La carretera al borde del riesgo sistémico
Esta semana se ha celebrado el Congreso Andaluz de Carreteras, organizado por la Asociación Española de la Carretera (AEC) bajo el lema «La carretera, pulmón de la movilidad».
El programa del congreso se estructuró en cinco grandes sesiones, denominadas retos, que abordaron los principales desafíos actuales del sector: financiación y gestión de la red, movilidad eficiente y de bajas emisiones, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático, seguridad para todas las movilidades y carreteras inteligentes y conectadas. Como viene siendo habitual en los encuentros organizados por la AEC, el congreso contó con la participación de varios directores generales de carreteras de comunidades autónomas, en esta ocasión de Andalucía, Cantabria, Aragón, Castilla y León, Extremadura y la Comunidad Valenciana, así como de la Diputación Foral de Guipúzcoa.
Todos ellos intervinieron en la primera sesión del congreso, organizada en dos mesas redondas. La primera estuvo dedicada a la gestión de las redes autonómicas, con especial atención a la resiliencia, la seguridad, la conservación y la modernización de las infraestructuras. La segunda abordó los proyectos de colaboración público‑privada en las comunidades autónomas y las distintas iniciativas vinculadas al pago por uso.
Si hubo un mensaje común en ambas mesas, fue la llamada de atención sobre la urgente necesidad de incrementar la inversión en conservación de carreteras. Una reivindicación que durante años ha sido defendida por los técnicos de la administración y las empresas del sector, y que ahora ha sido asumida también por los directores generales de carreteras, primer eslabón de responsabilidad política en la gestión de las redes viarias.
La escasez de recursos destinados a la conservación, acumulada durante años, obliga a los gestores públicos a enfrentarse a decisiones cada vez más complejas: priorizar la inversión en carreteras con una intensidad media diaria (IMD) elevada y un estado aceptable, o intervenir en vías con menor tráfico pero con un avanzado deterioro y graves problemas de seguridad vial.
Esta preocupación ha trascendido el ámbito técnico y ha llegado también a la sociedad, cada vez más consciente del mal estado de muchas carreteras y de sus implicaciones para la seguridad vial. La carretera presenta una singularidad que no se da en otras infraestructuras de la ingeniería de caminos, como las presas o el ferrocarril: sus “operadores” son usuarios particulares, sometidos al Reglamento General de Circulación, que les obliga a adaptar su velocidad a las características de la vía. Sin embargo, esta circunstancia no puede convertirse en un cheque en blanco para que que los gestores nos limitemos a señalizar “firme en mal estado”. La situación ha alcanzado un nivel de gravedad tal que ya no resulta admisible trasladar la responsabilidad al usuario. Es imprescindible actuar.
Una carretera cuyos elementos se encuentran en buen estado es, sin duda, una carretera más segura. El estado del firme, la retrorreflexión de la señalización o la correcta disposición de las barreras de seguridad tienen una incidencia directa en los niveles de seguridad vial.
La importancia de la carretera como generadora de riqueza y como elemento esencial de la movilidad exige que la conservación no dependa de fondos variables ni de políticas coyunturales. Además, las cifras que habitualmente se publican sobre la inversión en conservación por parte de las administraciones pueden resultar engañosas. En muchos casos, los contratos de conservación integral —que absorben la mayor parte del presupuesto destinado a este fin en la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes— se centran fundamentalmente en la atención de la vialidad: gestión de accidentes e incidentes, vialidad invernal y pequeñas actuaciones puntuales sobre distintos elementos de la carretera.
Sin embargo, las actuaciones propiamente dichas de conservación y mantenimiento de la infraestructura, como la rehabilitación de firmes, la reparación de estructuras, la mejora del drenaje o las actuaciones de mejora funcional, no están incluidas en este tipo de contratos.
Por todo ello, resulta imprescindible que los presupuestos de las distintas administraciones cuenten con una partida específica y estable destinada a la preservación y adecuada conservación del patrimonio viario.
En el caso de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes, los elementos que configuran la carretera se encuentran identificados, inventariados y con su estado evaluado. Existen sistemas de gestión de firmes, puentes y señalización, entre otros, que permiten establecer una programación plurianual de las actuaciones con criterios técnicos de priorización. Asimismo, los procedimientos relacionados con la seguridad vial, el análisis de la accidentalidad y la definición de soluciones, de acuerdo con las directivas europeas, están plenamente consolidados desde hace años.
Desde el punto de vista técnico, es perfectamente viable establecer un Plan de Conservación de Carreteras, con una rigurosa programación plurianual de las actuaciones necesarias para mantener la red en condiciones adecuadas de seguridad y preservar el patrimonio viario de una descapitalización galopante. Para que esto sea posible lo que resulta imprescindible, y urgente, es la dotación económica que haga posible su implantación real. Hace falta voluntad política.
En este contexto, la Asociación de Ingenieros de Caminos tiene previsto organizar próximamente una Jornada dedicada a la carretera, en la que se abordará, entre otros aspectos, los riesgos actuales y la necesidad urgente de destinar un presupuesto estable y suficiente a la conservación de las carreteras.
