El Gobierno da prioridad en permisos y conexiones eléctricas a los grandes proyectos industriales estratégicos
El nuevo procedimiento permitirá obtener una declaración preliminar en un mes y completar el reconocimiento en un máximo de tres. La calificación podrá acelerar autorizaciones, facilitar el acceso a ayudas y otorgar preferencia o una reserva temporal de capacidad eléctrica, aunque no eximirá a los proyectos de la evaluación ambiental, los controles técnicos ni la autorización de inversiones extranjeras.
El Consejo de Ministros aprobó ayer el real decreto que regula el Comité de Inversiones Estratégicas y desarrolla el procedimiento para declarar los denominados Proyectos Estratégicos de Inversión. El nuevo instrumento crea una vía de tramitación prioritaria para iniciativas empresariales o de colaboración público-privada que, por su dimensión, impacto industrial o contenido tecnológico, se consideren relevantes para las capacidades productivas, científicas y económicas de España.
La norma desarrolla el artículo 29 del Real Decreto-ley 7/2026, aprobado en marzo, que creó esta figura y anticipó buena parte de sus efectos. El objetivo declarado es reducir la incertidumbre administrativa que condiciona inversiones intensivas en capital y con largos periodos de maduración, como plantas de baterías, fábricas de tecnologías limpias, centros de datos, instalaciones de hidrógeno, proyectos de descarbonización industrial, semiconductores, industrias vinculadas a materias primas críticas o nuevas infraestructuras aeroespaciales.
El procedimiento tendrá dos fases. En la primera, el Comité de Inversiones Estratégicas analizará la solicitud y deberá pronunciarse sobre la declaración previa en el plazo de un mes. Esta primera resolución actuará como una señal temprana sobre la viabilidad estratégica del proyecto, pero tendrá carácter de propuesta y no equivaldrá todavía al reconocimiento definitivo.
La segunda fase incluirá un análisis más profundo de la madurez técnica y financiera de la inversión, su impacto económico y territorial, el empleo cualificado previsto, sus necesidades de recursos y su contribución a la autonomía estratégica. La decisión definitiva corresponderá a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, a propuesta del Comité. El plazo máximo para completar el procedimiento será de tres meses desde la presentación de la solicitud y, si no se dicta resolución expresa, el silencio tendrá carácter desestimatorio.
Criterios de selección
Entre los primeros criterios de selección figuran un volumen de inversión relevante en términos nacionales o en relación con la economía del territorio de implantación y la creación de empleo altamente cualificado o significativo para la zona. También se valorarán el grado de ejecución del plan de negocio, la solvencia económica y técnica del promotor, la escalabilidad de la tecnología, el esfuerzo en investigación y desarrollo y la capacidad del proyecto para crear una cadena de suministro o un ecosistema industrial propio.
La evaluación incorporará además parámetros específicamente técnicos: eficiencia energética, flexibilidad aportada al sistema eléctrico, utilización de energías renovables, huella de carbono, consumo de agua y otros recursos, impacto ambiental, grado de digitalización y contribución a la seguridad económica. Tendrán especial consideración las tecnologías de cero emisiones netas recogidas en el Reglamento europeo de industria de tecnologías limpias, los proyectos relacionados con materias primas fundamentales y los Proyectos Importantes de Interés Común Europeo, conocidos como IPCEI.
El decreto identifica como ámbitos preferentes la transición energética, la digitalización, la descarbonización industrial, las tecnologías limpias, la salud, la industria agroalimentaria y el sector aeroespacial. No se establece, sin embargo, un catálogo cerrado: podrán solicitar la declaración proyectos de cualquier actividad que acrediten un interés público, social, ambiental o económico suficiente. Quedan excluidas las operaciones puramente societarias, como la adquisición de acciones, las ampliaciones o reducciones de capital y las modificaciones estructurales de sociedades.
La declaración permitirá considerar prioritarios determinados expedientes, coordinar a los organismos estatales implicados y acompañar al promotor durante la tramitación. También podrá facilitar la relación con comunidades autónomas y ayuntamientos, aunque el Estado no podrá sustituir a las administraciones que tengan atribuida la competencia material sobre una autorización.
