La tentación china de Sánchez: pragmatismo económico, coste europeo

La cuarta visita de Pedro Sánchez a China en apenas dos años no es un gesto aislado ni una anécdota diplomática: es la consolidación de una estrategia. España ha decidido intensificar su relación con Pekín en un momento en el que la Unión Europea intenta, con dificultad, construir una posición común frente a la potencia asiática. La pregunta no es tanto si el movimiento tiene lógica, que la tiene, como si su coste político y estratégico supera a sus posibles beneficios.

Desde un punto de vista estrictamente económico, la aproximación resulta comprensible. España arrastra un déficit comercial con China de unos 38.000 millones de euros, en una relación claramente desequilibrada donde las exportaciones chinas cuadruplican a las españolas. Corregir esa asimetría, atraer inversión industrial y acceder a materias primas críticas son objetivos legítimos. Más aún en un contexto en el que Europa necesita reindustrializarse y asegurar sus cadenas de suministro.

El planteamiento del Gobierno, centrado en captar inversión “de calidad” con transferencia tecnológica y empleo local, apunta en la dirección correcta sobre el papel. Pero ahí reside la clave: sobre el papel. España no puede conformarse con que se instalen fábricas si estas se limitan a generar empleo poco cualificado mientras el conocimiento, la innovación y el valor añadido permanecen en origen. Ese modelo reproduce la dependencia y consolida una posición periférica en las cadenas de valor globales.

Los acuerdos con China deben ir mucho más allá de la inversión productiva básica. Deben garantizar de forma efectiva y verificable la transferencia de conocimiento, el desarrollo de capacidades tecnológicas propias y la participación de empresas españolas en las fases de mayor valor añadido. Solo así podrá España, y con ella Europa, mejorar su competitividad real a largo plazo. De lo contrario, el resultado será una ilusión de reindustrialización que no corrige las debilidades estructurales.

Pero el problema no está solo en el contenido de los acuerdos, sino también en el marco en el que se negocian.

La decisión de avanzar por la vía bilateral, al margen de Bruselas, debilita inevitablemente la posición negociadora de la Unión Europea. China lleva años explotando precisamente esa fragmentación: negocia con cada capital según sus intereses, ofrece concesiones selectivas y evita enfrentarse a un bloque cohesionado. Cada visita nacional refuerza ese esquema y reduce las probabilidades de una política común efectiva.

Sánchez no es el único en hacerlo, pero eso no lo convierte en acertado. Francia, Alemania o Italia también han mantenido canales propios con Pekín, pero la acumulación de iniciativas individuales no construye una estrategia europea: la erosiona. Y sin esa estrategia, Europa pierde capacidad para exigir reciprocidad real en el acceso a mercados, protección frente a prácticas desleales o garantías en sectores estratégicos.

Existe además un riesgo industrial de fondo que no puede ignorarse. La economía china opera con una sobrecapacidad productiva que inunda los mercados globales con productos a bajo coste. A corto plazo, esto beneficia al consumidor; a medio plazo, puede erosionar la base industrial europea. Sin mecanismos claros de protección y reciprocidad, la apertura puede convertirse en dependencia.

El Gobierno español es consciente de este riesgo y, en teoría, intenta mitigarlo mediante cláusulas de transferencia tecnológica. Sin embargo, la experiencia europea invita al escepticismo: demasiados acuerdos con China han terminado siendo vagos en su formulación y limitados en su aplicación. Sin exigencias concretas y mecanismos de control, la transferencia de conocimiento puede quedarse en una promesa retórica mientras la realidad industrial apenas cambia.

A ello se suma una cuestión de coherencia política. España defiende en Bruselas la necesidad de una autonomía estratégica europea, pero al mismo tiempo actúa por su cuenta cuando los tiempos comunitarios no le convienen. Es una contradicción compartida por otros socios, pero no por ello menos problemática. La autonomía estratégica no se construye solo con discursos, sino con disciplina colectiva, incluso cuando eso implica renunciar a ventajas inmediatas.

Hay, por último, una dimensión geopolítica que trasciende lo económico. China no busca únicamente socios comerciales, sino influencia política en Europa. Prefiere interlocutores nacionales antes que instituciones comunitarias, y premia a quienes están dispuestos a mantener una relación fluida al margen de tensiones globales. En ese contexto, el riesgo no es solo económico, sino también de alineamiento estratégico a largo plazo.

Nada de esto implica que España deba dar la espalda a China. Sería tan irreal como contraproducente. La cuestión es cómo relacionarse con una potencia imprescindible sin debilitar el marco europeo que, en última instancia, amplifica la capacidad de negociación de todos sus miembros.

Sánchez ha optado por el pragmatismo y la velocidad. Puede que consiga inversiones, acuerdos y titulares. Pero también puede estar contribuyendo a un escenario en el que Europa negocia peor y depende más. Y en esa ecuación, el beneficio a corto plazo solo estará justificado si viene acompañado de una transferencia real de conocimiento. Sin ella, las fábricas podrán llegar, pero la competitividad seguirá marchándose fuera.