Presupuestos generales, otra patada a seguir

Se confirma esta semana lo que ya sabíamos. El Gobierno no cumplirá su última promesa de presentar presupuestos en el primer trimestre del año. Y lo más frustrante es que ya nadie se sorprende. La anomalía se ha hecho costumbre. La excepción se vuelto método. Y así, entre una crisis y la siguiente, entre una coartada y la posterior, Pedro Sánchez y María Jesús Montero han vuelto a darle otra patada a seguir a la obligación más elemental de un Ejecutivo parlamentario.

Del “lo haremos a la mayor brevedad posible, en el momento en el que haya una ventana” pasamos al “no hay ambiente” y luego al “vamos a sudar la camiseta y vamos a presentarlos antes de que finalice el año” (esto lo dijo en octubre del 2025). Esta vez la excusa es la de cómo un presidente comprometido con el no a la guerra en Irán, pero sí a la guerra en Ucrania, vuelve a transgredir el mandato constitucional de explicar a los ciudadanos en qué va a invertir el dinero de nuestros impuestos, escudándose ahora en que está centrado en gestionar “una de las mayores crisis” de su mandato. La broma resulta ya tan pesada que se hace insoportable.

En el rugby, ese deporte de villanos jugado por caballeros, cuando un equipo no encuentra línea de pase, cuando no sabe cómo romper la defensa, patea el balón hacia delante y desplaza el problema a otro punto del campo. No resuelve nada, pero compra tiempo. Eso es exactamente lo que viene haciendo el Gobierno con las cuentas públicas desde que las presentó al Congreso por última vez en octubre de 2022. Pateó el problema en 2023, volvió a patearlo en 2024, y ahora, superado sin noticias de dios el 2025, lo vuelve a alejar con el pie tembloroso de 2026. Desde que se esgrimió el adelanto electoral en Cataluña en 2023, se ha ido dejando pasar el calendario, sin que nunca, cada 30 de septiembre, nos haya enviado nadie ni tarjeta, ni ramito de violetas, ni techo de gasto, ni senda de déficit ni presupuestos generales. Y nosotros así, felices de cualquier modo.

La gravedad geopolítica es una nueva coartada, pero también una enmienda a la palabra del Gobierno. Porque la pregunta no es si hay circunstancias difíciles. Las hay siempre. La pregunta es si España puede seguir aceptando que la obligación constitucional de presentar las cuentas se convierta en una mera opción, que depende del estado de ánimo del momento o de la precaria aritmética política de cada semana.

La Constitución no dice que el Gobierno presentará Presupuestos solo cuando crea que tiene ventanas, ambiente o votos suficientes. Tampoco dice que lo hará cuando el contexto internacional sea benigno ni que pueda sustituir esa obligación por una prórroga. El artículo 134 es de una claridad que avergüenza a quien intenta sortearla: “El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior”. Y luego, si no se aprueban, el propio artículo prevé la prórroga. Pero primero hay que presentarlos. Ese es el deber. Lo demás viene después.

La prórroga presupuestaria es un salvavidas institucional para evitar la parálisis absoluta del Estado. No es una forma ordinaria de gobernar. No es un sustituto de la rendición de cuentas. No es una autorización para administrar el país como si el Parlamento fuese una molestia protocolaria y no el lugar donde se expresa, se corrige y se limita el poder del Gobierno. Presentar presupuestos no es solo consignar cifras. Es exponer prioridades, reconocer renuncias, justificar inversiones, retratar un proyecto de país.

Que esta deriva haya terminado ya ante el Tribunal Constitucional no es un matiz menor, sino un síntoma severo. El Senado planteó un conflicto de atribuciones por el reiterado incumplimiento del Gobierno y el Constitucional lo ha admitido a trámite por unanimidad de sus doce magistrados. Será la primera vez que la corte de garantías estudie este asunto. Que una cuestión así haya salido del terreno de la crítica política para entrar en el de la controversia constitucional da la medida exacta del deterioro.