La condición estratégica no constituye, por tanto, una autorización integrada ni elimina la necesidad de obtener permisos urbanísticos, ambientales, energéticos, industriales o de ocupación del dominio público. Cada expediente seguirá sometido a su legislación sectorial y el promotor deberá aportar los estudios, proyectos constructivos, garantías y análisis técnicos exigibles. La ventaja consiste principalmente en alterar el orden de tramitación, reforzar la coordinación institucional y, cuando la legislación lo permita, aplicar el procedimiento de urgencia.
Prioridad en el acceso al sistema eléctrico
El efecto potencialmente más importante se producirá en el sistema eléctrico. El decreto permite que los proyectos estratégicos tengan preferencia en el acceso y conexión de la demanda cuando compitan con otros consumidores por una capacidad limitada. La resolución definitiva podrá incluir una reserva temporal de capacidad en uno o varios nudos, que deberá ser respetada por los gestores de las redes de transporte o distribución durante el periodo establecido.
El mecanismo va más allá de una mera reducción de plazos. Cuando se admita una solicitud de acceso correspondiente a una instalación de consumo considerada de alta prioridad, el gestor de la red podrá suspender otras solicitudes que se estén tramitando en el mismo nudo o en una zona de capacidad compartida, salvo que resulte técnicamente posible atenderlas simultáneamente. Tras una actualización de la planificación eléctrica, las solicitudes estratégicas también podrán anteponerse a otros consumos en la asignación de la nueva capacidad disponible.
La prioridad no significa, sin embargo, que el proyecto reciba automáticamente la potencia solicitada. El gestor deberá verificar la capacidad del nudo, la viabilidad de la conexión, los flujos de carga, los niveles de cortocircuito, las condiciones de seguridad y las obras necesarias para incorporar la nueva demanda. Si la red no puede atender el suministro, la declaración estratégica no crea por sí misma capacidad adicional.
En esos casos, las instalaciones eléctricas necesarias podrán ser incorporadas de forma acelerada a la planificación de la red de transporte mediante una modificación puntual, siempre que superen un análisis de viabilidad técnica y económica. Las autorizaciones administrativas y la evaluación ambiental de esas infraestructuras, cuando correspondan al Estado, podrán tramitarse con carácter urgente y con una reducción de los plazos a la mitad.
Generación renovable y almacenamiento
La norma también contempla los proyectos que necesiten construir generación renovable o almacenamiento asociados a su consumo. Si se demuestra que esas instalaciones son indispensables para la viabilidad del complejo industrial, podrán recibir preferencia en el otorgamiento de capacidad de generación cuando esta deba adjudicarse mediante un concurso de acceso. Este diseño puede resultar especialmente relevante para complejos electrointensivos, centros de datos, plantas de hidrógeno, fábricas de baterías o instalaciones de producción de combustibles sintéticos.
La preferencia eléctrica será una ventaja competitiva significativa en un sistema en el que numerosos nudos de transporte y distribución se encuentran saturados. También obligará a establecer controles estrictos sobre la madurez de los proyectos para impedir que iniciativas especulativas bloqueen capacidad que podría utilizar otra industria. Entre los parámetros que deberán analizarse figuran la disponibilidad de terrenos, la ingeniería básica, los contratos de suministro, la financiación, el calendario de construcción y los compromisos de consumo efectivo.
La declaración podrá facilitar asimismo el acceso a programas específicos de ayudas y fondos públicos. Esto no supone la concesión automática de una subvención ni garantiza financiación estatal. El proyecto deberá cumplir las condiciones de cada convocatoria, la normativa europea sobre ayudas de Estado y las exigencias presupuestarias correspondientes. La calificación permitirá priorizar su acompañamiento y podrá simplificar la justificación del interés público necesaria para articular determinadas ayudas directas.
