Vicepresidente Cuerpo: La independencia de los ingenieros no puede ponerse al servicio de la improvisación política

Vicepresidente Cuerpo: La independencia de los ingenieros no puede ponerse al servicio de la improvisación política

La publicación en el Boletín Oficial del Estado, el pasado 17 de noviembre, de la orden ministerial por la que se crea el Comité de Asesoramiento Técnico del Sistema Ferroviario merece una profunda reflexión. Y no solamente por su contenido, sus objetivos o los sorprendentes plazos establecidos para desarrollar sus trabajos, sino, muy especialmente, por el papel que se atribuye al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y por las dudas que esta decisión puede suscitar acerca de su independencia institucional.

El Colegio de Ingenieros de Caminos es una institución de reconocido prestigio, cuya principal fortaleza debe ser su independencia frente a los poderes públicos. Su obligación es defender la profesión, contribuir al interés general y poner el conocimiento técnico al servicio de la sociedad. Precisamente por ello, resulta difícil comprender su participación en un comité concebido por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, presidido por su propio titular y constituido a escasos días de unas elecciones generales.

La orden establece que el presidente del Colegio será vocal del Comité y que su Junta de Gobierno propondrá al menos seis de los siete a diez vocales que lo integrarán. Es decir, se atribuye al Colegio una responsabilidad determinante en la composición de un órgano que, sin embargo, estará bajo la presidencia del ministro.

¿Dónde queda la independencia institucional cuando el órgano encargado de asesorar sobre los problemas de seguridad, mantenimiento y fiabilidad del sistema ferroviario está presidido precisamente por el máximo responsable político del departamento cuya gestión también debería ser examinada?

No cuestionamos la capacidad profesional ni la honestidad de quienes puedan integrarlo. Cuestionamos el procedimiento, las garantías de independencia y la oportunidad de una decisión que puede terminar comprometiendo el prestigio de una institución cuya autoridad debe descansar exclusivamente en su rigor técnico.

Desde la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil nos hubiera gustado que se hubiera escuchado nuestra opinión antes de asumir una decisión de tanta trascendencia para la representación institucional de nuestra profesión.

Nuestra Asociación agrupa a profesionales con dilatada experiencia en la planificación, construcción, conservación, explotación y seguridad de las infraestructuras, y ha venido manifestando públicamente su preocupación por el deterioro de la conservación y el mantenimiento del sistema ferroviario.

Tras los accidentes de Adamuz y Urda, nuestra posición ha quedado expresada con claridad en diferentes medios de comunicación, reclamando transparencia, responsabilidades, refuerzo de los medios técnicos y una profunda revisión de los procedimientos de mantenimiento y seguridad.

Quizá precisamente esa independencia de criterio, ejercida públicamente y sin condicionamientos políticos, no se haya considerado conveniente a la hora de recabar nuestra opinión. No podemos afirmarlo, pero tampoco podemos dejar de plantearnos esa posibilidad.

En cualquier caso, nos hubiera parecido deseable que una cuestión de esta importancia hubiera sido objeto de una reflexión compartida entre las instituciones representativas de nuestra ingeniería, antes de comprometer el prestigio colectivo de una profesión que tiene tanto que aportar a la recuperación de la confianza en el ferrocarril español.

Y es que el Colegio no necesitaba incorporarse a un órgano ministerial para aportar sus conocimientos. Ya había constituido su propio comité de seguimiento del accidente de Urda y formulado propuestas técnicas de mejora del sistema ferroviario. Podía, por tanto, mantener una posición independiente, hacer públicas sus recomendaciones y exigir su cumplimiento al Gobierno actual y al que resulte de las próximas elecciones.

La colaboración institucional es necesaria. La subordinación de la independencia técnica a los tiempos políticos, no.

Pero las dudas sobre esta iniciativa no terminan en la participación del Colegio.

La orden ministerial está fechada el 16 de noviembre, se publica el día 17 y llega cuando faltan solamente doce días para las elecciones generales del 29 de noviembre. Se produce, además, después de la gravísima crisis ferroviaria desencadenada por el accidente de Urda y de la dimisión del ministro de Transportes.

Es legítimo preguntarse por qué se considera imprescindible crear ahora este comité y por qué no se adoptaron anteriormente las medidas necesarias para afrontar los problemas de conservación, mantenimiento, fiabilidad y seguridad que desde hace años vienen denunciando distintos profesionales y organizaciones del sector.

¿Se pretende realmente iniciar una revisión profunda del sistema ferroviario o transmitir a la opinión pública, en plena campaña electoral, la impresión de que se están tomando decisiones?

No afirmamos que exista una finalidad exclusivamente electoral. Pero las fechas elegidas y las condiciones establecidas hacen inevitable esa pregunta.

Más sorprendente todavía resulta el plazo que se concede al Comité para elaborar su primer trabajo: una semana desde su constitución para presentar un Plan de Acción del Sistema Ferroviario. ¡¡Una semana.!!

