Transportes se ve obligado a paralizar su plan de 1.006 millones para conservar las carreteras

El Ministerio suspende las seis licitaciones tras la medida cautelar adoptada por el TACRC a raíz del recurso de ACEX, que acusa al departamento de convertir los concursos en “subastas encubiertas”. Sindicatos y empresas también han impugnado lotes concretos por posibles irregularidades relacionadas principalmente con la subrogación de trabajadores.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible se ha visto obligado a paralizar temporalmente su plan de 1.006 millones de euros para la conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado. La suspensión llega después de que la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (ACEX) recurriera los nuevos pliegos ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), al considerar que el sistema diseñado por el departamento de Óscar Puente reduce la relevancia de la calidad técnica y convierte las licitaciones, en la práctica, en una subasta.

El TACRC ha acordado como medida cautelar suspender los procedimientos de contratación mientras estudia el fondo de la impugnación. Aunque esa decisión no afectaba inicialmente al plazo de presentación de ofertas, la Dirección General de Carreteras ha optado por detener también su cómputo para evitar perjuicios a las empresas licitadoras. Las nuevas fechas tendrán que publicarse posteriormente en el Diario Oficial de la Unión Europea, el Boletín Oficial del Estado y la Plataforma de Contratación del Sector Público, según consta en la documentación oficial de uno de los expedientes.

El frenazo afecta a los seis expedientes lanzados a comienzos de julio, divididos en 29 lotes y destinados a actuar sobre casi 3.670 kilómetros de carreteras estatales, incluidos 2.261 kilómetros de autovías en 20 provincias. El Consejo de Ministros había autorizado el 16 de junio una inversión de 1.006 millones de euros, sin IVA, que Transportes presentó como una actuación prioritaria para garantizar la circulación, la vialidad y la seguridad de la red estatal.

El Ministerio hizo caso omiso a las advertencias

La paralización cuestiona, sin embargo, la planificación seguida por el Ministerio. Transportes mantuvo su reforma de los pliegos pese a las advertencias trasladadas durante meses por el sector y publicó las licitaciones sin haber despejado el conflicto. Apenas unas semanas después, la totalidad del programa ha quedado pendiente de la decisión del TACRC, con la consiguiente incertidumbre sobre el calendario de adjudicaciones.

El núcleo del recurso de ACEX está en los criterios de valoración. Los nuevos pliegos reservan un 60% de la puntuación a conceptos económicos —un 51% para la principal proposición económica y otro 9% para costes de personal y maquinaria—, mientras que el 40% restante se distribuye entre criterios técnicos calculados mediante fórmulas automáticas. El modelo elimina los anteriores juicios de valor sobre las propuestas técnicas, según recoge el anuncio de licitación publicado en el BOE.

ACEX sostiene que este reparto hace del precio el elemento prácticamente decisivo y puede favorecer ofertas excesivamente bajas en unos contratos directamente relacionados con la seguridad vial y la protección de los trabajadores. El Ministerio, por su parte, defiende que la utilización de criterios objetivos reduce la discrecionalidad de las mesas de contratación y dificulta posibles amaños. También destaca la incorporación de medidas de innovación, descarbonización y seguridad laboral. El sector venía alertando, no obstante, de que esa mayor objetividad se había conseguido relegando la calidad técnica de las ofertas.

Recursos de sindicatos y empresas

La impugnación de ACEX no es el único frente abierto. Organizaciones sindicales y empresas vinculadas a contratos vigentes han presentado igualmente recursos especiales ante el TACRC contra lotes concretos. Estas reclamaciones se centran principalmente, según los recurrentes, en posibles omisiones, errores o contradicciones en la información sobre la subrogación del personal, incluidos los listados de trabajadores afectados, sus categorías profesionales y las condiciones laborales que deberán asumir las futuras adjudicatarias.

Los recursos alegan que esas deficiencias podrían impedir calcular correctamente los costes laborales y dejar fuera de la subrogación a parte de las plantillas que actualmente prestan el servicio. Se trata, por el momento, de posibles irregularidades denunciadas por sindicatos y empresas, no de incumplimientos acreditados, ya que el TACRC todavía debe pronunciarse sobre el fondo de las reclamaciones. Las fichas públicas de contratación reflejan ya varios recursos adicionales en expedientes con lotes concretos.

La medida cautelar tampoco anticipa el resultado final. El Tribunal puede desestimar las impugnaciones, estimarlas parcialmente o exigir la modificación o anulación de determinadas cláusulas. Hasta entonces, el plan que Transportes presentó como uno de sus principales refuerzos para la conservación de las carreteras estatales queda en suspenso y obliga al Ministerio a rehacer un calendario que puso en marcha pese a las objeciones técnicas, empresariales y laborales que ya pesaban sobre los pliegos.