Comité de Inversiones Estratégicas
El Comité tendrá una presidencia compartida entre la Oficina de Asuntos Económicos y G20 de la Presidencia del Gobierno y la Secretaría de Estado de Economía. Contará con cinco vicepresidencias y representación de los departamentos competentes en industria, Hacienda, energía, digitalización, medio ambiente, vivienda, defensa, transporte, ciencia, sanidad, agricultura y comercio, además de Seguridad Nacional, Prospectiva Estratégica e ICEX-Invest in Spain. La inclusión de responsables ambientales y de seguridad pretende incorporar esos condicionantes desde las primeras fases de evaluación.
Esta estructura interministerial responde a la naturaleza transversal de los proyectos. Una gran instalación industrial puede necesitar simultáneamente acceso eléctrico, disponibilidad de agua, conexión ferroviaria o portuaria, autorización ambiental, incentivos financieros, permisos de obra y, si existe inversión extranjera, autorización administrativa previa. El Comité no concentrará formalmente todas esas competencias, pero deberá construir una hoja de ruta conjunta y detectar los principales riesgos antes de que la inversión entre en la fase de ejecución.
La vía rápida tampoco rebaja los controles ambientales. Los proyectos y sus infraestructuras asociadas seguirán sometidos a la evaluación de impacto ambiental ordinaria o simplificada que corresponda. La reducción de plazos afecta a la prioridad y duración de la tramitación, no a la documentación técnica ni a la obligación de analizar alternativas, afecciones sobre agua, suelo, biodiversidad, emisiones, paisaje o patrimonio. El principal desafío será acelerar las decisiones sin degradar la calidad de los estudios ni trasladar incertidumbre a la fase constructiva.
Fondos y grupos industriales chinos
El desarrollo reglamentario también mantiene íntegro el sistema de control de inversiones extranjeras. Cuando un proyecto necesite autorización conforme al Real Decreto 571/2023, el procedimiento para obtener la declaración estratégica quedará condicionado a esa decisión. Una denegación impedirá la calificación y las condiciones impuestas a la inversión extranjera pasarán a formar parte de las obligaciones vinculadas al proyecto estratégico.
Este punto afecta particularmente al interés de fondos y grupos industriales chinos. El origen chino del capital no impide solicitar la declaración, pero tampoco proporciona un trato privilegiado ni evita el control sobre inversiones exteriores, competencia, seguridad nacional o tecnologías críticas. Hasta ahora no se ha publicado una lista oficial de solicitantes o beneficiarios, por lo que no puede afirmarse que una parte determinada de los proyectos vaya a ser adjudicada a capital chino. Lo que sí existe, según informaciones empresariales, es interés de inversores de ese país en utilizar el nuevo procedimiento para proyectos industriales en España.
El diseño inicial recibió objeciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por la amplitud de algunos criterios y el riesgo de discrecionalidad. La CNMC pidió criterios más objetivos, una baremación transparente y una motivación suficiente, dado que la declaración puede alterar el orden de tramitación y conceder ventajas relevantes en recursos escasos, como la capacidad eléctrica. El texto aprobado incorpora una estructura colegiada más amplia y mecanismos de motivación, aunque su aplicación práctica determinará si existe una metodología suficientemente previsible para comparar proyectos.
La declaración definitiva podrá imponer compromisos de inversión, empleo, calendario, consumo energético, desarrollo tecnológico o cumplimiento ambiental. El Comité realizará el seguimiento durante la vida del proyecto y podrá proponer la revocación si el promotor incumple las condiciones asumidas. Esta facultad será decisiva para evitar que la calificación se convierta en una reserva indefinida de capacidad o en una ventaja administrativa desvinculada de la ejecución real.
La eficacia del nuevo sistema dependerá menos del plazo formal de tres meses que de su capacidad para integrar decisiones técnicas dispersas. Obtener el sello estratégico no resolverá por sí solo una conexión de cientos de megavatios, una infraestructura hidráulica insuficiente o una evaluación ambiental compleja. Sí puede permitir que esas restricciones se identifiquen desde el inicio, que las administraciones adopten decisiones coordinadas y que los proyectos con ingeniería, financiación y demanda acreditadas avancen por delante de iniciativas menos maduras.
