Puente remodela la cúpula del Ministerio para unir la gestión de las infraestructuras terrestres y las políticas verdes
Óscar Puente ha iniciado el nuevo curso político con una reordenación de la cúpula del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible destinada a concentrar bajo una misma dirección la gestión de las grandes infraestructuras terrestres y las políticas de movilidad y descarbonización. El Consejo de Ministros aprobó el martes el cese de Rocío Báguena como secretaria general de Transporte Terrestre y el nombramiento en su lugar de Sara Hernández del Olmo, hasta ahora secretaria general de Movilidad Sostenible.
El BOE publica este miércoles tres reales decretos: el cese de Báguena, el cese formal de Hernández en su anterior puesto y el nombramiento de esta última como nueva secretaria general de Transporte Terrestre. El relevo eleva a Hernández a uno de los escalones más altos del departamento, inmediatamente por debajo del ministro y del secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano. El decreto agradece a Rocío Báguena los servicios prestados, pero no explica las razones de su relevo ni anuncia un nuevo destino.
La operación va más allá del cambio de nombres. La intención del Ministerio es integrar las funciones de la Secretaría General de Movilidad Sostenible en la de Transporte Terrestre. Esta última reúne las competencias relacionadas con carreteras, planificación ferroviaria y ordenación de los servicios de tren y autobús, mientras que la primera se ocupaba hasta ahora de las políticas transversales de movilidad, transporte público, innovación, fondos europeos, bicicleta y reducción de emisiones.
Los decretos publicados este miércoles confirman los movimientos de personal, aunque todavía no detallan el reparto definitivo de unidades y competencias ni modifican expresamente la estructura orgánica vigente. El desarrollo jurídico de la integración deberá aclarar qué ocurre con la Dirección General de Estrategias de Movilidad y con las áreas de planificación, logística, innovación y ayudas que dependían de la secretaría dirigida por Hernández.
Más carga política en ferrocarril y carretera
En la práctica, Puente une el área con mayor carga administrativa y presupuestaria, ferrocarril y carretera, con la que concentra buena parte de la agenda política del Gobierno sobre transformación del transporte. La Secretaría General de Transportes Aéreo y Marítimo continúa sin cambios bajo la dirección de Benito Núñez, por lo que el ajuste se circunscribe al transporte terrestre y no constituye una renovación completa del equipo ministerial.
La reordenación modifica parcialmente el modelo que el propio Puente puso en marcha al llegar al Ministerio. A finales de 2023 separó el transporte terrestre del aéreo y marítimo para vincular en cada modo la construcción de infraestructuras con la gestión de los servicios. En marzo de 2024 creó, además, una Secretaría General de Movilidad Sostenible independiente para agrupar las políticas transversales que no encajaban exclusivamente en ninguno de esos modos. El Real Deceto que estableció aquella estructura justificó la separación por razones de eficiencia y para situar bajo una dirección unificada la planificación, la innovación, los fondos europeos y la movilidad sostenible.
Dos años después, el Ministerio considera más útil acercar esas funciones a la ejecución material. La nueva organización busca reducir compartimentos internos y evitar que la planificación climática, el diseño de los servicios y la inversión en infraestructuras avancen por circuitos administrativos diferentes. También coloca una única responsable ante decisiones que exigen combinar ferrocarril, autobús, carreteras, logística y movilidad urbana.
Sara Hernández, una apuesta personal de Puente
Sara Hernández llegó al Ministerio en enero de 2025 como una apuesta personal de Puente para sustituir a Álvaro Fernández Heredia, que pasó a presidir Renfe. Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos y doctora en Transportes por la Universidad Politécnica de Madrid, desarrolló la mayor parte de sus más de quince años de trayectoria en Deloitte, donde trabajó en planificación estratégica, logística, modelos operativos, análisis de mercados y viabilidad de infraestructuras. Anteriormente había sido investigadora de TRANSyT, centro especializado en transporte y territorio.
Su promoción refuerza, por tanto, un perfil más orientado a la planificación estratégica que a la gestión administrativa tradicional. Durante su etapa al frente de Movilidad Sostenible participó en el impulso de la Ley de Movilidad Sostenible, aprobada a finales de 2025 después de una tramitación parlamentaria compleja. La norma define la movilidad como un derecho, introduce criterios ambientales y sociales en la planificación de infraestructuras y establece nuevos instrumentos de coordinación entre administraciones.
