El Gobierno cifra en 9.451 millones los recursos ya empleados por la DANA, pero las obras hidráulicas de prevención siguen sin ejecutarse

La última actualización oficial de Moncloa, publicada ayer, eleva a 16.600 millones los recursos movilizados por el Estado y a 9.451,9 millones los ya abonados, financiados o ejecutados. El balance muestra una respuesta indemnizatoria y de reconstrucción, pero revela que año y medio después de la catástrofe, las actuaciones estructurales de defensa frente a inundaciones en barrancos como el Poyo o La Saleta siguen en fase de proyecto, actualización, información pública o redacción, mientras lo ejecutado se concentra sobre todo en reparaciones de emergencia.

El Gobierno ha actualizado el balance oficial de la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024 con la cifra de 16.600 millones de euros movilizados y 9.451.925.997 euros ya eempleados hasta el 4 de mayo de 2026. De esa cantidad se han abonado 7.896.030.399 euros en ayudas y subvenciones, se han financiado o avalado 801.048.711 euros y se han ejecutado 754.846.887 euros en actuaciones directas de la Administración General del Estado y sus organismos. El balance confirma un esfuerzo en indemnizaciones, ayudas, créditos, reparación de daños y reposición de servicios. Pero también confirma, por omisión y por el estado real de los expedientes hidráulicos, que la reconstrucción no se ha traducido todavía en las grandes infraestructuras de defensa frente a avenidas que los ingenieros reclamaban antes de la DANA y que siguen reclamando después de la tragedia.

El documento oficial contabiliza 397.810 ayudas y subvenciones concedidas por un importe abonado de 7.896 millones. Entre las principales partidas figuran 249,8 millones en ayudas directas para daños personales, viviendas, enseres, establecimientos, comunidades de propietarios y corporaciones locales; 347,5 millones en ayudas directas a empresas y autónomos tramitadas por la Agencia Tributaria. Y, sobre todo, 4.432,3 millones abonados por el Consorcio de Compensación de Seguros, con el 99,4% de las solicitudes registradas ya gestionadas, más de 132.000 pagos por vehículos y más de 62.000 por viviendas. Este dinero no procede del Estado ni de los presupuestos, sino que se financia de forma privada a través de los asegurados.

El capítulo agrario y rural también concentra una parte de la respuesta. Moncloa recoge 76,8 millones abonados para compensar pérdidas de renta en explotaciones agrarias, 80,76 millones para daños en infraestructuras agrarias reparadas por los titulares con medios propios, 6,75 millones para actuaciones en dominio público hidráulico, 12,6 millones abonados para compensar franquicias de seguros agrarios, 2,06 millones para reposición de maquinaria agrícola y 52,36 millones pagados por Agroseguro a explotaciones aseguradas. En paralelo, la línea ICO-MAPA-SAECA moviliza 53,1 millones para facilitar financiación a agricultores y ganaderos afectados, aunque el último balance solo recoge 109 solicitudes registradas, 47 aprobadas y 3,48 millones concedidos.

En materia de agua urbana, la actualización oficial incluye 437.861.885 euros abonados para la reposición del ciclo del agua, es decir, infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y depuración. Según el Gobierno, esa línea beneficia a 73 términos municipales, 12 infraestructuras supramunicipales, 27 entidades locales u organismos públicos y 12 empresas operadoras del ciclo del agua. Es una partida imprescindible para recuperar servicios básicos, pero conviene distinguirla con claridad de las obras de defensa hidráulica. Reparar redes de abastecimiento, colectores, estaciones depuradoras o instalaciones dañadas no equivale a construir presas de laminación, desvíos, encauzamientos o corredores de evacuación capaces de reducir la peligrosidad de futuras avenidas.

