Las riadas han costado 11.100 millones mientras las grandes obras de prevención siguen sin comenzar
Las inundaciones concentran casi el 80% de las indemnizaciones por catástrofes naturales abonadas en España desde 2004 por el Consorcio de Compensación, que pagan todos los españoles en las primas de sus seguros. Dos años después de la DANA de Valencia, el Gobierno ha destinado 220 millones a reparar cauces e infraestructuras dañadas, pero ninguna de las grandes actuaciones concebidas para prevenir otra catástrofe está todavía en servicio.
Las inundaciones han obligado al Consorcio de Compensación de Seguros a pagar 11.090 millones de euros en indemnizaciones entre 2004 y 2025, mientras las principales obras hidráulicas destinadas a reducir el riesgo en las zonas más expuestas de la Comunidad Valenciana continúan sin entrar en ejecución material.
El contraste entre ambas cifras muestra la distancia existente entre el coste de reparar los daños y el ritmo de construcción de las infraestructuras preventivas. El Gobierno ha movilizado fondos para reconstruir carreteras, ferrocarriles, cauces, redes de agua y otras instalaciones afectadas por la DANA del 29 de octubre de 2024. Sin embargo, devolver esas infraestructuras a su estado anterior no equivale a ejecutar las obras estructurales necesarias para evitar nuevas pérdidas humanas y materiales.
La DANA Adam ha vuelto a evidenciar esa diferencia. El nuevo episodio no ha afectado exactamente a las mismas cuencas. Pero confirma, no obstante, que el litoral valenciano continúa expuesto a inundaciones graves mientras los proyectos integrales de laminación, desvío de caudales, ampliación de cauces y adaptación territorial permanecen sobre el papel.
Según los datos del Consorcio de Compensación de Seguros, las inundaciones representan el 77,8% de todas las indemnizaciones abonadas por riesgos extraordinarios durante las dos últimas décadas. A gran distancia aparecen las tempestades ciclónicas atípicas, con 1.946 millones de euros y un 13,6% del total, y los terremotos, con 684 millones y un 4,8%.
El 95% de las compensaciones por inundaciones, unos 10.531 millones, correspondió a daños materiales. Otros 542 millones, el 4,9%, se destinaron a cubrir pérdidas económicas provocadas por interrupciones de actividad, mientras que los daños personales representaron alrededor de 16 millones.
El siniestro más costoso de la historia del Consorcio
La DANA de octubre de 2024 ha sido el siniestro más costoso en la historia del Consorcio. Solo en la Comunidad Valenciana ha generado indemnizaciones por 5.164 millones de euros. Durante el conjunto de aquel año, el organismo pagó 5.327 millones por inundaciones, prácticamente el 48% de todo lo abonado por este riesgo entre 2004 y 2025.
Los comercios concentraron el 27,1% de las compensaciones de la dana valenciana, con 1.401 millones. La industria recibió 1.271 millones, el 24,6%; los vehículos, 1.239 millones, el 24%; y las viviendas, 1.129 millones, el 21,9%. Las cifras reflejan que una avenida extraordinaria no solo destruye inmuebles y automóviles, sino que paraliza polígonos industriales, interrumpe cadenas de suministro y daña carreteras, ferrocarriles y redes eléctricas, hidráulicas y de telecomunicaciones.
Pagan ciudadanos y empresas
Estas indemnizaciones no proceden directamente de los Presupuestos Generales del Estado. El Consorcio se financia fundamentalmente mediante los recargos incorporados a las pólizas de seguros, por lo que el coste termina siendo soportado por ciudadanos y empresas asegurados. Además, las cifras no incluyen los daños sufridos por bienes sin asegurar, las ayudas públicas ni el gasto dedicado a reconstruir infraestructuras.
La recurrencia de las inundaciones también se aprecia en la actividad de la Unidad Militar de Emergencias. Desde su primera intervención y hasta septiembre de 2026, la UME había participado en un centenar de operaciones relacionadas con inundaciones y rescates. Más de la mitad, 56, se produjo desde 2018. Solo entre enero y septiembre de este año fue movilizada en 19 ocasiones por este motivo.
Tras la dana Adam, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la futura declaración como zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil de los municipios alcanzados por el temporal y defendió un acuerdo nacional para incorporar el cambio climático a la prevención y a la reconstrucción.
Volver al punto de partida
La respuesta vuelve a concentrarse inicialmente en la emergencia, las ayudas y la reposición de los daños. Todas esas actuaciones son imprescindibles, pero no deben confundirse con la prevención. Reconstruir un puente, estabilizar un talud, retirar materiales de un cauce o restablecer un canal permite recuperar la funcionalidad perdida. Evitar o reducir los efectos de la siguiente avenida exige, además, modificar el funcionamiento hidráulico del territorio mediante zonas de laminación, corredores de evacuación, ampliación de secciones, eliminación de barreras y adaptación de edificios e infraestructuras.
El Gobierno cifra en 16.600 millones de euros los recursos movilizados por la dana de 2024. Hasta el 19 de octubre se habían empleado 9.927 millones: 8.207 millones en ayudas y subvenciones, 808 millones en financiación o avales y 912 millones en actuaciones directas.
Dentro de esta última cantidad figuran las 17 obras hidráulicas de emergencia ejecutadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar, con una inversión superior a 220 millones. Su objeto principal fue restaurar los daños sufridos por cauces, motas, canales y otras infraestructuras del dominio público hidráulico.
