Menos pactos, Caperucita

Clama al cielo que, dos años después de la DANA de octubre de 2024, los valencianos no tengan otra que ponerse a rezar cada vez que llueve. Cada alerta meteorológica significa correr a sacar los coches de los garajes, levantar muebles, llamar a los familiares y buscar refugio en una planta alta. Es cierto que muchos viven en zonas inundables, pero son cientos de miles y obligarles a irse en un éxodo masivo a vivir a, qué sé yo, La Mancha o Teruel, por ejemplo, resulta una solución más bien propia de Stalin, Mao o Pol Pot. Sobre todo, teniendo en cuenta que hay soluciones menos drásticas.

Y en España, sin ir más lejos, tenemos buenos ejemplos de lo que se puede hacer. Después de la riada de 1957, Valencia construyó el Plan Sur y desvió el cauce del Turia. En octubre de 2024, esa infraestructura evitó que la capital sufriera una inundación devastadore. Claro que tal vez deberíamos haber trasladado Valencia a un lugar distinto si hiciésemos caso a los que consideran que el problema es simplemente que la gente vive donde no debe.

Lo mismo sucede en la cuenca del Ebro. Durante siglos, numerosas poblaciones ribereñas padecieron inundaciones frecuentes y catastróficas. La construcción de los grandes embalses de regulación durante el siglo XX, como el embalse del Ebro, Mequinenza, Ribarroja o Flix, han permitido laminar las crecidas, retrasar las puntas de caudal y reducir los daños aguas abajo. Sigue habiendo inundaciones, pero estas no arrasan las ciudades ni se cobran cientos de vidas, como bien saben los tortosinos, los ampostinos, los rapitenses, los mequinenzanos, los campurrianos, los mirandeses o los logroñeses.

Pero en Valencia, después de más de doscientas muertes, miles de viviendas y negocios destruidos y una factura económica gigantesca, las grandes obras capaces de reducir el riesgo siguen sin ejecutarse. Se han reparado carreteras, vías ferroviarias, colectores, cauces y edificios públicos. Se han pagado ayudas e indemnizaciones. Todo eso, siendo necesario, devuelve las cosas al punto en el que estaban antes de la riada, pero no impide que otra catástrofe vuelva a suceder.

Las infraestructuras son caras y hay que pagarlas. Pero las riadas han costado ya alrededor de 11.100 millones de euros entre reparaciones, ayudas e indemnizaciones. A esa cantidad habría que añadir las pérdidas privadas no cubiertas, la actividad económica interrumpida, la depreciación de viviendas y negocios y el coste de las actuaciones que será necesario repetir si vuelven a producirse inundaciones similares. Al paso que vamos, durante los próximos diez o veinte años seguiremos gastando miles de millones en restaurar una y otra vez lo que el agua destruya.

Con una fracción de ese dineral podrían ponerse en marcha todas esas soluciones perfectamente estudiadas desde hace años, esas que los ingenieros llevaban años reclamando antes de lo que calificaron como el desastre anunciado de 2024. Presas, desvíos de barrancos, ampliación de cauces, la eliminación de estrangulamientos, la adaptación de puentes, mejoras del drenaje urbano y protección de las infraestructuras esenciales que llevan años en los cajones.

Ninguna de estas obras garantizará una seguridad absoluta. Una precipitación extraordinaria puede superar incluso una infraestructura bien diseñada. Pero esa obviedad no puede utilizarse como excusa. Entre evitar todos los daños y no hacer nada existe una diferencia enorme. Una presa de laminación, un cauce de alivio o una zona inundable controlada pueden reducir los caudales, impedir que el agua alcance determinadas poblaciones o reducir de forma significativa los daños. Son la diferencia entre que el agua te llegue a los tobillos o te lleve por delante.

Pedro Sánchez, sin embargo, parece haber encontrado una respuesta diferente. Cuando se queman los montes, propone un gran pacto contra la emergencia climática. Cuando se desbordan los ríos y barrancos, vuelve a pedir el mismo pacto. El cambio climático se ha convertido en el cuento de siempre y la coartada perfecta para no responder por las infraestructuras que no se han construido.

Nadie niega que el clima esté cambiando ni que los fenómenos extremos son más frecuentes e intensos. Precisamente por eso resulta intolerable que la política climática se reduzca a hablar de emisiones, restricciones al tráfico, coches eléctricos, placas solares, bicicletas o descarbonización. Todo ello podrá contribuir a mitigar el calentamiento a largo plazo, pero no reducirá el caudal de la próxima DANA ni protegerá a quien quede atrapado en una vivienda de Paiporta, Catarroja o Picanya.

Si el cambio climático ya está aquí, no basta con intentar frenarlo, tenemos que adaptarnos. Y adaptarse significa adaptar las infraestructuras. Significa hacer presas, dimensionar los drenajes para precipitaciones más intensas, reservar suelos para almacenar temporalmente el agua, reforzar carreteras y ferrocarriles, mantener los cauces y construir todas las obras hidráulicas necesarias. No dentro de veinte años, ahora.

Las presas y los encauzamientos tienen impactos ambientales y deben proyectarse con rigor. No toda presa es necesaria ni toda obra hidráulica está justificada. Pero de ahí no se puede pasar a la demonización general de las infraestructuras hidráulicas. Retirar un azud abandonado no es lo mismo que renunciar a una presa de laminación necesaria. Restaurar un espacio fluvial no es incompatible con construir un canal de alivio. Oponer ecología e ingeniería es una falsa disyuntiva. Ambas son perfectamente compatibles y lo responsable es utilizar todas las herramientas disponibles para reducir el riesgo.

Resulta especialmente grave que el Gobierno invoque continuamente la emergencia climática mientras sigue cruzado de brazos. Los valencianos no necesitan que les expliquen que el clima está cambiando. Ya lo saben. Tampoco necesitan otro pacto-coartada, otra comisión de falsos expertos ni otro excel con el sumatorio de las ayudas que tan generosamente les ofrece el Gobierno. Necesitan ver máquinas trabajando en los barrancos, zonas de laminación en construcción, drenajes ampliados y calendarios de ejecución con financiación garantizada y procedimientos abreviados.

Seguir pidiendo un gran pacto contra el cambio climático mientras se demonizan o se retrasan las presas y las obras hidráulicas no es solo engañar a los ciudadanos. Es gritar que viene el lobo y condenarlos a vivir con miedo. Y es, en definitiva, jugar con las vidas y las haciendas de quienes no deberían tener que seguir temblando cada vez que llueve.