España apoya con 340 millones una desaladora en Marruecos mientras crecen las críticas por la falta de inversión hídrica en España
El proyecto, liderado por Acciona junto a las empresas marroquíes Green of Africa y AfriquiaGaz, será la mayor desaladora de África, con 838.000 metros cúbicos diarios y 300 hectómetros cúbicos anuales de capacidad. El apoyo público español se articula mediante FIEM, CESCE y COFIDES, en una operación concebida para reforzar la internacionalización de empresas españolas, pero que ha reabierto la crítica por el contraste con el déficit de infraestructuras hidráulicas en España, donde el sector calcula necesidades de inversión de casi 50.000 millones solo en conservación y mantenimiento.
España ha formalizado un respaldo financiero público de cerca de 340 millones de euros para la construcción de la gran desaladora de Casablanca, una infraestructura estratégica para Marruecos y uno de los mayores proyectos hídricos actualmente en desarrollo en el norte de África. La operación fue presentada en una ceremonia institucional en Casablanca con participación de la secretaria de Estado de Comercio, Amparo López Senovilla, y de la ministra marroquí de Economía y Finanzas, Nadia Fettah Alaoui. El proyecto ha sido adjudicado a un consorcio liderado por Acciona y se ejecutará bajo un modelo de colaboración público-privada con la Office National de l’Électricité et de l’Eau Potable de Marruecos.
La planta se ubicará en Sidi Rahal, en el área del Gran Casablanca, y está diseñada para producir 838.000 metros cúbicos diarios de agua desalada, equivalentes a unos 300 millones de metros cúbicos anuales. En términos españoles, eso equivale a 300 hectómetros cúbicos al año, una magnitud muy relevante si se compara con las disponibilidades de algunos sistemas mediterráneos sometidos a estrés hídrico. Acciona explica que la instalación abastecerá a unos 7,5 millones de personas y podrá destinar parte de su producción a usos agrícolas. La compañía cifra la inversión total en 6.500 millones de dirhams marroquíes, unos 613 millones de euros.
Desde el punto de vista técnico, el proyecto tiene tres elementos especialmente relevantes. El primero es su escala ya que será la mayor desaladora de África por capacidad de producción. El segundo es la tecnología de proceso, basada en ósmosis inversa, la solución dominante en desalación de agua de mar por su menor consumo energético frente a tecnologías térmicas tradicionales. El tercero es su alimentación energética. Acciona afirma que será la mayor desaladora del mundo suministrada al 100% con energía renovable, procedente del parque eólico de Bir Anzarane, de 360 MW, que destinará el 47% de su producción a la instalación.
El diseño concesional también es significativo para el sector de la ingeniería. El modelo prevé tres años de construcción y 27 años de operación y mantenimiento, lo que desplaza el centro de gravedad del contrato desde la mera ejecución de obra hacia la disponibilidad, eficiencia operativa, control de costes energéticos, mantenimiento de membranas, gestión de salmuera, calidad del agua producida y fiabilidad de servicio durante casi tres décadas. Acciona participará en el consorcio Al Baidaa Desalination Company con un 50%, junto a Green of Africa, con un 45%, y AfriquiaGaz, con un 5%.
Financiación española
El apoyo español se articula a través de tres instrumentos públicos. El principal es un crédito del Fondo para la Internacionalización de la Empresa, FIEM, de 250 millones de euros, destinado a financiar el diseño, construcción y operación de la infraestructura. A ello se suma un seguro de crédito a la exportación por cuenta del Estado, gestionado por CESCE, que cubrirá hasta el 80% de otro tramo de financiación de cerca de 70 millones de euros concedido por Société Générale. El tercer componente es un crédito de 31 millones de euros del Fondo para Inversiones en el Exterior, FIEX, gestionado por COFIDES, para financiar parte de la aportación de Acciona al capital social de la sociedad de proyecto.
