El PP da un primer paso, pero hay mucho camino por delante

En los últimos meses y sobre todo tras las intensas e inusuales lluvias de enero y febrero, el mantenimiento del parque de presas españolas se ha convertido en una urgencia. Por eso hay que empezar reconociendo que es una buena noticia que el Partido Popular haya decidido situar en el debate público la seguridad, modernización y refuerzo estructural de nuestras infraestructuras hidráulicas con el anuncio de un plan de emergencia. No se trata de una cuestión menor, ni meramente sectorial. Las presas son piezas críticas de la seguridad nacional, de la garantía de suministro, de la protección frente a avenidas y de la generación hidroeléctrica en un país que afronta una electrificación acelerada de su economía.

Durante demasiado tiempo el mantenimiento de estas infraestructuras se ha tratado como un asunto casi invisible al que se han dedicado partidas presupuestarias insuficientes e intervenciones puntuales tras cada episodio de alarma. Que un partido con aspiraciones de gobierno anuncie un plan de emergencia y hable de cifras concretas, como 5.000 millones para modernizar presas, 3.500 millones en defensas estructurales y alrededor de 1.500 millones en restauración fluvial e infraestructuras verdes, supone una recuperación del lenguaje de la ingeniería en la conversación política. Y eso merece ser valorado.

Especialmente acertado resulta el planteamiento de que el mantenimiento no puede ser episódico ni reactivo, sino estructural. Las presas no se conservan con declaraciones ni con actuaciones puntuales. Se conservan con inspecciones periódicas, con auscultación moderna, con refuerzos, con sistemas de aliviaderos actualizados y con una partida anual estable recogida en los Presupuestos Generales del Estado. Convertir la conservación en una política permanente y no en una respuesta coyuntural es una reivindicación histórica del sector técnico. Que ahora se incorpore al discurso político es un gran primer paso.

También lo es el anuncio de un programa extraordinario de 4.000 millones de euros para las Cuencas Mediterráneas. Ahí el plan baja al terreno de las obras reclamadas desde hace años por los ingenieros. La ejecución de presas estratégicas como las de Villamarchante, Estubeny, el Marquesado, la nueva presa de Buseo o la anticipación de Montesa, además de actuaciones en barrancos y áreas endorreicas no son actuaciones que podamos seguir aplazando.

Tras la DANA que golpeó Valencia, más allá de la incompetencia de Mazón o de la falta de avisos a la población, muchos profesionales recordaron que una planificación hidrológica adecuada, con obras ejecutadas a tiempo, habría reducido de forma significativa los daños. No se trata de caer en simplificaciones ni en determinismos, porque ninguna infraestructura elimina por completo el riesgo, pero sí de reconocer que la anticipación salva vidas y patrimonio. Las presas estratégicas, los encauzamientos y las defensas estructurales no son caprichos de los ingenieros, son instrumentos de protección civil y cada día de retraso en su ejecución es un día más que los ciudadanos siguen desprotegidos, por mucho escudo social que nos prometan.

También merece reconocimiento el gesto del PP de reunirse con asociaciones de ingenieros para escuchar sus diagnósticos y propuestas. En un tiempo en que la técnica a menudo queda subordinada al titular, abrir la puerta a colegios profesionales y expertos es una buena señal. La ingeniería hidráulica española es una de las más prestigiosas del mundo, y sus profesionales llevan años advirtiendo del envejecimiento de parte del parque de presas y de la necesidad de reforzar sistemas de auscultación, compuertas, aliviaderos y planes de emergencia. Escuchar sus propuestas y sus reivindicaciones es una obligación de cualquier responsable público, pese a que la ministra de Transición Ecológica se empeñe en ignorarlos y no responda a sus repetidas peticiones de reunirse con ellos.

Es, como decía, un primer paso en la buena dirección, pero queda mucho camino por recorrer. El plan del PP habla de una movilización de 100.000 millones de euros hasta 2035 para el conjunto de políticas de agua, incluyendo infraestructuras hídricas críticas y medidas de adaptación. Sin embargo, apenas concreta unos 10.000 millones, 5.000 para modernización de presas, 3.500 en defensas estructurales y 1.500 en restauración fluvial e infraestructuras verdes. ¿Y los otros 90.000 millones? ¿A qué obras, programas o estrategias se destinarán? ¿En qué plazos? ¿Con qué prioridades territoriales?

Una cifra redonda impresiona, pero es necesario un plan detallado. Si de verdad se quiere situar el agua como política de Estado, es imprescindible presentar un plan nacional del agua, con memoria económica, cronograma, mapa de actuaciones y criterios técnicos explícitos. España es un país de contrastes hídricos extremos, de sequías recurrentes, avenidas torrenciales, cuencas excedentarias y cuencas deficitarias. Y esta condición se agrava con el cambio climático. Afrontar ese desafío exige algo más que un compromiso genérico de inversión.

Ese plan debería abordar, sin ambigüedades, la construcción de nuevos embalses, la modernización y ampliación de los existentes y los trasvases entre cuencas. Sí he dicho trasvases, lo siento. Pero resulta que el agua es de todos y tenemos la obligación de compartirla y transportarla desde donde sobra a donde falta. Y hay que planificar y construir también los sistemas de rebombeo que permitan optimizar la generación hidroeléctrica y el almacenamiento de energía. La transición energética no puede ser solo eólica y solar. La energía hidroeléctrica, gestionable y almacenadora, es una pieza clave de respaldo en un sistema dominado por renovables intermitentes.

La política hidráulica no puede seguir atrapada en trincheras ideológicas. El agua no es de izquierdas ni de derechas, ni pertenece a aragoneses, castellano manchegos, valencianos o murcianos. Es un recurso estratégico. La ingeniería ofrece herramientas y la política debe decidir, pero sobre bases técnicas sólidas. Gobernar es priorizar, dicen, pero en materia de agua, priorizar significa garantizar el suministro a hogares, agricultura e industria, prevenir sequías e inundaciones y dotar al sistema eléctrico de la flexibilidad que requiere una sociedad cada vez más electrificada.

Un plan nacional serio debería incluir un inventario actualizado del estado estructural de todas las presas, con clasificación de riesgos y calendario de intervenciones, un programa de nuevas infraestructuras en cuencas vulnerables, una estrategia de interconexión y trasvases evaluada con rigor ambiental y económico y un marco estable de financiación plurianual que trascienda legislaturas. También debería incorporar indicadores de seguimiento y mecanismos de transparencia para que la sociedad conozca el grado de ejecución real.

Los 100.000 millones hasta 2035 no pueden quedarse en un titular ambicioso sin desglose. Si el PP aspira a gobernar, debe explicar con precisión qué obras se ejecutarán, en qué orden, con qué impacto esperado y con qué modelo de gestión. La política hidráulica no admite improvisaciones ni vaguedades.