El teatro del absurdo

El teatro del absurdo surgió en una Europa devastada por las guerras, cuando la barbarie había difuminado las grandes palabras y desmoronado las antiguas certezas. Beckett o Ionesco llevaron a escena personajes que hablaban sin entenderse y repetían fórmulas gastadas en situaciones en las que las causas parecían habían perdido toda relación con sus consecuencias. La dimisión de Óscar Puente nos ofrece la versión sanchista del género, con un ministro que quiere demostrar su responsabilidad quedándose hasta que pretende demostrar esa misma responsabilidad marchándose.

La comparación tiene un límite revelador. Aquellas obras exponían la quiebra del sentido para obligar al espectador a reconocerla, mientras que Sánchez necesita que el espectador no repare en ella y acepte cada versión como definitiva, para olvidarla en cuanto aparezca la siguiente. La coherencia se ha convertido en una molestia y la memoria en una forma de deslealtad. Al ciudadano se le exige una flexibilidad infinita, que consiste en asentir a dos argumentos incompatibles sin preguntar qué ha cambiado entre uno y otro.

El primer acto transcurrió con Puente defendiendo su continuidad y anunciando medidas. El último terminó con su renuncia ante la Diputación Permanente. Entre ambos no hubo una explicación proporcionada al tamaño del giro. Quien permanecía para resolver el problema acabó presentando su salida como la respuesta necesaria. El escenario parlamentario, destinado a examinar una gestión, quedó absorbido por la sorpresa de la despedida. La noticia de quién se marchaba desplazó a la pregunta de qué había fallado y quién debía responder por ello.

La escenografía merece detenerse en sus detalles. Por la mañana, Puente presenta medidas tras el Consejo de Ministros y defiende que seguirá al frente del departamento. Por la tarde acude a la Diputación Permanente y arremete contra quienes reclaman su dimisión. Y, de pronto, a las nueve y diez, con los telediarios y los informativos radiofónicos en horas de máxima audiencia, anuncia que se marcha. Patxi López, que había defendido con ahínco su continuidad, demuestra de nuevo que es el último en enterarse de lo que se cuece. Su encendida defensa del ministro quedaba así inmediatamente desautorizada por el propio defendido.

La secuencia tiene todos los ingredientes de un buen guion. Sostener la tensión durante horas, reservar la sorpresa para el momento de mayor repercusión y convertir una comparecencia de rendición de cuentas en el prestigio final de una despedida. El desenlace ocupa las pantallas y desplaza las preguntas. Cuesta imaginar una exhibición más descarnada de las prioridades del poder, con la tragedia todavía abierta y las familias en pleno duelo, en un sádico juego electoralista que pretende que el público confunda el espectáculo con la dignidad de sus protagonistas.

El coro tampoco salió bien parado. Quienes llevaban días defendiendo a Puente tuvieron que acomodarse a un desenlace que invalidaba todos sus esfuerzos. Habían argumentado a favor de que continuase y se encontraron con una dimisión convertida en motivo de reivindicación gubernamental. Esa facilidad para cambiar de posición conservando intacta la solemnidad constituye una de las especialidades del Gobierno y sus defensores. Las convicciones duran lo que tarda el protagonista en asumir su nuevo papel. Después, todos vuelven a sentar cátedra como si nada hubiera ocurrido.

La función alcanza su expresión más irritante cuando la renuncia se transforma en un certificado de superioridad moral. El Gobierno pretende obtener reconocimiento por la salida del ministro al que había sostenido frente a quienes la reclamaban. La dimisión sirve así para proteger al mismo presidente al que antes protegía la resistencia del ministro. Y el espectáculo deviene en bochornoso cuando constatamos que se trata de apartar a Puente y presentar ese desenlace como un mérito de Sánchez, que pretende hacer caja, urna más bien, también por rectificar su propia decisión.

Sánchez no era un mero espectador. Nombró a Puente, respaldó su gestión y sostuvo su continuidad. Tiene que responder por esas decisiones. La responsabilidad política no se agota en el ministro que entrega la cartera ni desaparece entre los elogios de la despedida. Si el relevo era necesario para recuperar la confianza, el presidente debe explicar por qué lo rechazó mientras otros lo exigían. La gratitud al colaborador no puede sustituir al examen de la gestión de quien lo eligió y lo mantuvo días después de Urda y meses después de Adamuz.

Tampoco hace falta atribuir personalmente un accidente al ministro para pedirle responsabilidades. Esa confusión ha sido una defensa particularmente pobre. La investigación determinará causas y posibles responsabilidades individuales. La política debe examinar decisiones, prioridades, supervisión y capacidad de respuesta. Un Gobierno que exige esperar a la última resolución para valorar a sus responsables pretende disfrutar del poder durante todo el mandato y aplazar indefinidamente la obligación de responder por su ejercicio.

Mientras tanto, quienes reclamaban explicaciones recibían reproches por aprovechar el dolor. El recurso resulta especialmente indecente cuando ese mismo dolor termina invocado para dignificar la salida del gobernante. Las víctimas no pueden servir alternativamente para impedir una crítica y para enaltecer una dimisión. Exigir cuentas forma parte del respeto que merecen. Convertir cada objeción en una agresión política es una manera de blindarse frente a quienes tienen derecho a formularla.

En esta representación se corre además el riesgo de desplazar la compasión hacia el ministro que abandona el cargo. Su desgaste, su “calvario” y su porvenir ocupan el centro del escenario. Pero fuera quedan familias para las que no existe relevo, descanso, ni siguiente destino profesional. La desproporción es obscena ya que el desenlace de una carrera política recibe una elaboración sentimental que amenaza con eclipsar las vidas interrumpidas. La gravedad institucional exige que el gobernante conserve la conciencia de esa distancia.

El calendario electoral acentúa el contraste. La campaña necesita entusiasmo, mensajes fáciles y una promesa de futuro, mientras que el duelo exige tiempo, contención y respuestas. La salida de Puente despeja un obstáculo para Sánchez, pero esa utilidad electoral no equivale a una reparación. Una sociedad herida no recupera la confianza porque el partido gobernante encuentre por fin una fotografía utilizable. Hay una diferencia moral entre acompañar el sufrimiento y administrarlo como dificultad de campaña.

Recuperar la confianza en los trenes requiere algo más que este teatrillo. Una comparecencia o una dimisión no equivalen a un protocolo implantado, el anuncio de unas medidas improvisadas no es una actuación ejecutada y un cambio de ministro no certifica la fiabilidad de una red. El ciudadano debe poder conocer qué se ha revisado, qué sigue pendiente y quién garantiza cada comprobación. La repetición de promesas resulta especialmente intolerable si sirve para eludir ese inventario. Un Gobierno serio dejaría una relación verificable de sus decisiones, sus resultados y sus errores. La despedida que ofrece Sánchez aspira a conservar intacto su crédito. Puente abandona el puesto, pero permanecen las preguntas que su comparecencia debía responder. En “Moscú no existe”, de Santiago Sánchez y L’Om Imprebís, contemplamos una sociedad que sigue tomando el té mientras el mundo arde, esperando un tren que nunca llega. Pero España tiene derecho a exigir algo mejor. Los pasajeros compraron un billete para llegar a su destino. Nadie les pidió permiso para convertirse en figurantes de esta absurda función.