Agua o ideología a secas

Hay imágenes que deberían resultar inconcebibles en la España de 2025. Colas para comprar agua embotellada que se agota, vecinos desplazándose a otras localidades para llenar garrafas, duchas improvisadas en instalaciones municipales. Es el triste goteo de las noticias que describen una ciudad que ha perdido su derecho más básico: el acceso al agua corriente. Esto es lo que ha vive Puerto Real (Cádiz) en los últimos días, donde un corte prolongado en el suministro de agua potable ha dejado a amplias zonas sin agua durante más de cuatro días, obligando al Ayuntamiento a activar un plan de emergencias y a habilitar cubas y puntos de abastecimiento para los vecinos.

La causa de este desastre es, según el ayuntamiento, una rotura en una tubería que ha generado una cascada de nuevas averías y complicaciones debido al estado envejecido de la infraestructura. Al intentar reparar un tramo, otro falla; al cerrar una fuga, emerge otra en otro punto de la red. El resultado es una ciudad moderna que regresa a la precariedad de siglos pasados.

Lo que ocurre en Puerto Real es el síntoma de una enfermedad administrativa y política mayor, en la que se confunde el relato con la capacidad, donde la gestión de lo público se convierte en un fin ideológico y no en un medio eficaz para servir a la ciudadanía.

Puerto Real no siempre estuvo en esta situación. Hasta 2009, el servicio de agua potable se prestaba mediante una concesión a una empresa privada especializada, tal y como ocurre en muchas ciudades españolas. Ese modelo supuso décadas de abastecimiento estable, inversiones regulares en mantenimiento de la red y la utilización de personal técnico con formación específica en el ciclo urbano del agua. Un ciclo complejo que va desde la captación, potabilización y almacenamiento, hasta la distribución y depuración de aguas residuales. Un complejo entramado que implica ingeniería, logística, inversión y planificación a largo plazo.

El agua no es sólo un servicio esencial. Es también un bien tangible y finito que se mueve físicamente por tuberías, presuriza sistemas, requiere ensayos de calidad y responde a las leyes de la hidráulica, y no a consignas políticas. Es un bien que, como recuerdan los economistas especializados en infraestructuras hídricas, exige inversiones estables, mantenimiento continuo y profesionales con conocimientos técnicos sostenidos en el tiempo.

La decisión tomada por el Ayuntamiento de Puerto Real en 2009 de gestionar directamente el servicio a través de una empresa municipal (Grupo Energético de Puerto Real) se vendió en su día bajo la bandera de la “recuperación de lo público”, de la soberanía municipal sobre los servicios básicos y del rechazo a lo privado. Sin embargo, esa retórica choca con la realidad. La empresa municipal no ha llevado a cabo el mantenimiento necesario en la red y, cuando las tuberías han cedido, no hay una estructura técnica con suficiencia de recursos ni experiencia consolidada que pudiera responder con eficacia.

Y el resultado es que la ciudad ha quedado a merced de la improvisación y del relato político. Y de planes de emergencia, duchas municipales y agua embotellada. Pero sin un sistema robusto y preparado para evitar precisamente estas situaciones. Esta es la diferencia entre un servicio que funciona con normalidad y un municipio que queda literalmente sin agua para cocinar, lavar, asearse o simplemente vivir.

Quienes defienden la gestión municipal del agua suelen apelar al argumento moral de que “lo público debe ser gestionado por lo público” y que las concesiones implican un lucro privado sobre un bien esencial. Este argumento, aunque resonante en discursos ideológicos, olvida que lo que importa para el ciudadano no es quién pone el logo en la factura, sino quién garantiza que el agua llegue a su hogar con continuidad, seguridad y calidad. Y en muchos casos, la experiencia demuestra que las empresas concesionarias, obligadas por contrato y bajo la supervisión municipal, invierten en mantenimiento, anticipan fallos y planifican renovaciones, precisamente porque su supervivencia depende de cumplir con las condiciones pactadas.

