El TSJC obliga a Terrassa a devolver bienes y clientes a Mina, de los que se apropió indebidamente tras la remunicipalización

La sentencia publicada ayer por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña obliga al Ayuntamiento de Terrassa a restituir en tres meses a Mina Pública d’Aigües de Terrassa una parte de los bienes, derechos y clientes incorporados a la gestión municipal del agua. Si esa reversión ya no fuera materialmente posible, el consistorio se expone a una indemnización que distintas informaciones sitúan por encima de los 20 millones de euros. El fallo reabre uno de los conflictos más largos y costosos de la política local catalana y vuelve a poner en cuestión una remunicipalización que se presentó como ejemplo de eficiencia pública y que hoy amenaza con dejar una factura política, jurídica y económica que terminarán pagando los vecinos.

La resolución, fechada el 18 de abril, concluye que el Ayuntamiento incorporó indebidamente a la esfera pública determinados activos privados de Mina durante el proceso de remunicipalización del servicio de abastecimiento. El TSJC ordena devolver en un plazo máximo de tres meses bienes, instalaciones, clientes y derechos vinculados al centro histórico de Terrassa, Can Parellada y los núcleos de Aigües Calonge, Aigües Reig y Fontcuberta. El tribunal considera que esos clientes “no debieron revertir” en su momento a la Administración, y de ahí deriva la obligación de restitución o, en su defecto, de compensación económica.

El alcance económico del golpe no es menor. Se trata de en torno a 20.000 clientes afectados, aproximadamente una quinta parte de los abonados de TAIGUA, la empresa pública creada para asumir la gestión del agua en la ciudad. Si el tiempo transcurrido desde 2018 hace inviable deshacer totalmente la situación creada, el riesgo es que la devolución se transforme en una indemnización multimillonaria que recaiga sobre las finanzas municipales. En la práctica, eso significa que una decisión política presentada como modernizadora y beneficiosa para el interés general puede acabar convertida en un coste extraordinario soportado por la propia ciudad, directa o indirectamente, a través del presupuesto, de la capacidad inversora o de futuras tensiones tarifarias.

El conflicto arrastra ya una década. El origen formal está en el final de la concesión histórica otorgada a Mina, iniciada en 1941 y con una duración de 75 años, y en los acuerdos municipales adoptados en diciembre de 2016 para pasar a gestión directa. El Ayuntamiento culminó ese cambio con el acuerdo del pleno de 22 de marzo de 2018 y con la constitución de TAIGUA como ente público empresarial local. En 2022, el Tribunal Supremo no admitió a trámite el recurso de casación interpuesto por Mina contra la sentencia del TSJC de marzo de 2021 que había dado por terminada la concesión y confirmado aquellos acuerdos iniciales de 2016. Más tarde, en enero de 2024, el propio Ayuntamiento anunció otra resolución del TSJC que validaba el acuerdo plenario de 2018 y la constitución de TAIGUA. Ese es precisamente uno de los matices jurídicos más importantes del caso, ya que el fallo conocido ahora no tumba sin más toda la remunicipalización, pero sí corrige de forma severa la manera en que se ejecutó la reversión de determinados bienes y clientes privados.

Esa distinción entre el principio político de la gestión directa y la ejecución concreta de la segregación patrimonial es capital para entender el alcance del revés. El gobierno municipal ha reaccionado subrayando que la sentencia “no anula el acuerdo de segregación” y que, a su juicio, la red de distribución revirtió correctamente al Ayuntamiento. También sostiene que Mina no ha acreditado el número de clientes privados que reclama y recuerda que la resolución no es firme y puede recurrirse ante el Supremo en el plazo de treinta días. Es una defensa comprensible desde el punto de vista procesal, pero políticamente deja una imagen difícil de soslayar, porque después de años de litigio, una parte sustancial de la operación que debía simbolizar el éxito de la gestión pública está judicialmente bajo sospecha de haber incorporado activos privados de forma indebida.

