La COP31 afronta el reto de convertir los compromisos climáticos en infraestructuras

La cumbre de Antalya comienza con una llamada a transformar los objetivos de descarbonización en proyectos ejecutables. La electrificación que promueve su presidencia exige ampliar las redes, incorporar almacenamiento y adaptar edificios e industrias, mientras los plazos de construcción y suministro de equipos amenazan con retrasar el despliegue.

La COP31, inaugurada ayer en Antalya, Turquía, ha comenzado situando la ejecución de los compromisos climáticos entre sus prioridades. El secretario ejecutivo de ONU Cambio Climático, Simon Stiell, reclamó en la apertura descomponer los objetivos globales y los planes nacionales en actuaciones concretas, facilitar el acceso a la financiación y desarrollar las redes necesarias para transportar electricidad entre territorios. Para la ingeniería, ese planteamiento lleva la discusión hacia proyectos con capacidad definida, presupuesto, equipos disponibles y fecha de puesta en servicio.

Una de las iniciativas centrales de la presidencia turca es elevar hasta el 35 % la participación de la electricidad en el consumo final mundial de energía en 2035. La propuesta, presentada antes de la cumbre bajo la denominación 35-by-35, busca acelerar la electrificación del transporte, los edificios y la industria, acompañada de redes modernas, almacenamiento y flexibilidad. Se trata de una iniciativa de adhesión voluntaria, cuyo desarrollo debe distinguirse de los acuerdos que puedan adoptar formalmente las partes durante la conferencia.

El indicador mide cuánta energía se utiliza en forma de electricidad al final de la cadena, no qué porcentaje de la generación eléctrica es renovable. Sustituir una caldera, un vehículo o un proceso térmico por equipos eléctricos aumenta esa participación, pero su efecto sobre las emisiones depende también de cómo se produzca la electricidad. Esta cuestión ya ha generado debate en la apertura: organizaciones climáticas han cuestionado que el compromiso de electrificación no exija que toda la demanda adicional sea cubierta por fuentes bajas en carbono.

El problema de las conexiones y la inversión en redes

El principal obstáculo físico aparece en las conexiones. El informe Electricity 2026, publicado por la Agencia Internacional de la Energía (AIE) antes de la cumbre, sitúa en más de 2.500 GW los proyectos de generación renovable, almacenamiento y grandes consumidores pendientes en colas de acceso a redes de todo el mundo. La agencia calcula que atender la demanda prevista hasta 2030 requeriría aumentar aproximadamente un 50 % la inversión anual en redes desde los 400.000 millones de dólares de referencia.

Los calendarios tampoco encajan automáticamente. La AIE estima entre cinco y quince años para planificar, autorizar y completar nuevas infraestructuras de red, frente a uno a cinco años para proyectos solares y eólicos. El mismo informe identifica alternativas para aprovechar mejor las instalaciones existentes, como sustituir conductores, controlar los flujos o permitir conexiones sujetas a restricciones temporales de producción o consumo. Su aplicación requiere comprobar las condiciones particulares de cada sistema.

A los permisos se suma la disponibilidad industrial. Una encuesta de la AIE publicada en 2025 recogía plazos de adquisición de dos a tres años para cables y de hasta cuatro años para grandes transformadores. En determinados cables de corriente continua, las esperas superaban los cinco años. Son antecedentes que explican por qué los planes eléctricos necesitan traducirse pronto en compras y capacidad de fabricación: aprobar una inversión no garantiza que los componentes lleguen dentro del calendario previsto.

El almacenamiento

El almacenamiento introduce otra exigencia de precisión. Los megavatios indican la potencia que una instalación puede entregar; los megavatios hora expresan la energía almacenada. Como ejemplo de dimensionamiento, una batería de 100 MW y 400 MWh tendría una duración nominal de cuatro horas a plena potencia, antes de considerar pérdidas y restricciones operativas. La AIE advierte de que la contribución efectiva durante una punta depende de la temperatura, del estado de carga y de si parte de la capacidad está comprometida para otros servicios.

La integración renovable también exige mantener el equilibrio entre generación y demanda durante periodos de elevada producción solar o eólica y bajo consumo. El informe identifica como herramientas el desplazamiento de cargas, el almacenamiento y los servicios de ajuste. Asimismo, señala el papel de los inversores formadores de red y los compensadores síncronos para reforzar sistemas con una menor presencia de generadores síncronos. La planificación debe incorporar estas funciones junto con la capacidad energética.

Los retos de la adaptación

La adaptación aporta una segunda dimensión al debate sobre infraestructuras. En la jornada de salud celebrada durante la apertura, Stiell pidió programas nacionales para disponer de instalaciones sanitarias resistentes al clima, con electricidad fiable, agua limpia y sistemas de alerta. Desde el diseño de ingeniería, ese objetivo obliga a examinar la continuidad de los servicios bajo calor extremo, inundaciones o interrupciones del suministro, incluyendo las dependencias entre energía, refrigeración, abastecimiento de agua y accesibilidad.

La financiación deberá llegar a proyectos suficientemente preparados para ejecutarse. La iniciativa 35-by-35 plantea ampliar las carteras de inversiones viables y facilitar el acceso a recursos para electrificación, redes y almacenamiento, especialmente en los países en desarrollo. Para ello contempla la cooperación con bancos multilaterales e instrumentos concesionales que reduzcan el coste del capital. Esa preparación conecta las negociaciones financieras con los estudios técnicos y la definición de las obras.

España ofrece un ejemplo de la diferencia entre transformar la generación y electrificar el conjunto de la economía. En su revisión del país publicada el 5 de noviembre, la AIE señala que las renovables pasaron del 35 % al 56 % de la producción eléctrica entre 2015 y 2025. Sin embargo, la electricidad representa alrededor del 25 % del consumo final de energía, frente al objetivo nacional del 35 % en 2030. La agencia recomienda acelerar su uso en transporte, edificios e industria, modernizar las redes y ampliar la flexibilidad: actuaciones que vinculan los compromisos climáticos con decisiones de inversión y diseño durante esta década.