No se trata de adorar a lo privado como si fuera infalible, ni de afirmar que el sector público nunca puede gestionar eficazmente un servicio. El problema surge cuando la gestión pública pierde su carácter profesional, pierde su independencia técnica y se diluye en lógicas partidistas, olvidando que la infraestructura no es una abstracción política, sino un entramado físico que requiere expertos, dinero y disciplina operativa.

Las infraestructuras no se gestionan con pasión ideológica, sino con inversión, mantenimiento y planificación a largo plazo. La red de agua de una ciudad son los cimientos de un edificio. Y si no se cuidan, tarde o temprano todo se derrumba. Y en Puerto Real, las grietas que ahora se hacen visibles en las tuberías son también grietas en la política local.

Puerto Real no es un caso aislado. Es más bien el ejemplo de esa fiebre municipalizadora promovida por partidos de extrema izquierda y, en muchos casos, apoyada por el PSOE, que ha llevado a repetir decisiones de gestión directa del agua en muchos ayuntamientos. La excusa es siempre la promesa de mayor participación ciudadana, de tarifas más justas y de una gestión más transparente. Pero nada de eso se consigue simplemente porque la empresa que gestiona la presida un concejal sin experiencia ni conocimientos técnicos. Se consigue a través de controles técnicos independientes, rendición de cuentas efectiva y supervisión externa, algo que es más difícil cuando el mismo órgano que gestiona también se supervisa a sí mismo.

Cuando la supervisión y la ejecución están en manos de la misma entidad, se pierde el control y ese esquema básico de separación de funciones indispensable para evitar errores y abusos. El ciclo del agua, por su propia complejidad técnica, exige controles cruzados, auditorías independientes y mecanismos de sanción claros cuando se incumplen estándares de servicio.

En esa tensión subyace la crítica más profunda al episodio de Puerto Real. No se trata simplemente de una avería desafortunada, sino de un modelo de gestión que carece de estructura profesional robusta para garantizar resultados estables. Cuando el Ayuntamiento recurre a la activación de planes de emergencia para distribuir agua embotellada, nos recuerda que un servicio esencial se ha convertido en una emergencia política, y no técnica.

No es casual que las recomendaciones de asociaciones sectoriales y expertos independientes aboguen por modelos de colaboración público-privada en la gestión del agua, donde la empresa concesionaria aporta experiencia técnica, inversión y capacidad operativa, mientras que el Ayuntamiento ejerce como regulador y supervisor, definiendo objetivos de servicio, tarifas y sanciones por incumplimiento. Este esquema no suprime lo público. Al contrario, afianza la responsabilidad del municipio como garante del servicio, sin pretender que el Ayuntamiento sustituya con eficacia funciones para las que no siempre cuenta con los recursos adecuados.

En el debate público hay quienes señalan que cualquier concesión a lo privado implica subordinación al lucro. Sin embargo, es importante separar las motivaciones ideológicas de los hechos. Muchas concesiones de servicios hídricos en Europa y en el mundo están reguladas de forma estricta, con contratos que obligan a las empresas a cumplir parámetros técnicos precisos y con penalizaciones severas por incumplimiento. Esto significa que no es lo privado el que garantiza el servicio, sino la regulación eficaz y la profesionalización que suele acompañar a estos modelos cuando se implementan correctamente.

La ciudadanía merece algo más que parches temporales y cubas de agua municipales. Merece una infraestructura fuerte, una gestión competente y mecanismos de supervisión que no dependan exclusivamente de decisiones de política local. Merece un debate honesto sobre qué modelo de gestión del agua garantiza mejor sus derechos y sus necesidades, un debate que incluya a expertos técnicos, economistas y a las propias comunidades afectadas.

Puerto Real nos recuerda una lección que debería resonar en todos los municipios: el agua no es un trofeo político, sino un bien esencial cuya gestión exige responsabilidad, profesionalización y visión a largo plazo. Los modelos de concesión y de colaboración público-privada no son soluciones dogmáticas; son herramientas que han demostrado en múltiples contextos su capacidad para ofrecer servicios fiables, sujetos a supervisión y mejora continua. Y toca elegir entre agua o ideología a secas.