Nuevo recorte del Trasvase Tajo-Segura: ingeniería, normativa y retos hídricos

La entrada en vigor de un nuevo tramo de caudales ecológicos en la cuenca del Tajo ha supuesto, desde el 1 de enero de 2026, un nuevo ajuste en las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura. La medida implica una reducción adicional de recursos hídricos para el sureste español y vuelve a poner sobre la mesa un debate de fondo: si la política del agua en España responde a criterios técnicos y de planificación o a decisiones condicionadas por planteamientos ideológicos.

La aplicación de este nuevo tramo de caudales ecológicos ha provocado un recorte adicional de 2 hectómetros cúbicos (hm³) en los aportes del trasvase Tajo-Segura a la provincia de Almería, afectando directamente a las comarcas del Levante almeriense y del Almanzora. Este ajuste se suma a una cadena de reducciones acumuladas en los últimos años que han mermado de forma significativa la disponibilidad de recursos en la cuenca del Segura.

La diputada nacional Maribel Sánchez Torregrosa denunció que la medida supone una reducción global de 31 hectómetros cúbicos para el conjunto de la cuenca y la calificó como un nuevo golpe a la agricultura del sureste. Más allá de la confrontación política, lo cierto es que el trasvase se encuentra cada vez más condicionado por una normativa que introduce restricciones crecientes sin una visión integral del sistema hidráulico nacional.

El origen de estos recortes se encuentra en la aplicación efectiva de los caudales ecológicos en el río Tajo. Nadie cuestiona la necesidad de proteger los ecosistemas fluviales ni de cumplir con la legislación ambiental europea. Sin embargo, la forma en la que se están implementando estos caudales, está teniendo consecuencias directas sobre territorios que dependen estructuralmente de recursos externos para su desarrollo económico y social.

Desde el punto de vista de la ingeniería hidráulica, el Trasvase Tajo-Segura no es una infraestructura coyuntural, sino una obra estratégica concebida precisamente para equilibrar déficits y excedentes entre cuencas. España dispone de recursos hídricos suficientes a escala global, pero mal distribuidos en el espacio y en el tiempo. La función de la ingeniería del agua ha sido históricamente corregir ese desequilibrio mediante grandes sistemas de regulación, transporte y transferencia.

En este contexto, las soluciones que se vienen planteando como alternativa al trasvase —desalación y reutilización de aguas regeneradas— resultan claramente insuficientes para sustituir los volúmenes que se están dejando de transferir. La desalación presenta elevados costes energéticos y económicos, limitaciones ambientales y una dependencia estructural de la energía que la convierte en un recurso complementario, pero no en la base del sistema. La reutilización, por su parte, es una herramienta valiosa, pero limitada por la disponibilidad real de aguas residuales y por su incapacidad para cubrir grandes demandas agrícolas de forma sostenida.

Mientras tanto, territorios como Almería afrontan una situación crítica. El embalse de Cuevas del Almanzora se encuentra en niveles mínimos, el trasvase del Negratín permanece inactivo desde hace años y la desaladora del Bajo Almanzora I continúa sin ofrecer una solución efectiva a corto plazo. La suma de estas circunstancias dibuja un escenario de inseguridad hídrica permanente que compromete la planificación agrícola, industrial y territorial.

La experiencia técnica demuestra que la única solución estructural y sostenible para garantizar el agua allí donde no la hay es la interconexión de cuencas. Llevar agua de donde existe disponibilidad a donde es necesaria no es una anomalía, sino la esencia de la ingeniería hidráulica moderna. Lo que resulta cuestionable es imponer restricciones consideradas “ambientales” sin una evaluación global del sistema, ignorando embalses, infraestructuras y capacidades ya existentes.

La planificación hidrológica no puede basarse en compartimentos estancos ni en decisiones ideológicas. Requiere una visión nacional, técnica y solidaria del recurso, que combine protección ambiental con desarrollo económico y cohesión territorial. El agua, como infraestructura estratégica, debe gestionarse con criterios de eficiencia, equilibrio y sentido común, no como un elemento de confrontación política.