El Gobierno endurece las condiciones para los centros de datos que deberán cubrir con nueva renovable el 80% de su consumo hora a hora
El futuro real decreto introduce requisitos de eficiencia eléctrica e hídrica y obligará a los nuevos centros de más de 1 MW a vincular su demanda a nueva generación renovable. España acumula ya más de 12 GW de derechos de acceso y conexión para estas instalaciones, cuyo rápido crecimiento empieza a convertir la disponibilidad de potencia eléctrica en uno de los principales condicionantes para su desarrollo.
El Gobierno prepara un importante endurecimiento de las condiciones técnicas que deberán cumplir los nuevos centros de datos en España para garantizar que el rápido crecimiento de estas infraestructuras, impulsado especialmente por la inteligencia artificial y los servicios en la nube, no termine convirtiéndose en un problema para la red eléctrica ni en una fuente de consumo energético e hídrico difícilmente sostenible. El Consejo de Ministros autorizó este martes la tramitación urgente del proyecto de real decreto que regulará los requisitos de sostenibilidad energética y medioambiental, resiliencia y soberanía digital aplicables a estas instalaciones.
La medida llega en un momento en el que España se ha convertido en uno de los principales destinos europeos para la construcción de centros de datos gracias a factores como la disponibilidad de suelo, la elevada penetración renovable, las conexiones internacionales de fibra óptica y unos precios eléctricos potencialmente competitivos. Pero la dimensión de los proyectos anunciados está empezando a trasladar el principal cuello de botella desde la disponibilidad de terrenos hacia la capacidad de las redes eléctricas para suministrar de forma permanente potencias de decenas o incluso cientos de megavatios.
Desde 2021 se han concedido ya más de 12 GW de derechos de acceso y conexión destinados a centros de datos, aproximadamente seis gigavatios en la red de transporte y otros seis en las redes de distribución. La cifra permite hacerse una idea de la magnitud del fenómeno: la propia Estrategia de Inteligencia Artificial manejaba una demanda de unos 4 GW para 2030, muy inferior a la potencia que actualmente acumulan las solicitudes y permisos concedidos.
Construcción de nueva capacidad renovable
El elemento técnicamente más relevante del nuevo real decreto será la vinculación entre el consumo de los centros y la construcción de nueva capacidad renovable. El borrador establece que, para las instalaciones de más de 1 MW que todavía no estén conectadas a la red, las energías renovables deberán cubrir al menos el 80% de su consumo eléctrico en cada hora de funcionamiento. Además, cada nuevo megavatio de demanda deberá estar respaldado por un megavatio de nueva generación renovable que haya entrado en servicio durante los 18 meses anteriores al comienzo de funcionamiento del centro de datos. Esa energía podrá proceder de instalaciones construidas por el propio promotor o garantizarse mediante contratos de compraventa de electricidad a largo plazo —los conocidos PPA— con nuevos proyectos renovables.
La exigencia horaria supone una diferencia sustancial respecto a las fórmulas habituales de acreditación de consumo renovable. No será suficiente con comprar a lo largo del año una cantidad de electricidad renovable equivalente a la energía consumida por el centro de datos. La producción renovable deberá acompañar temporalmente a la demanda de la instalación, que en este tipo de infraestructuras suele mantenerse prácticamente constante durante las 24 horas del día.
Ese requisito introduce un desafío de ingeniería considerable. Una instalación fotovoltaica puede cubrir con facilidad una parte importante de la demanda durante las horas centrales del día, pero deja de producir durante la noche. La eólica presenta un perfil diferente, pero igualmente variable. Para aproximarse a un suministro renovable hora a hora será necesario combinar distintas tecnologías, recurrir a almacenamiento, diseñar adecuadamente los contratos de suministro o mantener el apoyo de la red durante los periodos en los que la generación renovable asociada resulte insuficiente.
Electrointensivo durante todas las horas del año
La medida busca evitar que el despliegue masivo de centros de datos incremente de manera desproporcionada la demanda eléctrica firme del sistema. A diferencia de muchas actividades industriales, estos complejos necesitan mantener servidores, sistemas de almacenamiento, comunicaciones y refrigeración funcionando continuamente y con elevados niveles de disponibilidad. Un campus de grandes dimensiones puede tener una potencia eléctrica comparable a la de una industria electrointensiva y mantenerla durante prácticamente todas las horas del año.
