La industria eleva la presión para retrasar el cierre nuclear y alerta del impacto en precios, emisiones y seguridad de suministro
El debate sobre el calendario de cierre de las centrales nucleares vuelve a ganar intensidad tras una jornada celebrada en el Cercle d’Economia en la que representantes industriales y energéticos defendieron la necesidad de mantener los reactores más allá de las fechas previstas entre 2027 y 2035. Un informe de Deloitte sostiene que prolongar la operación nuclear podría ahorrar 1.400 millones de euros anuales a la industria española, reducir el precio eléctrico en 15 euros por MWh en 2035 y evitar 14 millones de toneladas de CO₂ al año.
La presión industrial para revisar el calendario de cierre nuclear en España ha dado un nuevo paso con la búsqueda de una alianza empresarial y energética que defienda la prolongación de la vida útil de las centrales hasta que el sistema eléctrico disponga de renovables, redes, almacenamiento e interconexiones suficientes para garantizar un suministro estable y competitivo. El debate, impulsado desde Cataluña con participación de representantes industriales, compañías eléctricas y operadores nucleares, sitúa de nuevo en el centro de la discusión energética el papel de una tecnología que aporta generación firme, baja en emisiones y elevada disponibilidad, pero cuya continuidad sigue condicionada por el calendario pactado en 2019 para el cierre progresivo del parque nuclear español entre 2027 y 2035.
El argumento central de la industria es que el cierre programado de los reactores puede producirse antes de que el sistema disponga de una alternativa plenamente equivalente en términos de potencia firme, estabilidad de red y coste energético para los consumidores electrointensivos. La jornada celebrada en el Cercle d’Economia sirvió para presentar un informe de Deloitte según el cual mantener las centrales nucleares más allá del calendario actual permitiría un ahorro de 1.400 millones de euros anuales para la industria española, una reducción del precio de la electricidad de 15 euros por MWh en 2035 y la evitación de 14 millones de toneladas de CO₂ al año. El estudio también estima que Cataluña sería una de las comunidades más expuestas al cierre por el peso de sus centrales nucleares en la generación eléctrica regional y por la relevancia de sectores industriales especialmente sensibles al coste energético, como el metal, la química o la automoción.
La reclamación llega en un momento especialmente delicado para la política energética española. El calendario vigente prevé el cierre de Almaraz I el 1 de noviembre de 2027 y de Almaraz II el 31 de octubre de 2028. Después llegaría el cese de explotación de Ascó I y Cofrentes en 2030, Ascó II en 2032 y, finalmente, Vandellós II y Trillo en 2035. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima contempla ese cierre ordenado en el periodo 2027-2035, con el objetivo de sustituir progresivamente la generación nuclear por renovables, almacenamiento y otras tecnologías de respaldo.
Capacidad real del sistema
La industria, sin embargo, sostiene que la transición no puede medirse solo por la potencia renovable instalada, sino por la capacidad real del sistema para garantizar energía firme, gestionable y competitiva durante todas las horas del año. La nuclear produjo en 2025 algo más de 51.800 GWh netos, equivalentes al 19,05% de la generación eléctrica neta española, pese a representar apenas el 5,21% de la potencia instalada. Para el sector nuclear, esa relación entre baja potencia instalada y elevada producción efectiva evidencia el valor de los reactores como generación de base libre de emisiones directas de CO₂ y con un factor de carga muy superior al de las tecnologías variables.
La cuestión adquiere una dimensión técnica adicional tras las advertencias sobre la estabilidad del sistema eléctrico. La Comisión Europea ha pedido a España que reduzca su dependencia del gas para garantizar la estabilidad tras el apagón de 2025 y ha señalado la necesidad de avanzar en alternativas estructurales, como interconexiones, redes más eficientes y mayor capacidad de almacenamiento. Según esa lectura, la integración masiva de renovables exige reforzar los recursos capaces de aportar control de tensión, inercia, flexibilidad y respaldo. El Gobierno mantiene como objetivo alcanzar 22,5 GW de almacenamiento en 2030, pero los datos disponibles muestran que el despliegue efectivo todavía está lejos de esa meta.
El debate no se limita, por tanto, a una confrontación ideológica entre defensores y detractores de la energía nuclear. Para una parte creciente de la industria, la cuestión es si España puede permitirse retirar de forma acelerada una fuente que aporta alrededor de una quinta parte de la electricidad nacional sin haber desplegado antes una combinación suficiente de almacenamiento, redes, gestión de demanda e interconexión internacional. Los sectores electrointensivos advierten de que una sustitución incompleta de la producción nuclear puede traducirse en mayor dependencia del gas, más volatilidad de precios y pérdida de competitividad frente a países que han decidido mantener o incluso reforzar su capacidad nuclear.