¿Es posible analizar rigurosamente en siete días el estado de conservación de miles de kilómetros de vías, los sistemas de señalización y seguridad, las instalaciones eléctricas, los procedimientos de mantenimiento, los historiales de incidencias, la suficiencia de los recursos económicos y la capacidad técnica de los equipos humanos responsables de su explotación?

¿Es posible solicitar, recibir, contrastar y evaluar toda la información necesaria de Adif, Adif Alta Velocidad y los demás organismos implicados, deliberar sobre ella y aprobar recomendaciones solventes en semejante plazo?

La respuesta, desde una perspectiva profesional, resulta difícilmente discutible: no, si lo que se pretende es realizar un diagnóstico integral y técnicamente contrastado.

Otra cosa sería que se tratara de recopilar recomendaciones urgentes o de dar forma a trabajos previamente elaborados. Pero entonces habría que decirlo expresamente y no presentar el resultado como fruto de un análisis completo realizado por un comité recién constituido.

La ingeniería exige conocimiento, método, información contrastada, independencia y tiempo suficiente para evaluar alternativas. La urgencia puede y debe acelerar las decisiones necesarias para garantizar la seguridad, pero nunca justificar la pérdida del rigor técnico.

La orden contempla también la elaboración de un Libro Blanco del Sistema Ferroviario en un plazo de tres meses. Una iniciativa que, en principio, podría resultar positiva si estuviera acompañada de una metodología adecuada, garantías suficientes de independencia y la obligación de hacer públicos sus resultados.

Sin embargo, el texto no establece expresamente la publicación íntegra de las conclusiones, no garantiza el acceso completo a la información ni contempla un procedimiento obligatorio de seguimiento de las recomendaciones.

Además, los acuerdos del Comité no serán vinculantes. El Gobierno podrá asumirlos o no, y el órgano se extinguirá una vez entregados los documentos.

Resulta paradójico crear un nuevo comité para analizar problemas cuya prevención, supervisión y resolución corresponde ya a organismos con competencias legalmente establecidas.

El Ministerio dispone de estructuras responsables de la planificación y dirección de la política ferroviaria. Adif y Adif Alta Velocidad tienen obligaciones concretas de mantenimiento y gestión segura de las infraestructuras. La Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria desempeña funciones de supervisión de la seguridad. Existen, además, operadores ferroviarios y numerosos profesionales altamente cualificados que conocen de primera mano las deficiencias del sistema.

¿Qué es lo que ha fallado en estos organismos? ¿Qué decisiones se adoptaron ante las incidencias reiteradas? ¿Qué medidas correctoras se exigieron? ¿Se disponía de recursos suficientes? ¿Quién supervisó su cumplimiento?

Estas son algunas de las preguntas que necesitan respuestas antes de multiplicar los órganos consultivos.

¿Qué proponemos entonces?

Nuestra alternativa no consiste en rechazar la colaboración entre el Gobierno y los profesionales de la ingeniería, sino precisamente en dotarla del rigor y de las garantías que merece.

En primer lugar, consideramos imprescindible que el Ministerio, Adif, Adif Alta Velocidad y la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria adopten de inmediato, dentro de sus respectivas competencias, las medidas preventivas y correctoras que ya puedan justificarse con la información disponible. No es necesario esperar a la elaboración de un Libro Blanco para corregir deficiencias conocidas, revisar instalaciones críticas o reforzar las actuaciones de mantenimiento y supervisión.

En segundo lugar, proponemos realizar una auditoría técnica independiente del sistema ferroviario, con especial atención a las instalaciones de seguridad, los sistemas de señalización y comunicaciones, el estado de conservación de las infraestructuras, los programas de mantenimiento y la suficiencia y capacitación de los recursos humanos.

Esta auditoría debería examinar especialmente las incidencias reiteradas, las medidas adoptadas después de cada una de ellas, los mecanismos de comunicación a la autoridad de seguridad y la eficacia real de las actuaciones correctoras. No bastaría con comprobar que existen procedimientos: habría que verificar que se cumplen, que funcionan y que sus responsables disponen de los medios necesarios.

El equipo auditor debería estar dirigido por profesionales de acreditada experiencia, sin dependencias que pudieran comprometer su imparcialidad, y disponer de acceso efectivo a la documentación pertinente, con las debidas salvaguardas de seguridad y confidencialidad. Sus conclusiones deberían hacerse públicas, exceptuando únicamente aquella información cuya divulgación pudiera comprometer la seguridad ferroviaria u otros intereses legalmente protegidos.

No proponemos crear otra estructura burocrática, sino encargar una evaluación independiente, con un mandato concreto, un calendario realista y la obligación de presentar resultados verificables.

