Promotores, constructores y aparejadores alertan de que la reforma del CTE puede encarecer hasta 18.000 euros cada vivienda
Las principales organizaciones del sector de la edificación advierten de que los nuevos requisitos impulsados por el Ministerio de Vivienda, como la obligación de habilitar dos plazas para bicicletas por piso o aumentar la dotación mínima de energía fotovoltaica, elevarán de forma significativa los costes de construcción y, con ello, el precio final de las viviendas.
Promotores, constructores y aparejadores han expresado su preocupación por el impacto económico que tendrá la reforma del Código Técnico de la Edificación (CTE) diseñada por el Ministerio de Vivienda, al considerar que introduce exigencias técnicas que, aunque orientadas a mejorar la sostenibilidad y la eficiencia energética de los edificios, suponen un incremento notable de los costes de ejecución. Según estimaciones del propio sector, la aplicación conjunta de las nuevas obligaciones podría traducirse en un sobrecoste de hasta 18.000 euros por vivienda, una cifra que, advierten, acabará repercutiendo directamente en el precio que pagan los compradores o en la viabilidad de nuevas promociones.
Entre las medidas que generan mayor inquietud figura la previsión de reservar dos plazas de aparcamiento para bicicletas por cada piso, lo que implica destinar más superficie a zonas comunes, modificar proyectos ya ajustados al máximo aprovechamiento del suelo y, en muchos casos, realizar obras adicionales de acondicionamiento y seguridad. A ello se suma el aumento de las exigencias mínimas de instalación de energía fotovoltaica, que obligará a ampliar la capacidad de los sistemas solares en cubiertas o fachadas, con el consiguiente incremento en materiales, mano de obra y mantenimiento.
Las organizaciones profesionales subrayan que comparten el objetivo de avanzar hacia edificios más sostenibles y eficientes, pero reclaman que las nuevas exigencias se introduzcan de forma progresiva y con estudios económicos más detallados, especialmente en un contexto de fuerte tensión en el mercado de la vivienda y de encarecimiento de los materiales de construcción. A su juicio, imponer de golpe estándares más elevados sin incentivos fiscales ni ayudas directas puede frenar la promoción de nuevas viviendas, agravar la escasez de oferta y dificultar aún más el acceso a la vivienda, sobre todo para jóvenes y familias con rentas medias y bajas.
Desde el sector también se advierte de que el impacto no será homogéneo y que las promociones de menor tamaño o situadas en municipios con menor capacidad de absorción de precios serán las más afectadas, ya que disponen de menos margen para repercutir los sobrecostes. Por ello, piden al Ministerio de Vivienda que reconsidere algunos de los parámetros técnicos previstos en la reforma del CTE, abra un proceso de diálogo con los agentes implicados y valore medidas de acompañamiento que permitan cumplir los objetivos ambientales sin comprometer la viabilidad económica de la construcción residencial.
