Seopan cifra en casi 1.200 millones el sobrecoste de la obra pública por la inflación y reclama medidas urgentes

Seopan y ANCI advierten de que el encarecimiento de la energía y de los materiales básicos está absorbiendo los márgenes de las constructoras y amenaza la ejecución de numerosos contratos. Las patronales reclaman actualizar los presupuestos de licitación, hacer obligatoria la revisión de precios e incluir en las fórmulas los costes energéticos y laborales.

La inflación de los materiales de construcción vuelve a poner bajo presión a la obra pública española. Seopan y la Asociación Nacional de Constructores Independientes, ANCI, han reclamado al Gobierno la adopción urgente de medidas que permitan revisar los precios de los contratos y compensar unos incrementos de costes que, según sus cálculos, están haciendo inviables o deficitarios numerosos proyectos antes incluso de que comiencen las obras.

Seopan estima que el sobrecoste provocado por el encarecimiento de los materiales y la energía en las obras públicas licitadas entre diciembre de 2024 y febrero de 2026 alcanza los 1.195 millones de euros. El cálculo afecta a contratos con un presupuesto base conjunto de unos 31.400 millones y refleja la diferencia entre los costes contemplados cuando se prepararon las ofertas y los que las empresas deben soportar en el momento de formalizar y ejecutar los trabajos.

La situación resulta especialmente grave en las licitaciones más recientes. Entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, las diferentes administraciones sacaron a concurso 6.425 contratos de obra por un importe total próximo a los 6.900 millones de euros. Seopan calcula que esas actuaciones acumulan ya una pérdida irrecuperable de 327 millones, equivalente al 4,7% de su presupuesto base, antes de que muchas de ellas hayan comenzado materialmente.

Desviación según el tipo de infraestructura

La desviación varía considerablemente según el tipo de infraestructura. En las actuaciones portuarias, el incremento de costes representa una pérdida media del 8,3% sobre los presupuestos de licitación, mientras que en las obras viarias alcanza el 8,1%. En los proyectos ferroviarios se sitúa en el 6,3% y en las infraestructuras hidráulicas, en el 4%. Estos porcentajes afectan a contratos que fueron calculados con precios anteriores al último episodio de inflación energética y que no siempre incorporan mecanismos efectivos de actualización.

El impacto es todavía mayor en determinadas obras de conservación de carreteras. Los 180 contratos de refuerzo de firmes licitados entre diciembre y finales de febrero, con un presupuesto agregado de unos 200 millones de euros, habrían sufrido una desviación del 21,3% como consecuencia, principalmente, del fuerte encarecimiento de los materiales bituminosos empleados en la fabricación y extensión de mezclas asfálticas.

A estos 327 millones correspondientes a los concursos más recientes se añaden otros 868 millones de sobrecostes estimados en los 33.103 contratos licitados entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025. En este segundo grupo, cuyo presupuesto base supera los 24.500 millones, la desviación media alcanza el 3,5%. El incremento se eleva al 6% en las obras portuarias, al 5,3% en las viarias y al 4,6% en los proyectos ferroviarios y aeroportuarios.

Obras deficitarias

Seopan advierte de que estas cifras superan, en muchos casos, la rentabilidad ordinaria del sector. El último dato de la Central de Balances del Banco de España sitúa el beneficio neto de las constructoras con una cifra de negocio superior a 50 millones de euros en el 3,48%. Esto significa que una desviación de costes del 4%, el 6% o el 8% no reduce únicamente el margen previsto, sino que puede convertir directamente un contrato adjudicado en una obra deficitaria.

La presión procede tanto de las materias primas como de la energía necesaria para producirlas, transportarlas y ponerlas en obra. Los materiales bituminosos se encarecieron un 42% entre marzo y finales de mayo, mientras que el coste de la energía utilizada en las obras aumentó una media del 41%. En el segundo trimestre también se registraron subidas del 14% en el aluminio, del 10% en los productos químicos, del 9,3% en los materiales cerámicos, del 6,5% en los siderúrgicos y del 6,1% en el cobre, según los datos utilizados por Seopan.

ANCI comparte el diagnóstico de las grandes constructoras. La asociación, que agrupa a 25 empresas no cotizadas, calcula que los costes medios de construcción se han incrementado alrededor de un 30% desde 2020, a lo que se han añadido episodios extraordinarios derivados de la pandemia, la invasión de Ucrania y la nueva crisis energética y logística en Oriente Próximo. La organización advierte de que el encarecimiento no afecta únicamente a la compra directa de materiales, sino también a su fabricación, transporte y suministro hasta la obra.

Tiempo excesivo entre el proyecto y la ejecución

Ambas patronales sostienen que el problema se agrava por el tiempo que transcurre entre la redacción de un proyecto, la publicación del concurso, la presentación de las ofertas, la adjudicación y el inicio efectivo de los trabajos. Durante ese periodo, que puede prolongarse durante meses, los precios de mercado pueden alejarse significativamente de los utilizados por la Administración para calcular el presupuesto base. La empresa termina así formalizando el contrato con unos costes diferentes de los existentes cuando presentó su propuesta.

Las asociaciones reclaman que los proyectos y los presupuestos de licitación sean actualizados antes de salir a concurso y que reflejen los precios reales de los materiales, la energía y la mano de obra. ANCI también demanda que la calidad técnica tenga un peso más equilibrado frente a la oferta económica y que se controle con mayor rigor la presentación de bajas anormalmente reducidas, al considerar que adjudicar contratos con presupuestos insuficientes puede generar posteriormente retrasos, modificados, reclamaciones y problemas de ejecución.

La principal petición consiste, no obstante, en recuperar la obligatoriedad de las cláusulas de revisión de precios. La Ley de Contratos del Sector Público permite actualmente la revisión periódica y predeterminada cuando esté prevista en el contrato, pero, con carácter general, solo puede aplicarse una vez ejecutado al menos el 20% de su importe y transcurrido un año desde la formalización. El primer 20% queda, por tanto, fuera de la actualización, una limitación que adquiere especial importancia cuando los precios aumentan con fuerza durante las fases iniciales de la obra.

Revisiones extraordinarias

Seopan propone recuperar, con las adaptaciones necesarias, el mecanismo excepcional aprobado en 2022 para hacer frente a las consecuencias de la pandemia y de la guerra de Ucrania. Aquel sistema permitió reconocer revisiones extraordinarias cuando el aumento del coste de determinados materiales básicos producía un impacto directo y relevante sobre la economía de los contratos públicos de obra.

La patronal pide ahora que un nuevo mecanismo excepcional incluya no solo los materiales, sino también los índices de la energía y de la mano de obra. ANCI mantiene una posición similar y reclama una reforma estructural que convierta la revisión en un procedimiento preceptivo y capaz de trasladar a los contratos la evolución real de todos los costes relevantes.

Las constructoras alertan de que, sin una respuesta, aumentará el número de concursos desiertos, obras ralentizadas y contratos que solo podrán concluir mediante ampliaciones presupuestarias o modificaciones. El problema afecta especialmente a las administraciones autonómicas y locales, cuyos contratos carecen en muchos casos de fórmulas de revisión, pero también a las obras estatales sometidas a periodos iniciales no revisables.