En tercer lugar, de esa auditoría debería derivarse un verdadero Plan Nacional de Seguridad, Conservación y Modernización Ferroviaria, con actuaciones diferenciadas a corto, medio y largo plazo.

A corto plazo, deberían identificarse y corregirse las situaciones de mayor riesgo, revisar los equipos e instalaciones críticas, analizar los fallos recurrentes y reforzar los procedimientos de respuesta ante incidencias.

A medio plazo, deberían programarse las renovaciones necesarias, recuperar la capacidad técnica de los equipos responsables del mantenimiento, mejorar los sistemas de supervisión y establecer una financiación suficiente y estable.

A largo plazo, debería garantizarse una política ferroviaria que no dependa de improvisaciones presupuestarias ni de los cambios de Gobierno, con compromisos plurianuales de inversión y conservación.

Y todo ello debería traducirse en medidas concretas, con su correspondiente valoración económica, calendario de ejecución, responsables identificados e indicadores públicos de cumplimiento.

No necesitamos otro documento destinado a ocupar una estantería. Necesitamos un programa de actuaciones, dotado presupuestariamente y sometido a un seguimiento permanente.

En cuarto lugar, entendemos que el Colegio de Ingenieros de Caminos debería desempeñar un papel esencial, pero desde su propia independencia institucional. Podría coordinar una plataforma técnica de colaboración con las asociaciones profesionales, sociedades científicas, universidades y expertos ferroviarios, elaborar propuestas independientes y ponerlas a disposición del Gobierno y de todas las fuerzas políticas.

En ese marco, nuestra Asociación estaría dispuesta a colaborar, aportando el conocimiento y la experiencia de sus profesionales, sin condicionamientos partidistas y con el único objetivo de contribuir a la mejora de la seguridad y fiabilidad del ferrocarril español.

El Colegio debería ser un referente técnico independiente al que los gobiernos acudieran para conocer su opinión, no una institución cuya autoridad pudiera confundirse con el respaldo a una iniciativa política concreta.

Finalmente, proponemos que el Gobierno que resulte de las elecciones someta el futuro programa ferroviario a un debate parlamentario, con participación de las instituciones profesionales y de los organismos responsables de su ejecución y supervisión.

La seguridad ferroviaria constituye una cuestión de Estado y debería estar respaldada por compromisos que trasciendan las legislaturas.

Estas propuestas no requieren esperar a una nueva tragedia, ni tampoco deberían quedar supeditadas al calendario electoral.

La seguridad ferroviaria no puede depender de la creación sucesiva de comités después de cada accidente. Debe descansar en una estructura permanente de prevención, conservación, supervisión y responsabilidad.

España necesita un programa ambicioso, estable y suficientemente financiado de conservación y renovación de sus infraestructuras ferroviarias; una revisión rigurosa de los sistemas críticos de seguridad; equipos técnicos competentes y experimentados; organismos supervisores dotados de verdadera capacidad de actuación y una política de mantenimiento que anteponga la seguridad a cualquier otra consideración.

Todo ello exige planificación, transparencia, continuidad institucional y voluntad política para ejecutar las decisiones.

La ingeniería española ha desempeñado un papel fundamental en la modernización del país y en la construcción de uno de los sistemas ferroviarios más avanzados del mundo. Su prestigio internacional se ha ganado mediante décadas de trabajo, conocimiento, innovación y responsabilidad.

Ese prestigio obliga también a ser exigentes con nuestras propias instituciones.

El Colegio de Ingenieros de Caminos debe colaborar con las administraciones, pero también conservar la libertad necesaria para criticar sus decisiones, denunciar sus deficiencias y exigir responsabilidades cuando la seguridad de los ciudadanos está en juego.

Desde nuestra Asociación seguiremos defendiendo esa independencia, ofreciendo nuestra colaboración técnica a todas las administraciones, con independencia de su signo político, y reclamando que las decisiones sobre las infraestructuras se fundamenten en criterios profesionales, no en necesidades de oportunidad.

Porque los accidentes no se evitan con declaraciones de intenciones, los sistemas ferroviarios no se recuperan mediante improvisaciones y la confianza de los ciudadanos no se restablece creando comités sin garantías suficientes de independencia y eficacia.

El ferrocarril español necesita menos gestos políticos y más decisiones técnicas.

Y quienes representamos a la ingeniería debemos ser los primeros en dar ejemplo.

La independencia de los ingenieros no se negocia. Su prestigio tampoco debería ponerse al servicio de las urgencias electorales de ningún Gobierno.

¡Pues eso!

José Trigueros

José Trigueros

Presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil. Ha sido Director del CEDEX (Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas) del Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana. Director General de Carreteras e Infraestructuras, Evaluación Ambiental, Urbanismo y Estrategia Territorial en la Comunidad Autónoma de Madrid, y de Calidad y Evaluación Ambiental, y de Costas en el Ministerio de Medioambiente de la AGE.

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