El patrimonio demonizado que sostiene a España

Hay infraestructuras cuya importancia se puede medir en números. Y otras cuyo valor es incalculable, porque sin ellas nada más podría existir. Los embalses españoles pertenecen a ambas categorías. Son cifras colosales, más de 55.000 millones de euros al año en beneficios y 530.000 empleos, según el reciente informe El valor económico y estratégico de los embalses en España, del Consejo General de Economistas. Pero también son esas presencias discretas que, desde hace décadas, no sólo sostienen la agricultura y la industria en un país que, paradójicamente, solo recuerda el agua cuando falta.

El estudio del CGE certifica que los embalses no son una pieza más del engranaje territorial, son el eje sobre el que gira buena parte de nuestra economía. “La aportación al PIB es mucho mayor de lo que tradicionalmente se reconoce”, señala el informe. Y tiene razón. Porque, aunque fuese posible cuantificar al céntimo cada hectárea en regadío, cada megavatio hidroeléctrico, cada proceso industrial dependiente del agua, seguiría faltando la cifra más importante: la del agua que hace posible la vida en gran parte de España.

Sin presas, España apenas podría aprovechar el 8% del agua de lluvia que cae sobre su territorio. Gracias a ellas, la cifra asciende al 40%. Esa diferencia no es un matiz técnico, es la diferencia entre un país habitable y un territorio condenado a la desertificación económica y humana. Recuerda Milton en su Paraíso perdido que “la ingratitud es el veneno mismo de la humanidad”. Y viene a decir que este sentimiento corresponde a una experiencia de abundancia, donde no existe conciencia de que uno es el receptor de un grandioso obsequio. El caso de España es, sí cabe, más sangrante. Porque las presas no son un maná divino ni una jauja que hayamos encontrado por casualidad recorriendo el Perú, son un regalo que nos hemos hecho a nosotros mismos durante generaciones invirtiendo en él ingentes cantidades de trabajo y capital.

Dos tercios de la producción agraria española dependen del regadío. En un mundo donde las sequías ya no son episodios, sino estaciones adicionales, la capacidad de regulación hídrica es la única barrera entre la seguridad alimentaria y el colapso. Cada embalse es un seguro de estabilidad para el campo y para los miles de pueblos que respiran gracias a él. La agricultura no es solo un sector económico, es un territorio vivo. Y sin agua almacenada, gran parte de ese territorio estaría hoy vacío.

La hidráulica y los sistemas de bombeo no solo producen energía limpia, son, en palabras del CGE, un “almacén natural de energía”, imprescindible para integrar la eólica y la solar. Cada embalse es, en realidad, una gigantesca batería renovable que nadie parece dispuesto a reconocer cuando se habla de transición energética. Sin ellos, España tendría una electricidad más cara, más inestable y más dependiente.

De la industria química a la metalurgia, del papel a la alimentación, miles de empresas necesitan un suministro constante de agua para no detener sus procesos. Los embalses garantizan esa continuidad y explican por qué más de medio millón de empleos se sostienen en esas masas de agua que algunos consideran meros artefactos del pasado.

El dato debería acabar con el relato de quienes pretenden ser los grandes paladines de la lucha contra el cambio climático. Pero España transita desde hace años por inquietantes paradojas. Y lejos de diseñar un gran pacto hidráulico nacional, lo que cualquier país con nuestra geografía y condiciones climáticas consideraría esencial, el debate público y político parece haber convertido las presas, los trasvases y las obras hidráulicas en anomalías indeseadas, en elementos que habría que eliminar para devolver la libertad a los ríos.

El Gobierno y varios de sus socios parlamentarios insisten en presentar estas infraestructuras como un problema ambiental, olvidando que el verdadero problema ambiental es no tener agua, depender del azar hidrológico y renunciar a la planificación. Una sociedad que desconfía de su propio sistema de regulación hídrica es una sociedad que camina hacia la desaparición. Un Plan Nacional del Agua que unifique criterios, que conecte cuencas, que contemple nuevos embalses allí donde sean necesarios y modernice los existentes es no ya urgente sino imprescindible.

Los economistas del CGE lo recuerdan con sobriedad. Ante el cambio climático, España necesita más regulación, más tecnología, más mantenimiento y, cuando proceda, nuevas presas. No se trata de nostalgia ingenieril ni desarrollismo desfasado. Se trata de supervivencia económica y ecológica. El valor del agua y de las infraestructuras que la guardan y distribuyen no puede medirse solo en euros. Su valor es estratégico, social, territorial y profundamente humano. Porque en torno a ellas surgió la civilización, fluyendo con el río cuando este lo permitía, como en Egipto, o dominándolos y controlándolos cuando era necesario, como en Mesopotamia.

No podemos permitir que algunos sigan mirando a nuestros embalses como molestas cicatrices del pasado, porque son la esperanza del futuro y el requisito del presente. Y haríamos bien en recordarlo antes de que la sequía o las brutales riadas, con su lenguaje implacable, nos obliguen a entenderlo, como casi siempre, demasiado tarde.