Sentencia de 2021

No es, además, la primera advertencia ignorada. Ya en 2021 el TSJC había ordenado diferenciar con claridad qué bienes debían revertir al municipio y cuáles no. Según esa reconstrucción, el Ayuntamiento no habría ejecutado de forma suficiente aquella exigencia, lo que desemboca ahora en una nueva resolución mucho más exigente y en la ejecución forzosa instada por Mina. Si ese encadenamiento se confirma en una eventual firmeza posterior, el problema no sería solo el conflicto heredado de la remunicipalización, sino la persistencia en una estrategia jurídica que ha ido multiplicando el riesgo económico con el paso del tiempo.

La dimensión económica del caso se agrava porque llega en un momento delicado para la propia estructura de TAIGUA. Desde el 1 de enero de 2026, el suministro en alta que dependía de la planta de Abrera ha pasado a ser gestionado por ATL, el ente de la Generalitat. La propia TAIGUA informó en febrero de que ATL prevé invertir 158 millones de euros hasta 2032 para modernizar esas instalaciones y reforzar la fiabilidad del sistema para Terrassa, Matadepera, Ullastrell y Viladecavalls. Antes, en diciembre de 2025, la información local ya avanzaba que TAIGUA pasaría a pagar un canon progresivo a ATL y que el coste de compra de agua previsto para 2026 subía desde 1,86 millones a 8,19 millones, aunque la empresa municipal dejaba también de asumir el mantenimiento y determinadas inversiones de la planta. Es decir, el modelo ya estaba entrando en una nueva fase financiera y operativa cuando ha irrumpido esta sentencia con una amenaza de indemnización millonaria sobre la mesa.

Incrementos de tarifas

En torno a las tarifas, el debate lleva tiempo siendo áspero. Los incrementos acumulados desde la remunicipalización rondan el 40% en la factura del agua en Terrassa, pese a que el Ayuntamiento y TAIGUA niegan que el aumento de las tarifas sea atribuible al cambio de modelo. La promesa original de una gestión pública más eficiente, menos conflictiva y económicamente ventajosa ha terminado acompañada de controversias judiciales, subidas tarifarias, cambios sobrevenidos en el esquema de abastecimiento en alta y ahora un posible quebranto de decenas de millones.

Terrassa fue durante años uno de los grandes emblemas de la remunicipalización del agua en España, citada por los defensores del modelo como prueba de que la gestión directa podía imponerse a las concesiones históricas y recuperar para lo público un servicio esencial. Esa carga simbólica explica también la dimensión de la caída. Cuando un proceso de esta naturaleza se judicializa durante años y desemboca en una orden de devolución de activos y clientes, el debate deja de ser ideológico y pasa a ser patrimonial. Ya no se trata solo de quién debe gestionar el agua, sino de cuánto cuesta al contribuyente una transición mal ejecutada, con cuántos pleitos, con qué inseguridad jurídica y con qué daño sobre la confianza institucional. La tesis de que todo valía en nombre de la remunicipalización choca ahora con la realidad de que los jueces distinguen entre lo que se podía revertir y lo que no, y esa diferencia puede pagarse muy cara.

A partir de aquí, el Ayuntamiento tiene dos frentes abiertos. El jurídico, porque previsiblemente tratará de recurrir o, al menos, de limitar el impacto material del fallo. Y el político, porque tendrá que explicar por qué una operación presentada como garantía de control público y mejora del servicio ha terminado derivando en un conflicto que amenaza con socializar las pérdidas entre los vecinos. La ciudad puede discutir durante meses si la resolución afecta o no al corazón de la municipalización, si Mina ha acreditado mejor o peor sus clientes o si la cifra final se acercará o no a los 20 millones. Pero hay una conclusión ya difícil de evitar: cuando una administración promete eficiencia pública y acaba ante un escenario de devolución forzosa o indemnización millonaria, el balance deja de medirse en consignas y empieza a medirse en dinero. Y ese dinero, en último término, no lo paga un eslogan. Lo pagan los ciudadanos de Terrassa.