El consumo energético de estas instalaciones está creciendo además a gran velocidad como consecuencia de la inteligencia artificial. Según estimaciones de la Agencia Internacional de la Energía citadas por el Gobierno, los centros de datos podrían representar alrededor del 3% del consumo mundial de electricidad en 2030, con un crecimiento anual próximo al 15%, más de cuatro veces superior al del resto de los sectores.
La regulación no se limitará, sin embargo, al origen de la electricidad. El Gobierno pretende exigir los niveles europeos más elevados de eficiencia energética e hídrica, dos parámetros que se han convertido en elementos fundamentales del diseño de los centros de datos modernos.
Cantidad de agua empleada
Uno de los principales indicadores utilizados por la industria es el PUE —Power Usage Effectiveness—, que relaciona toda la energía consumida por el centro con la que utiliza directamente el equipamiento informático. Un PUE de 1 representaría teóricamente una instalación perfecta en la que toda la electricidad alimentase servidores y equipos de proceso; en la práctica, una parte significativa se destina a refrigeración, transformación eléctrica, iluminación, bombeo y otros servicios auxiliares. Cuanto más próximo a uno sea el PUE, mayor es por tanto la eficiencia de la instalación. La normativa europea utiliza también el WUE —Water Usage Effectiveness— para medir la cantidad de agua empleada en relación con la energía consumida por los equipos informáticos.
La refrigeración será precisamente uno de los elementos más afectados. El incremento de potencia de los procesadores utilizados para entrenar y ejecutar modelos de inteligencia artificial está elevando notablemente la densidad térmica dentro de los centros de datos y favoreciendo la expansión de tecnologías como la refrigeración líquida directa al chip frente a los sistemas convencionales basados exclusivamente en aire. Al mismo tiempo, los promotores deberán reducir el uso de sistemas evaporativos intensivos en agua, especialmente en zonas donde este recurso sea escaso.
El proyecto prevé también aumentar las obligaciones de información. Los centros de datos con una potencia superior a 500 kW deberán comunicar al Ministerio para la Transición Ecológica sus principales parámetros de eficiencia energética, mientras que los que superen 1 MW tendrán que informar también sobre el cumplimiento de las mejores prácticas recogidas en el código de conducta europeo para estas instalaciones.
Resiliencia y soberanía digital
A estas obligaciones se añaden requisitos de resiliencia y soberanía digital. Los operadores deberán estar establecidos en la Unión Europea y los datos, metadatos y registros relacionados con la operación deberán mantenerse en territorio comunitario, además de establecerse mecanismos de control frente a accesos procedentes de terceros países. El incumplimiento de las obligaciones podrá desembocar en sanciones y, en los supuestos más graves, incluso en la pérdida del derecho de conexión a la red eléctrica.
La nueva regulación afectará también a proyectos que ya están avanzando administrativamente. Los centros actualmente en tramitación dispondrán, según el texto previsto, de seis meses para adaptarse y acreditar que cumplen las nuevas condiciones. El plazo se reducirá a tres meses para aquellos que se encuentren pendientes de un concurso de acceso a la red.
Detrás de estas exigencias existe también un problema de planificación eléctrica. La elevada cantidad de solicitudes ha provocado que determinados nudos de la red aparezcan saturados incluso cuando muchos de los proyectos que han reservado potencia podrían no llegar a construirse. El Ejecutivo ha comenzado por ello a exigir que quienes solicitan acceso identifiquen la actividad concreta para la que reservan la capacidad y ha introducido penalizaciones crecientes por mantener derechos sin utilizar.
El reto consiste ahora en distinguir entre proyectos reales y reservas especulativas sin frenar una industria que puede movilizar inversiones de varias decenas de miles de millones de euros. El sector calcula que los proyectos anunciados en España podrían representar inversiones de hasta unos 70.000 millones de euros, aunque no todos terminarán necesariamente materializándose.