El propio balance de actuaciones directas refleja esa diferencia. La Administración General del Estado declara 754,8 millones ejecutados, de los que 135,19 millones corresponden a obras para recuperación de cauces e infraestructuras hidráulicas. En ese bloque, el Gobierno cita obras de emergencia declaradas por 268,2 millones: 237,4 millones en la Demarcación Hidrográfica del Júcar, 16,2 millones en Guadalquivir, 11,9 millones en Segura y 2,65 millones de ámbito nacional. La cifra global de actuaciones es elevada: 400 ya ejecutadas, 253 en ejecución y 98 planificadas para ejecución inmediata. Pero el lenguaje técnico es revelador. Se trata de “recuperación”, “reparación”, “retirada de tapones”, restauración de dominio público hidráulico y reposición de infraestructuras dañadas. Son trabajos urgentes y necesarios, pero no constituyen por sí mismos el nuevo sistema de protección frente a inundaciones que debería estar ya en marcha si la prioridad fuera reducir de forma estructural la exposición de l’Horta Sud y de las cuencas torrenciales afectadas.

Catástrofe anunciada

La catástrofe no sorprendió a la ingeniería hidráulica. Incluso RTVE recogió ya en noviembre de 2024 la denuncia de ingenieros que hablaban de una “catástrofe anunciada” y de 15 o 20 años sin inversión prácticamente en obras de defensa contra inundaciones. Federico Bonet, exdecano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Comunidad Valenciana, señalaba entonces que el nuevo cauce del Turia había evitado que Valencia sufriera una inundación comparable, al poder soportar más de 4.000 metros cúbicos por segundo, mientras que en las zonas vecinas no existía una infraestructura equivalente. Félix Francés, catedrático de Ingeniería Hidráulica de la Universitat Politècnica de València, recordaba que en la rambla del Poyo había modelos hidrológicos y actuaciones planteadas desde hacía décadas, incluyendo reforestación de la cuenca alta, micropresas, laminación, encauzamiento y conexión con el nuevo cauce del Turia, pero que no se habían ejecutado.

El Colegio de Ingenieros de Caminos volvió a advertir en octubre de 2025 de que podría repetirse una tragedia similar y subrayó que la presa de Forata y el nuevo cauce del Turia habían tenido un papel decisivo para evitar una catástrofe mayor. Su conclusión era inequívoca: las obras hidráulicas reducen riesgos, reducen daños materiales y salvan vidas, por lo que es necesario planificar de forma inmediata actuaciones para minimizar el riesgo por inundaciones y corregir la ordenación del territorio urbanizado, industrial y agrícola.

Sin embargo, al examinar el estado de las principales obras estructurales, el avance real resulta insuficiente. El Ministerio para la Transición Ecológica mantiene una página específica sobre obras de protección frente a inundaciones en la que clasifica las actuaciones por estado administrativo. En la Comunitat Valenciana, el proyecto de vía verde de conexión del barranco del Poyo con el nuevo cauce del Turia aparece dentro del apartado de estudios y proyectos autorizados en redacción, no en ejecución. El proyecto de reducción del riesgo en la Horta Sud y otras zonas afectadas por la DANA también aparece como redacción de proyectos. El acondicionamiento del barranco de La Saleta figura en “proyectos redactados en avanzado estado de tramitación”. En cambio, en el apartado de “proyectos en ejecución” de esa página no aparece ninguna de las grandes actuaciones valencianas del Poyo, La Saleta, Horta Sud o Magro; los proyectos en ejecución citados son Arriondas, dos actuaciones en el Saja, en Cantabria, y el río Adra, en Almería.

Barranco del Poyo

El caso del barranco del Poyo es especialmente significativo. MITECO reconoce que la cuenca tiene un régimen torrencial, una elevada urbanización y 68 inundaciones históricas significativas entre 1088 y 2017, con aumento de frecuencia en los siglos XX y XXI. El proyecto de conexión con el nuevo cauce del Turia busca crear un nuevo cauce o vía verde desde el entorno de Picanya y Paiporta para derivar hacia el Turia el exceso de caudal que no pueda admitir el encauzamiento del Poyo aguas abajo de Paiporta. El objetivo declarado es proteger las poblaciones aguas abajo de Picanya hasta un nivel de protección de 500 años de periodo de retorno. El propio ministerio indica que la actuación es viable técnica, económica, social y ambientalmente, pero también que dispone de un proyecto redactado que necesita actualización. Es decir, no estamos ante una obra ejecutada ni siquiera ante una obra en ejecución, sino ante una solución conocida, estudiada y pendiente de actualización y tramitación.