Algunas intervenciones incorporaron mejoras respecto a la situación anterior. En Chiva se amplió la capacidad de desagüe de un tramo urbano del barranco del Poyo; en Riba-roja de Túria se levantó una mota para proteger el polígono de La Reva; en Torrent se estabilizaron las márgenes, y entre Picanya y la pista de Silla se reconstruyeron los taludes. En Utiel se amplió el encauzamiento del río Magro y también se actuó sobre la presa de Forata y el canal Júcar-Turia.
Actuaciones de emergencia
Estas actuaciones pueden reducir la vulnerabilidad de puntos determinados, pero no constituyen una solución integral para las cuencas afectadas. Fueron ejecutadas por la vía de emergencia sobre infraestructuras dañadas y no sustituyen a las grandes obras destinadas a retener las avenidas aguas arriba, desviar caudales, ampliar cauces insuficientes o evitar que carreteras, ferrocarriles y urbanizaciones obstaculicen la salida del agua.
El Plan para la Recuperación y Mejora de la Resiliencia frente a las Inundaciones, dotado inicialmente con 550 millones de euros, identificó actuaciones en los barrancos del Poyo y Pozalet-Saleta, el río Magro, el bajo Júcar y el nuevo cauce del Turia. Sin embargo, casi dos años después de la catástrofe, la mayor parte continúa sin proyecto constructivo definitivamente aprobado y sin contrato de obra.
La Confederación Hidrográfica del Júcar trabaja desde 2025 en la redacción de diez proyectos, adjudicada por cerca de cuatro millones de euros a dos uniones temporales de empresas. Entre ellos figuran zonas de almacenamiento controlado en Chiva y Cheste, la vía verde del Poyo hacia el Turia, un parque inundable en el entorno de Paiporta, Catarroja, Massanassa y Sedaví, la ampliación del cauce entre la CV-400 y la V-31 y varias intervenciones en el río Magro y las pedanías del sur de València.
En julio de 2026, la propia Confederación señaló que las primeras propuestas estarían disponibles durante el otoño y que después se abriría un proceso de participación pública. Estas obras deberán completar todavía la redacción, la evaluación ambiental, la información pública, las expropiaciones, la aprobación técnica, la licitación y la adjudicación antes de que puedan comenzar.
Barranco de la Saleta
La actuación más avanzada es la adecuación del barranco de La Saleta. El Gobierno autorizó en julio la contratación del tramo principal y lo sacó a licitación en agosto por 132,1 millones de euros. El conjunto, incluida la conexión bajo la V-30 con el nuevo cauce del Turia, superará los 150 millones. Pese a ello, los trabajos todavía no han comenzado sobre el terreno.
El proyecto prevé construir una conducción soterrada de aproximadamente cuatro kilómetros bajo Aldaia y continuar mediante una vía verde hidráulica de unos tres kilómetros. El sistema tendrá capacidad para transportar 100 metros cúbicos por segundo y podrá recibir otros 30 procedentes del tramo urbano. Su finalidad es proporcionar una salida a las avenidas que actualmente atraviesan áreas urbanizadas de Aldaia, Alaquàs y Xirivella.
La conexión con el Turia ha generado, además, discrepancias técnicas. El Ayuntamiento de València sostiene que la incorporación futura de los caudales de La Saleta y el Poyo debe acompañarse de una ampliación del nuevo cauce. La Confederación considera que los 130 metros cúbicos por segundo de La Saleta representan una aportación reducida respecto a su capacidad y que es baja la probabilidad de coincidencia de las puntas de avenida.
Vía verde del Poyo
La vía verde del Poyo, estimada en unos 200 millones de euros, se encuentra menos avanzada. El Ministerio dispone de un proyecto anterior, pero reconoce que debe actualizarse. La solución pretende derivar hacia el Turia parte del caudal que no puede admitir el encauzamiento del Poyo y proteger los municipios situados aguas abajo de Picanya. Antes de ejecutarla deberá coordinarse con las actuaciones sobre el nuevo cauce para evitar que el desvío reduzca la seguridad de otras zonas.
También siguen pendientes las zonas de almacenamiento controlado previstas aguas arriba. Estas infraestructuras deben retener temporalmente parte del agua, reducir la punta de la avenida y retrasar su llegada a los núcleos urbanos. Para construirlas es necesario disponer de terrenos, modelizar diferentes escenarios, diseñar motas y órganos de desagüe y resolver su integración con los usos agrarios y urbanos.
El resultado es que el Gobierno puede acreditar una inversión elevada en reconstrucción, pero no que las principales obras de prevención estén ejecutadas. Los 220 millones destinados a actuaciones de emergencia han permitido reparar lo destruido y mejorar determinados puntos, pero el nivel de protección general continúa dependiendo de proyectos que todavía no han llegado a la fase de construcción.
Mientras tanto, el coste de las inundaciones sigue acumulándose en indemnizaciones, ayudas públicas, pérdida de actividad y reconstrucción de infraestructuras. Los 11.090 millones pagados por el Consorcio desde 2004 no incluyen toda la factura económica. La demora de las obras estructurales mantiene a la Comunidad Valenciana en una situación en la que se movilizan miles de millones después de cada desastre mientras las inversiones destinadas a reducir anticipadamente sus consecuencias continúan pendientes.