El Gobierno defiende la operación como una política de internacionalización empresarial y cooperación económica, no como una subvención directa a Marruecos. La Secretaría de Estado de Comercio la presenta como uno de los proyectos más importantes de cooperación financiera bilateral en infraestructuras sostenibles y subraya que en Marruecos operan más de 350 empresas españolas. En la ceremonia de Casablanca, López Senovilla señaló que la desaladora “no solo responde a una necesidad vital como es el acceso sostenible al agua”, sino que simboliza el buen momento de las relaciones económicas entre España y Marruecos.
La controversia pública ha ganado fuerza por el contraste con la situación española. En el sureste peninsular, dirigentes autonómicos y sectores vinculados al regadío han cuestionado que el Estado respalde una gran infraestructura hídrica en Marruecos mientras se mantiene la tensión sobre el trasvase Tajo-Segura y mientras Alicante, Murcia y Almería reclaman más inversión en desalación, reutilización, conducción, almacenamiento y modernización de regadíos. El Debate ha planteado esa crítica en términos directos, al contraponer los 340 millones de respaldo financiero a la desaladora de Casablanca con los recortes en los caudales transferidos al Levante.
Modelo concesional paralizado en España
SEOPAN ha estimado que las necesidades de inversión en conservación y mantenimiento de infraestructuras hidráulicas alcanzan 48.692 millones de euros en la próxima década. La misma información sectorial señala que el modelo concesional está prácticamente paralizado. En 2025 solo se licitaron 2.218 millones de euros en concesiones de obra, apenas el 1,9% de la licitación pública total, y desde la Ley de Desindexación de 2015 la licitación de concesiones de obra se ha reducido un 84%.
La paradoja es evidente. España cuenta con empresas punteras en desalación, ósmosis inversa, reutilización, bombeo, tratamiento terciario y operación de infraestructuras hidráulicas complejas, hasta el punto de liderar proyectos internacionales como el de Casablanca. Pero al mismo tiempo arrastra déficits internos en renovación de redes, pérdidas de agua, depuración, reutilización, interconexión entre sistemas y nuevas fuentes no convencionales. La discusión, por tanto, no es si una empresa española debe competir en Marruecos ni si el Estado debe apoyar su internacionalización. La cuestión es por qué esa capacidad tecnológica no se traduce con la misma intensidad en un programa interno sostenido de inversión hidráulica.
El caso de Casablanca ilustra también el nuevo paradigma de las grandes infraestructuras de agua. La desalación ya no se concibe únicamente como una planta industrial aislada, sino como un sistema integrado de captación marina, pretratamiento, bombeo de alta presión, bastidores de membranas, recuperación energética, remineralización, impulsión, almacenamiento, conexión a redes urbanas y gestión ambiental de salmueras. Si además se alimenta con energía renovable dedicada, el proyecto incorpora capacidad para sincronizar la demanda eléctrica continua de una desaladora de gran escala con generación eólica, contratos de suministro, respaldo de red y estabilidad operativa.
Estrés hídrico prolongado
En Casablanca, esa combinación responde a una necesidad estratégica de Marruecos. El país atraviesa una situación de estrés hídrico prolongado y ha convertido la desalación en una herramienta central para asegurar el abastecimiento urbano e industrial. La planta del Gran Casablanca beneficiará a Casablanca, Settat, Berrechid, Bir Jdid y regiones colindantes, y reservará hasta 50 millones de metros cúbicos anuales para usos agrícolas, según Acciona. Para Marruecos, la infraestructura no es solo una obra hidráulica, sino un activo de seguridad hídrica y desarrollo económico.
Para España, el proyecto tiene una doble lectura. Por un lado consolida a la ingeniería española como referente internacional en desalación, abre mercado para empresas nacionales, refuerza la presencia económica en Marruecos y permite participar en una infraestructura de gran escala financiada mediante instrumentos recuperables y de apoyo a la exportación. Pero también evidencia la falta de una política hidráulica nacional con el mismo grado de ambición, continuidad y financiación que España es capaz de respaldar en el exterior cuando se trata de proteger contratos internacionales de sus empresas.