Una vez aprobada la ley, el reto ya no es tanto definir el modelo como aplicarlo. La Ley obliga al Gobierno a desarrollar numerosos instrumentos, estudios y estrategias en plazos relativamente breves: desde medidas contra la pobreza de transporte hasta objetivos de reducción de emisiones, planificación de nuevos servicios ferroviarios y mecanismos de cooperación territorial. Colocar a quien ha trabajado en esa agenda al frente de las infraestructuras terrestres permite vincular su desarrollo reglamentario con las inversiones y los servicios concretos.
Autobús interurbano, renovación ferroviaria y de carreteras
El calendario del autobús interurbano es uno de los ejemplos más inmediatos. Transportes pretende aprobar antes de que termine 2026 el nuevo mapa estatal de concesiones, tal como establece la ley. El proyecto contempla 34 corredores, 600 rutas y 2.294 paradas para atender a 1.682 municipios y alrededor de 31 millones de viajeros anuales. El Ministerio calcula una reducción media del 22% en las tarifas y prevé aportar 8,6 millones de euros para garantizar la viabilidad de diez corredores deficitarios. Después de la fase de información pública será necesario cerrar los proyectos, responder a las alegaciones y preparar las licitaciones, un proceso con importantes consecuencias para empresas, comunidades autónomas y pequeños municipios.
La situación ferroviaria añade una presión mucho mayor. El Ministerio debe acometer la renovación de líneas con varias décadas de funcionamiento, aumentar la fiabilidad de los servicios de Renfe y preparar una nueva fase de apertura del mercado a otros operadores. También está sobre la mesa la modernización de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona, sometida en distintos puntos a limitaciones de velocidad, y un futuro convenio con Adif para articular inversiones ferroviarias de gran volumen.
El grave accidente de Adamuz, las sucesivas incidencias en Renfe y el deterioro de la puntualidad han situado la seguridad y el mantenimiento en el centro del debate político. Tras las movilizaciones convocadas por los maquinistas, Transportes alcanzó en febrero un acuerdo con los sindicatos para aumentar en 1.800 millones de euros la inversión en mantenimiento y crear 3.650 empleos en Renfe y Adif. Ejecutar esos compromisos, renovar material y recuperar la confianza de los viajeros constituye ahora una de las prioridades más sensibles del departamento.
En carreteras, la nueva secretaria general deberá supervisar la mejora de los firmes, la conservación de la red estatal y el retorno a la gestión pública de tramos de las denominadas autovías de primera generación al terminar sus contratos. Puente ha presentado además un plan de choque de 1.629 millones de euros para actuar sobre unos 5.000 kilómetros de carreteras, otra tarea que exige acelerar licitaciones y ejecución presupuestaria.
Necesidad de resultados
Rocío Báguena deja el cargo después de unos dieciséis meses. Ingeniera de Caminos del Estado, había desarrollado una larga carrera técnica dentro del Ministerio antes de sustituir en abril de 2025 a Marta Serrano. Su nombramiento fue interpretado entonces como un refuerzo de la coordinación administrativa de las áreas ferroviaria y de carreteras. También asumió responsabilidades en la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y en la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, SEITT. El Gobierno no ha aclarado todavía si seguirá vinculada a alguna de estas entidades.
No existe información oficial que relacione directamente su cese con el accidente de Adamuz o con las incidencias ferroviarias. La reorganización encaja mejor, a falta de otras explicaciones, en una concentración de mando para el tramo final de la legislatura que en una depuración de responsabilidades. Puente sustituye una estructura con dos responsables, una técnica para la ejecución de infraestructuras y otra para la estrategia de movilidad, por una dirección política y administrativa más compacta.
La decisión también responde a una necesidad de resultados. Una parte importante de los anuncios realizados desde el comienzo de la legislatura entra ahora en fase de ejecución: el nuevo mapa de autobuses, el desarrollo de la Ley de Movilidad Sostenible, el refuerzo del mantenimiento ferroviario, la incorporación de nuevos trenes, las obras en las líneas de alta velocidad y el aumento de la inversión en carreteras. Con el calendario electoral cada vez más próximo, el Gobierno necesita convertir esos planes en mejoras perceptibles para los usuarios.
Al ponerlos bajo el mando de Hernández, Puente apuesta por trasladar la sostenibilidad desde un área principalmente planificadora al núcleo que decide sobre obras, servicios y presupuestos. La concentración puede agilizar decisiones y hacer más coherente la política terrestre, aunque también acumula una enorme responsabilidad en una sola oficina. El resultado se medirá menos por el nuevo organigrama que por la capacidad del Ministerio para reducir incidencias, cumplir los plazos de inversión y demostrar que la descarbonización puede traducirse en transportes más fiables, accesibles y competitivos.
