Todos contra el fuego, pero todo el año
Si tenemos en cuenta la que está cayendo, resultaba complicado saber, cuando Sánchez dijo esta semana eso de “este verano, todos contra el fuego”, si se refería a los incendios forestales o a intentar apagar la pira en la que arde su Gobierno y su partido. Menos mal que la sobada frasecilla la pronunció durante la presentación de la campaña estatal antiincendios, en la que anunció el “mayor despliegue del Estado”, y eso ayudó a aclarar las dudas.
El problema es que los incendios, los forestales quiero decir, no se combaten en verano, ni se apagan con eslóganes. Una política forestal seria debería ocuparse de esta desgracia durante todo el año. Es durante el otoño, el invierno y la primavera, cuando todavía hay margen para reducir combustible, abrir discontinuidades, mantener pistas, planificar evacuaciones y gestionar el territorio.
Este año la primera advertencia nos ha llegado antes. El incendio declarado en el Parque Nacional de Doñana, en el paraje de Las Marismillas, que también es mala suerte que al presidente se le vaya a chamuscar el idílico paisaje que contempla cada verano desde el palacio del mismo nombre, ha afectado ya a unas 409 hectáreas de un enclave de altísimo valor ecológico. Ni siquiera hemos entrado aún en junio y ya se nos quema uno de nuestros espacios naturales más emblemáticos.
Pero bueno, habrá que confiar en que ahora que el Gobierno ha lanzado la más colosal campaña y el mayor despliegue que recuerdan el olivo milenario de Ulldecona o el tejo de Barondillo, esto no se va a repetir, por mucho que los presidentes autonómicos se vayan a la playa en verano cuando “la cosa está que arde”, como le gusta decir al ingenioso Óscar Puente, y por muy letal que sea ese cambio climático que mata, como repite siempre el presidente.
No es cuestión ni de negar ni de despreciar los efectos del cambio climático. Se trata precisamente de todo lo contrario. De tenerlo muy en cuenta, de tomárselo en serio más allá de las soflamas políticas y de hacer todo lo posible para adaptarse y proteger nuestras masas forestales. El cambio climático hace los veranos más largos, aumenta las olas de calor, reduce la humedad de los combustibles y favorece incendios más rápidos, más intensos y difíciles de controlar.
Pero convertirlo en una coartada política es otra forma de eludir las responsabilidades. España tiene millones de hectáreas de monte mal gestionado, pueblos despoblados, ganadería extensiva en retroceso, mosaicos agroforestales abandonados, caminos cerrados, discontinuidades vegetales perdidas, biomasa acumulada y una administración que prefiere financiar la extinción antes que la prevención, discreta y poco rentable electoralmente.
La ingeniería forestal sabe desde hace siglos que el fuego se combate reduciendo la continuidad del combustible, ordenando masas forestales, manteniendo cortafuegos, creando áreas de baja carga combustible, recuperando aprovechamientos tradicionales y haciendo compatible la conservación con la intervención humana. Un monte abandonado no es un monte natural, es un polvorín con apariencia de paisaje. Un bosque sin gestión acumula tal cantidad de biomasa seca que, cuando arde, supera cualquier capacidad de extinción razonable.
Hace falta gestión forestal de verdad. Eso significa pistas transitables para los retenes, no caminos impracticables cuando llegan las motobombas. Significa cortafuegos mantenidos, no franjas dibujadas hace veinte años en un plan que nadie ejecuta. Significa puntos de agua accesibles, balsas, depósitos, hidrantes rurales y logística de abastecimiento. Significa cartografía actualizada de combustibles, modelos de propagación, sensores, teledetección, meteorología de alta resolución y vigilancia temprana. Significa planes de autoprotección en urbanizaciones rodeadas de monte, franjas de seguridad junto a carreteras, líneas eléctricas y núcleos habitados. Significa mantenimiento, una palabra aburrida que en España parece menos prestigiosa que inaugurar, anunciar o prometer.
También significa recuperar el mosaico agroforestal. Durante siglos, muchos paisajes mediterráneos fueron menos combustibles porque estaban trabajados. Había pastos, cultivos, leñas, carboneo, pequeñas explotaciones, ganado, aprovechamiento de matorral y limpieza cotidiana. No se trata de idealizar el pasado ni de convertir cada espacio protegido en una explotación intensiva, sino de entender que el abandono absoluto no es una política ambiental. La ganadería extensiva, por ejemplo, puede ser una herramienta de prevención si se integra de forma inteligente en la gestión del monte. El aprovechamiento de biomasa puede reducir carga combustible y generar actividad económica local si cuenta con cadenas logísticas viables, plantas cercanas y permisos ágiles. La prevención necesita ingenieros, cuadrillas, pastores, ayuntamientos, propietarios y empresas. No solo brigadas de emergencia en agosto.
Y luego está la legislación. Formalmente, en España no está prohibido limpiar los montes. La Ley de Montes y la normativa autonómica imponen obligaciones de conservación y prevención a los propietarios, y el Defensor del Pueblo ha recordado que el desbroce y la limpieza son manifestaciones de la función social de la propiedad cuando se justifican por la prevención de incendios. Pero la realidad administrativa es que, en espacios protegidos, zonas Red Natura, montes catalogados, cauces, áreas con especies protegidas o terrenos sometidos a planes específicos, cualquier intervención exige autorizaciones, informes, ventanas temporales, limitaciones de maquinaria, prohibiciones de corta, condicionantes ambientales y trámites que desaniman al vecino más voluntarioso y convierten una actuación preventiva razonable en una carrera de obstáculos.
Además, la responsabilidad en esto, como en tantas otras cosas en nuestro país, está tan fragmentada que no hay gestión operativa. El Gobierno central dispone de medios estatales, la UME, y aeronaves. Pero las comunidades autónomas tienen buena parte de las competencias de prevención y extinción. Los ayuntamientos conocen el territorio, pero a menudo carecen de recursos. Los propietarios tienen obligaciones, pero no siempre medios ni autorizaciones. Y en este festival del desconcierto, el monte sigue cargándose de combustible y se repite la misma canción cada verano: Comparecencias solemnes, agradecimiento a los bomberos forestales, pésames a las familias de los fallecidos, promesas de coordinación, acusaciones entre administraciones y un balance de hectáreas quemadas crecientes del que nos olvidamos en cuanto llega el otoño.
Si el Gobierno que anuncia despliegues históricos quiere liderar un verdadero plan contra el fuego, debería empezar por financiar prevención plurianual, simplificar trámites para actuaciones de bajo impacto y alto valor preventivo, coordinar una cartografía nacional de riesgo, impulsar el aprovechamiento energético de biomasa, apoyar a municipios rurales, reforzar la profesionalización estable de las brigadas y vincular fondos climáticos a hectáreas realmente gestionadas, no a campañas publicitarias.
Los incendios forestales son una emergencia climática, pero también una emergencia de gestión, de ingeniería y de abandono territorial. El fuego encuentra en el monte combustible, desorden, despoblación y burocracia. “Todos contra el fuego”, sí, pero desde enero. Todos contra el fuego, pero con presupuestos, con gestión forestal y dejando a los pueblos cuidar su territorio. Porque en verano ya solo queda huir de las llamas.