La situación del barranco de La Saleta tampoco permite hablar de una protección ya materializada. La actuación afecta a Valencia, Quart de Poblet, Aldaia, Xirivella, Riba-roja de Túria, Mislata, Picanya y Alaquàs, y pretende reducir el riesgo, especialmente en Aldaia y Xirivella, mediante la canalización de las crecidas hacia el nuevo cauce del Turia. El proyecto incluye adecuación ambiental del barranco, encauzamiento desde la CV-33, conducción enterrada de derivación bajo el polígono industrial y bordeando el casco urbano de Aldaia, y una vía verde de sección abierta en tierras hasta las proximidades de la EDAR Quart-Benàger, con un nivel de protección de hasta 500 años de periodo de retorno. El presupuesto estimado es de 55 millones. Pero el estado administrativo que consta oficialmente es el de informe de impacto ambiental formulado en agosto de 2025 e información pública abierta en octubre de 2025. Es una actuación avanzada sobre el papel, no una obra terminada sobre el terreno.

Más preocupante aún es el horizonte temporal de la redacción de nuevos proyectos para l’Horta Sud y otras zonas afectadas. MITECO explica que el contrato persigue desarrollar diez anteproyectos constructivos, con análisis de alternativas, modelización hidrológica e hidráulica, estudios de viabilidad y coste-beneficio, tramitación ambiental e informes para su ejecución. Los lotes cubren la cuenca de la rambla del Poyo, el río Magro, el Bajo Júcar, Pozalet-Saleta, Picassent, Medio-Bajo Turia y L’Albufera. El presupuesto estimado es de apenas 3,8 millones entre los dos lotes y el plazo previsto es de 36 meses. Dicho de otro modo, parte de la respuesta estructural que debería definir cómo se protege una de las zonas más vulnerables de Valencia todavía se mueve en el ámbito de la ingeniería de proyecto, con un horizonte de redacción de tres años.

Nuevas presas

Los ingenieros reclaman también la construcción de presas de laminación, diques de retención, zonas inundables controladas y áreas de sacrificio capaces de reducir los caudales punta antes de que alcancen los municipios de l’Horta Sud. En el caso del barranco del Poyo, una de las actuaciones históricamente exigidas es la presa de Cheste o un sistema equivalente de laminación en cabecera, concebido no para almacenar recursos hídricos, sino para frenar temporalmente las avenidas procedentes de los barrancos del Poyo y del Pozalet. Tras la DANA, varios ingenieros han insistido en que esas soluciones deberían volver a estudiarse junto a los desvíos hacia el nuevo cauce del Turia y los encauzamientos urbanos.

Pero a día de hoy no existe ni siquiera un proyecto constructivo vigente para construir una presa de Cheste ni una presa equivalente en el Poyo-Pozalet que esté en tramitación inmediata o en ejecución. Lo que existe es más bien una combinación de antecedentes técnicos antiguos, alternativas estudiadas, soluciones descartadas o sustituidas, y ahora nuevos contratos de redacción de proyectos para zonas de almacenamiento controlado, áreas de retención, motas, diques, desvíos y encauzamientos.

La presa de Cheste sí existió como alternativa técnica dentro del expediente de “Adecuación ambiental y drenaje de la cuenca del Poyo vertiente a la Albufera”. La Declaración de Impacto Ambiental publicada en el BOE en enero de 2012 recoge expresamente una “Alternativa 1: Presa de Cheste”, consistente en una presa aguas abajo de Cheste compuesta por dos diques, uno en el barranco del Pozalet y otro en el barranco del Poyo, con los órganos de desagüe ubicados en este último. Pero ese mismo expediente seleccionó como alternativa más favorable la 2.3, basada en actuaciones para periodos de retorno de 100 a 500 años, manteniendo la red actual y sin transferencia de caudales entre Pozalet y Poyo. Es decir, la presa fue una alternativa estudiada, pero no fue la solución elegida.

La respuesta parlamentaria del Gobierno publicada en marzo de 2026 va en la misma línea. Recuerda que en febrero de 2009 se redactó el Proyecto Informativo de Adecuación ambiental y drenaje de la cuenca del Poyo vertiente a la Albufera, y que en ese estudio se incluyó de nuevo la presa de Cheste. Pero añade que el estudio concluyó que la presa solo cumplía parcialmente su objetivo de reducir los caudales punta en la cuenca de la rambla del Poyo.