Rectificar o perder la automoción europea
Las nuevas propuestas de la Comisión Europea devuelven el sentido común a nuestra industria automovilística
Durante demasiado tiempo, la política industrial europea del automóvil ha avanzado con una premisa equivocada: imponer una única tecnología -la electrificación-, sin atender a la realidad industrial, social y territorial de Europa. El recién presentado paquete de automoción de la Comisión Europea marca un punto de inflexión. No es un abandono de la ambición climática, sino una rectificación necesaria para que la transición sea viable, justa y, sobre todo, industrialmente sostenible.
Este paquete -que combina la revisión de la prohibición del motor de combustión en 2035, descarbonización de las flotas corporativas, una simplificación normativa y un impulso a la producción de baterías europeas- responde a algo que llevo tiempo defendiendo: no hay transición verde sin industria fuerte, ni neutralidad climática sin neutralidad tecnológica.
La pieza central es la revisión de los objetivos de emisiones de CO₂. A partir de 2035, el objetivo pasa de una reducción del 100 % al 90 % de las emisiones en el tubo de escape, permitiendo que el 10 % restante pueda compensarse mediante combustibles renovables y sintéticos junto con acero bajo en carbono producido en la Unión Europea. Esto no es un detalle técnico menor: significa reconocer que todas las tecnologías son válidas para la descarbonización.
Además, se introducen flexibilidades a corto plazo especialmente relevantes para 2030. El cumplimiento de los objetivos ya no se evaluará año a año, sino por medias ponderadas en los periodos 2025-2027 y 2030-2032, aportando la, flexibilidad, seguridad jurídica y previsibilidad que los fabricantes tanto reclamaban. En el caso de las furgonetas, donde la electrificación está siendo todavía más lenta, el objetivo de 2030 se ajusta del 50% al 40%. Para España esto es crucial, somos el primer productor de furgonetas de Europa y nuestros fabricantes llevaban demasiado tiempo pidiendo esta flexibilidad. Hablamos de una corrección imprescindible para no penalizar un segmento que muchos utilizan como herramienta diaria de trabajo.
Hay algo que debe quedar muy claro: este enfoque no frena el avance del vehículo eléctrico. Al contrario, lo hace más realista. La transición no está yendo al ritmo que se esperaba, la infraestructura sigue siendo insuficiente, el consumidor no se está atreviendo a dar el paso y Europa no puede mirar hacia otro lado. Además, durante demasiado tiempo la movilidad eléctrica se ha percibido como un lujo: apenas hay modelos por debajo de los 25.000 euros, y la mayoría han llegado solo en el último año. La gente reclama, con razón, que comprarse un coche vuelva a ser algo normal, accesible, y no un privilegio reservado a unos pocos.
¿La buena noticia? El paquete de automoción propone la creación de una nueva subcategoría de pequeños vehículos eléctricos, fabricados en Europa y que puedan tener incentivos fiscales y no fiscales. Es, de facto, el reconocimiento de que necesitamos coches eléctricos que la clase media pueda comprar, no solo modelos de alta gama.
Es también una apuesta estratégica por recuperar un segmento -el del coche pequeño- que Europa ha ido perdiendo entre otros factores por un exceso de sobrerregulación y que es clave para países como España, segundo productor de automóviles de la Unión. Para nosotros, esto encaja perfectamente con nuestro tejido industrial, nuestras plantas de producción y nuestra red de proveedores.
Nos queda hablar de la simplificación, lo que en Bruselas llamamos ómnibus, que pone el foco en el talón de Aquiles de Europa: la burocracia. Desde que leí este dato no puedo no referirme a él: los ingenieros del sector emplean el 25% de su tiempo en el cumplimiento normativo. Evidentemente, era urgente que pusiéramos sobre la mesa menos ensayos redundantes y armonización de las reglas, liberando recursos para innovación, ingeniería y producción (justo donde Europa necesita competir), sin rebajar los estándares que nos definen.
La propuesta se completa con el impulso a la producción de baterías europeas, una señal de que queremos jugar en primera división industrial. El mensaje es claro: las baterías deben fabricarse y desarrollarse en suelo europeo, no depender de terceros. Y por eso contaremos con 1.800 millones de euros que estimulen el famoso ‘made in EU’. Para España, donde ya se están desarrollando varios proyectos de fábricas de baterías, esta iniciativa supone una palanca directa de inversión y consolidación industrial.
Este gran paquete no es casual. Es el resultado de meses de diálogo con el sector y de una presión política clara para corregir una hoja de ruta que estaba poniendo en riesgo empleo, inversión y competitividad. Es también la confirmación de que el enfoque del pragmatismo, neutralidad tecnológica y defensa de la industria –no el del sectarismo- era el correcto.
Europa no renuncia a liderar la transición climática. Lo que hace, por fin, es alinearla con la realidad industrial. Y en ese nuevo equilibrio, España sale ganando.
