Spain DC alerta de que el futuro decreto podría poner en riesgo hasta el 90% de la nueva inversión en centros de datos

La Asociación Española de Centros de Datos reclama cambios sustanciales en el proyecto del Gobierno y advierte de que podría comprometer entre el 80% y el 90% de la nueva inversión que podría elegir España. Sus críticas se concentran en las exigencias energéticas, las condiciones de contratación, los recargos y los plazos para adaptar proyectos ya iniciados.

Spain DC ha endurecido su posición ante el proyecto de real decreto sobre sostenibilidad, resiliencia y soberanía digital de los centros de datos. La patronal asegura que comparte los objetivos del Ejecutivo, pero cuestiona la intensidad de las obligaciones, su aplicación simultánea y el calendario previsto. A su juicio, esa combinación amenaza la viabilidad de proyectos maduros y situaría a España en desventaja frente a otros destinos europeos.

Uno de los principales puntos de fricción es la obligación de respaldar al menos el 80% del consumo eléctrico de cada hora con energía renovable generada en esa misma hora. El requisito va más allá de acreditar un balance renovable anual: obliga a que producción y consumo coincidan temporalmente. Para una infraestructura que mantiene una demanda continua, esto exige organizar el suministro también para los periodos de menor generación renovable.

A esa condición se añade la denominada adicionalidad: la electricidad debe proceder de nueva generación renovable asociada al consumo del centro. El suministro puede articularse mediante autoconsumo o contratos de compra de energía, sin que cada operador tenga que construir necesariamente su propia planta. La combinación de ambas obligaciones vincula el desarrollo del centro a la disponibilidad de nueva producción y a su capacidad para cubrir la demanda hora a hora.

Contratos de electricidad de 10 años

La rigidez contractual es otro de los reparos de Spain DC. El borrador exige contratos de compra de electricidad renovable de al menos diez años, formalizados en escritura pública e identificando los centros y las instalaciones de generación asociados. Estas condiciones delimitan las fórmulas de suministro admitidas.

La asociación también cuestiona la acumulación de exigencias de eficiencia energética e hídrica. La propuesta obliga a alcanzar la categoría A del sistema europeo en ambos indicadores, combinando las máximas exigencias de ahorro eléctrico y de agua. Hasta que se aplique ese etiquetado, anticipa límites propios. Por tanto, el proyecto condiciona el acceso eléctrico tanto al origen de la energía como a la eficiencia de las instalaciones.

El régimen económico de los incumplimientos añade otro motivo de preocupación. El borrador prevé recargos del 100% al 500% por incumplir la adicionalidad y del 10%, 30% o 50% por fallar en la cobertura horaria, con incrementos por reiteración. Se aplican sobre peajes y cargos, no sobre toda la factura eléctrica. También contempla la posible pérdida de permisos ante incumplimientos significativos y reiterados, mediante el procedimiento correspondiente.

Aplicación a inversiones ya iniciadas

La aplicación a inversiones ya encaminadas concentra una de las críticas más contundentes. Los proyectos con permisos concedidos pero todavía sin conexión tendrían seis meses para acreditar los nuevos requisitos; las solicitudes pendientes de resolución, tres meses. Incumplir esos plazos podría provocar la caducidad de los permisos o la denegación de las solicitudes.

El presidente de Spain DC, Emilio Díaz, recuerda que obtener un permiso puede llevar a comprometer terrenos, financiación, obras, equipos y contratos. Alterar después las condiciones estructurales con un margen reducido plantea, según sostiene, un problema de seguridad jurídica. La asociación asegura, además, que algunos promotores ya estudian otros mercados europeos, aunque su estimación de inversión en riesgo no equivale a pérdidas confirmadas.

Spain DC acepta la necesidad de combatir las reservas especulativas de capacidad, pero pide distinguirlas de proyectos reales mediante la inversión comprometida y el cumplimiento de hitos. La patronal presentará alegaciones y ha solicitado ampliar la audiencia pública, prevista hasta el 4 de septiembre, y constituir una mesa técnica que permita modificar el texto antes de su aprobación.