España el paquete europeo de gases renovables e hidrógeno, que fija las reglas de acceso, separación de actividades y tarificación de estas redes.
Viñedos, olivares y almendros en la traza
El expediente tiene también una dimensión agraria. La documentación de Caspe–Tivissa enumera viñedos, olivares, almendros y frutales afectados. La servidumbre permanente ocupa una franja de cuatro metros y limita las labores de arado a más de 50 centímetros de profundidad, una restricción relevante para los desfondes previos a la replantación de cultivos leñosos.
La información pública abre ahora la fase de alegaciones de agricultores y propietarios, y las declaraciones de impacto ambiental marcarán el calendario. Pero la cuestión de fondo se resolverá fuera del expediente: en las decisiones de inversión de los electrolizadores y en los contratos de transporte que demuestren que hay hidrógeno y clientes para llenar la tubería.