Todo esto podría parecer un debate meramente político, pero sus consecuencias son profundamente materiales. La ausencia prolongada de Presupuestos no se queda en una discusión sobre reglamentos, mayorías y calendarios. Acaba notándose en el acero, en el hormigón, en el balasto, en las carreteras, en las presas, en las catenarias, en las estaciones de bombeo, en los túneles y en las redes de distribución. Un país sin cuentas actualizadas es un país que vive de la inercia. Y la inercia, en materia de infraestructuras, tiene un nombre: mantenimiento diferido.

Las infraestructuras públicas no se desploman de un día para otro. Antes de la avería grave hay una larga biografía de pequeñas renuncias. Una actuación de conservación que se pospone. Un contrato de mantenimiento que se reduce o tarda en licitarse. Una modernización tecnológica que espera al siguiente ejercicio. Un refuerzo estructural que nunca encuentra prioridad suficiente. Un presupuesto prorrogado puede sostener la respiración administrativa, pero no ofrece la musculatura inversora ni la previsión plurianual que exigen las redes complejas. Cuando eso se prolonga tres años, el sistema entero empieza a derrumbarse.

España lleva demasiado tiempo instalada en las incidencias ferroviarias recurrentes, los cuellos de botella en la conservación, la dificultad para programar inversiones estables y la creciente sensación de deterioro en servicios esenciales que no pueden atribuirse solo a un ministerio concreto, a un gestor concreto o a un accidente concreto. Son la expresión de un Estado que va tirando con cuentas viejas mientras las necesidades son nuevas. Incluso agencias de calificación como Fitch han señalado ya la falta de Presupuestos desde 2023 como un riesgo interno que refleja el bloqueo político y limita las reformas estructurales.

No hay mejor definición de decadencia administrativa que la de un país que presume de resiliencia mientras aplaza su instrumento básico de planificación. Porque un presupuesto no es únicamente una autorización de gasto. Es, sobre todo, una arquitectura temporal del Estado. Permite ordenar prioridades, repartir cargas, acompasar obras, prever reposiciones, dar continuidad a los contratos y medir con honestidad la distancia entre lo prometido y lo posible. Sin esa arquitectura, la acción pública se fragmenta en decretos, parches, suplementos, anuncios y remiendos. Se gestiona el presente a costa del porvenir. Se salva la semana y se hipoteca el ciclo.

Por eso resulta tan impropio que el Ejecutivo haya naturalizado esta conducta y tan inquietante que parte de la opinión pública la haya aceptado con resignación burocrática. Gobernar no es administrar excusas. Gobernar es comparecer con números, defenderlos y asumir el coste de perderlos si no hay mayoría. Esa es la lógica parlamentaria. Lo otro es una política de penumbra, donde la falta de fuerza para aprobar unas cuentas se disfraza de falta de tiempo para presentarlas.

La guerra de Irán podrá ser una crisis gravísima. Lo fue la de Ucrania. Lo fueron la inflación, la crisis energética, la sucesión electoral y la fragmentación parlamentaria. Pero un Gobierno digno de ese nombre no puede convertir cada sacudida del mundo en un permiso para sustraerse a su deber constitucional. Las crisis no suspenden la obligación de presupuestar. La vuelven más urgente. Precisamente cuando el entorno se vuelve incierto, más necesario es que el Ejecutivo diga al Parlamento y al país qué piensa hacer, cuánto costará, quién lo pagará y qué se dejará de hacer.

Mientras el Gobierno patea el balón hacia delante, España sigue avanzando sobre raíles cansados, carreteras fatigadas, embalses exigidos al límite y sistemas públicos que piden mantenimiento donde solo encuentran prórrogas. Ningún equipo gana un partido entero despejando. Y ningún país serio puede acostumbrarse a ser gobernado a base de patadas a seguir.