Cuentas en el barro
El pasado lunes Moncloa publicó un balance institucional de datos acumulados sobre ayudas, financiación, obras ejecutadas y recursos movilizados por la Administración General del Estado y sus organismos para hacer frente a los daños provocados por la DANA de octubre de 2024. Son cifras que pueden resultar impresionantes. Hasta que se miran de cerca. Más de 16.000 millones de euros “movilizados”, en una suerte de monumento contable a la eficacia pública. “Movilizar” sugiere ejércitos administrativos en marcha, máquinas trabajando, obras levantándose, cauces ensanchándose, presas de laminación conteniendo avenidas, barrancos domesticados por la ingeniería.
Pero de esos 16.600 millones, lo realmente abonado, financiado o ejecutado asciende a 9.451,9 millones. Es decir, un 57% un año y cuatro meses después. Pero es que, además, de esa cantidad, 4.432,3 millones corresponden al Consorcio de Compensación de Seguros, que este sí ha tramitado ya el 99,4% de las solicitudes registradas y ha realizado más de 132.000 pagos por vehículos y más de 62.000 por viviendas, una agilidad impresionante si la comparamos con la de la administración pública. Porque hay que recordar que el Consorcio de Compensación de Seguros no maneja fondos públicos. Tiene patrimonio propio, distinto del Estado, y se financia con primas y recargos incluidos en las pólizas de seguro que pagan particulares, empresas y asegurados.
Cuando el Gobierno incluye esos 4.432 millones dentro del gran escaparate de recursos públicos movilizados, está apuntándose como mérito propio una parte sustancial de un sistema mutualizado que llevan años alimentando los ciudadanos con sus seguros. Si se descuenta esa cifra, el supuesto esfuerzo efectivo queda mucho más cerca de los 5.000 millones que de los 16.600 con los que Moncloa busca llenar titulares de prensa.
Esto no es una cuestión contable. Es una cuestión moral. Una Administración puede y debe explicar todas las fuentes de reparación disponibles, pero no puede confundirlas con un propósito más que sospechoso. Y, sobre todo, lo que no tenemos que confundir es indemnización con transformación estructural del territorio. Pagar un coche arrastrado por el agua no protege al siguiente coche. Indemnizar una vivienda no evita que otra planta baja vuelva a llenarse de barro hasta el techo. Reconstruir una carretera, un colector o una estación depuradora tal y como estaban antes de la DANA es necesario, pero no es prevención. Es devolver el tablero a la misma casilla en la que se produjo la catástrofe.
El balance oficial recoge partidas importantes. Hay 1.745 millones para reconstrucción de infraestructuras municipales, 437,8 millones para reposición del ciclo del agua y 135 millones ejecutados en recuperación de cauces e infraestructuras hidráulicas, dentro de obras de emergencia en distintas demarcaciones, sobre todo en la del Júcar. Nadie sensato despreciaría esas actuaciones. Había que retirar tapones, reparar márgenes, reponer abastecimientos, reconstruir puentes, arreglar canales y devolver servicios básicos a municipios devastados. Pero la pregunta es qué se ha hecho para que esta tragedia no vuelva a ocurrir.
Y ahí el balance se vuelve inquietante. Las grandes obras hidráulicas de prevención siguen en los cajones. El barranco del Poyo, La Saleta, el Pozalet, la Horteta, el Magro y el sistema de ramblas y barrancos que atraviesan la Horta Sud continúan esperando soluciones estructurales que no pueden reducirse a limpiezas de emergencia. Hacen falta zonas de laminación, desvíos hacia cauces de mayor capacidad, encauzamientos selectivos, áreas de sacrificio, diques, motas y presas de laminación.
El Ministerio para la Transición Ecológica tiene identificadas todas esas actuaciones, de hecho casi todas ya lo estaban antes de la catástrofe, pero siguen en estudio, como el proyecto de conexión del barranco del Poyo con el nuevo cauce del Turia, concebido para derivar el exceso de caudal que no pueda admitir el encauzamiento aguas abajo de Paiporta. O las actuaciones en La Saleta que siguen en fase de tramitación ambiental e información pública. Y el paquete de proyectos para reducir el riesgo en la Horta Sud y otras zonas afectadas se reduce de momento a contratos de redacción que contemplan análisis de alternativas, modelización hidrológica e hidráulica, tramitación ambiental y estudios de viabilidad. Y eso es solo papel.
Lo más grave es que estas obras no son una ocurrencia tardía de tertulia, a toro pasado. Los ingenieros llevaban años señalando la vulnerabilidad de esas cuencas. Y tras la DANA, asociaciones y colegios de ingenieros han advertido de que puede volver a producirse una tragedia similar. Reclaman anticipar actuaciones hidráulicas, incluidas presas de laminación como la de Montesa en el río Cànyoles o la de Cheste. Y recuerdan que la presa de Forata y el nuevo cauce del Turia demostraron, precisamente por contraste, que las obras hidráulicas salvan vidas cuando existen y llegan tarde cuando se discuten durante décadas.
Ahí está la lección que algunos parecen empeñados en no aprender. Donde había infraestructura capaz de laminar, desviar o conducir grandes caudales, el daño fue menor. Donde había barrancos torrenciales atravesando espacios urbanizados, suelos ocupados, obstáculos hidráulicos y proyectos aplazados, el agua encontró su camino con una violencia bíblica. “Hoy es siempre todavía”, escribió Antonio Machado. Esa frase debería estar grabada en la puerta de cada despacho responsable de la planificación hidráulica. Todavía estamos a tiempo, sí. Pero cada mes que pasa sin ejecutar las obras necesarias es un mes en que miles de personas siguen viviendo bajo la amenaza de la próxima gota fría.
No se trata de negar el cambio climático ni de creer que una presa, un dique o un encauzamiento puedan abolir la naturaleza. La ingeniería no promete milagros, promete reducir riesgos. Nadie puede garantizar que no llueva con una intensidad extraordinaria. Pero sí puede garantizarse, en cambio, que una avenida no encuentre el mismo territorio indefenso, las mismas secciones insuficientes, los mismos barrancos mal resueltos, las mismas infraestructuras críticas expuestas y la misma cadena de improvisaciones.
En su novela La Peste, decía Camus por boca de su personaje Jean Tarrou que todas las desgracias de los hombres provienen de no hablar claro y que el lenguaje afecta a la manera en que vivimos y entendemos las tragedias. Llamar reconstrucción a lo que es mera reposición es nombrar mal las cosas. Llamar movilización pública a una cifra que incluye miles de millones del seguro mutualizado es mentir. Llamar resiliencia a esperar durante años a que se redacten proyectos mientras los vecinos miran al cielo cada otoño es “añadir desdicha al mundo”, en palabras del Nobel francés. La verdadera reconstrucción no será la que devuelva Valencia al 28 de octubre de 2024, sino la que impida que el próximo 29 de octubre vuelva a parecerse al anterior.
La vida de los valencianos no puede quedar a merced de la meteorología. Se han pagado indemnizaciones, sí. Se han reparado daños, también. Pero las indemnizaciones consuelan tarde y las reparaciones reconstruyen el pasado. Lo urgente ahora es construir el futuro con presas de laminación, cauces capaces y barrancos acondicionados. Todo lo demás son cuentas en el barro.
