Casi un año después de la DANA de Valencia, el sistema de alerta temprana sigue sin estar operativo
A punto de cumplirse once meses de la DANA del 29 de octubre de 2023 que dejó 229 víctimas mortales en Valencia, el sistema de alerta temprana (SAT) prometido por el Ministerio para la Transición Ecológica continúa sin estar plenamente operativo.
El proyecto, adjudicado inicialmente mediante un contrato de emergencia en noviembre de 2023 con un plazo de seis meses, debía mejorar la capacidad predictiva ante avenidas e inundaciones en cauces como el barranco del Poyo, el río Magro y la cuenca del embalse de Buseo. Sin embargo, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha admitido retrasos y ha sacado ahora un nuevo contrato de 1,69 millones de euros, con una duración de tres años, para completar su implantación en toda la cuenca.
Por el momento, solo están operativos los módulos pluviométricos, mientras que los hidrológicos se implementarán “por zonas, de forma progresiva”. La CHJ justifica los retrasos en la complejidad técnica y en la necesidad de adaptar la financiación fuera de los plazos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
El SAT está llamado a complementar al Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), que ya registraba datos en tiempo real el día de la catástrofe. No obstante, la gestión de la información sigue bajo controversia: la CHJ sostiene que notificó los caudales, mientras que la Guardia Civil, la Generalitat y ex altos cargos imputados hablan de un “apagón informativo” sobre el desbordamiento del Poyo.
Desde la Generalitat Valenciana se critica que el Gobierno prometiera un sistema en marcha en seis meses y que, casi un año después, solo exista un proyecto en tramitación. En paralelo, la jueza que instruye el caso mantiene la responsabilidad sobre la Generalitat por el envío tardío del ES-Alert, aunque distintos testigos, incluida la delegada del Gobierno, han confirmado que la CHJ no informó de lo que sucedía en el Poyo durante la emergencia.
El nuevo contrato prevé que el SAT esté operativo “a corto plazo” para los datos de lluvia y, de forma progresiva, para los caudales y embalses de la cuenca del Júcar.
