Seguridad hídrica: hacia un consenso imprescindible

La reciente presentación de un plan de emergencia por parte del Partido Popular para nuestras presas mantiene en primer plano un debate que con mucho esfuerzo logramos traer a la agenda de los medios de comunicación y que, en realidad, nunca debería haber salido de la agenda estratégica del país: la seguridad de nuestras infraestructuras hidráulicas.

España no es hidrológicamente comparable a la mayoría de los países europeos. Nuestra irregularidad climática, la fuerte evapotranspiración y la pendiente media de nuestros ríos nos sitúan en una realidad singular: dependemos estructuralmente de nuestras presas. Sin ellas, no sería viable el actual sistema de abastecimiento, regadío, producción hidroeléctrica ni la protección frente a avenidas. Son, literalmente, una pieza crítica de nuestro modelo económico y social.

Sin embargo, el parque de presas español tiene una edad media superior a los 50 años. Muchas estructuras superan el siglo de vida. Esto no es un problema en sí mismo si existe una política constante y rigurosa de mantenimiento, modernización y refuerzo. El problema surge cuando la inversión sostenida no acompaña, cuando se reduce el personal especializado y cuando el marco normativo no se revisa con la profundidad técnica necesaria.

En este contexto, es positivo que se anuncien planes ambiciosos y que se movilicen cifras relevantes. Es una buena señal que el consenso sobre la necesidad de actuar sea cada vez mayor. También resulta llamativo que muchas de las medidas planteadas coincidan con reivindicaciones que colectivos profesionales como la Asociación de Ingenieros de Caminos llevan años defendiendo públicamente: inversión mínima anual estable en mantenimiento, refuerzo del cuerpo técnico, revisión normativa y creación de un organismo verdaderamente independiente para la gestión de la seguridad.

Lo que quizá sorprende es que estas reivindicaciones se asuman como propias y, sin embargo, la reunión con los profesionales llegue después del anuncio del plan. Si algo ha demostrado la experiencia es que en materia de seguridad hidráulica el orden importa: primero el diagnóstico técnico compartido, después el diseño de la solución.

Conviene recordar además algo que la memoria institucional no debería olvidar: anunciar partidas presupuestarias desde la oposición es relativamente sencillo. Gobernar y ejecutar con continuidad es mucho más complejo. En anteriores etapas de gobierno, incluidas aquellas con mayorías amplias, tampoco se acometieron las reformas estructurales que hoy se reclaman. La seguridad de presas no puede depender de ciclos políticos ni de alternancias parlamentarias.

Porque, en esencia, esta cuestión no va de ideología. Va de seguridad de las personas. Va de reducir riesgos en un contexto de cambio climático que intensifica episodios extremos. Va de escuchar a quienes tienen la responsabilidad técnica diaria de la explotación y supervisión de estas infraestructuras. Va de profesionalización, independencia y estabilidad inversora.

La experiencia reciente —desde episodios de lluvias torrenciales hasta el encadenamiento de grandes borrascas— ha demostrado que nuestras infraestructuras funcionan, pero también que el margen de complacencia es cada vez menor. El sistema en su conjunto responde, sí, pero necesita atención constante.

La buena noticia es que el consenso técnico y social en torno a la importancia de este asunto es hoy mayor que hace unos años. Si ese consenso se consolida y se traduce en políticas sostenidas, con independencia del signo político del gobierno de turno, estaremos ante un verdadero avance.

La seguridad hidráulica debe ser una política de Estado. No por interés sectorial, sino por responsabilidad colectiva.