El Gobierno crea una vía rápida para la minería y la industria limpia que no resuelve los principales problemas

El real decreto aprobado ayer por el Consejo de Ministros organiza en España la aplicación de los reglamentos europeos sobre materias primas fundamentales y tecnologías de cero emisiones. La norma crea puntos de contacto únicos, reconoce la prioridad de los proyectos estratégicos y establece nuevos órganos de coordinación, pero mantiene el reparto de competencias y no aporta financiación, personal técnico ni capacidad industrial.

El Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto para aplicar en España el Reglamento europeo de Materias Primas Fundamentales, conocido como CRMA, y el Reglamento sobre la Industria de Cero Emisiones Netas, denominado NZIA. La norma pretende acelerar la tramitación de minas, plantas de transformación y reciclaje y fábricas de tecnologías limpias, aunque su efectividad dependerá de que las distintas administraciones dispongan de medios suficientes y sean capaces de coordinar procedimientos que continuarán repartidos entre el Estado y las comunidades autónomas.

La decisión no supone la aprobación de los dos reglamentos europeos, que están vigentes desde 2024 y son directamente aplicables. Lo que hace el Gobierno es establecer la arquitectura administrativa española necesaria para ejecutarlos: determina qué autoridades actuarán como interlocutores de los promotores, regula los procedimientos nacionales vinculados a los proyectos estratégicos y organiza la recopilación de la información que España debe remitir a la Comisión Europea.

La aplicación conjunta de ambas normas responde a una lógica industrial. El CRMA actúa sobre el principio de la cadena: exploración, extracción, transformación y reciclaje de materias primas como el litio, el cobre, el níquel, el cobalto, el grafito, el wolframio o las tierras raras. El NZIA se ocupa de los siguientes eslabones, es decir, de la fabricación de baterías, paneles solares, aerogeneradores, electrolizadores, bombas de calor, tecnologías de red, equipos de captura de carbono y otros sistemas necesarios para la descarbonización.

Reducir la dependencia exterior

Europa intenta así evitar una transición energética basada en sustituir la dependencia de los hidrocarburos importados por una nueva dependencia de minerales procesados y equipos industriales producidos principalmente en terceros países. El objetivo no consiste solamente en instalar más renovables, sino en conservar dentro de la Unión una parte relevante del valor añadido, la ingeniería, la fabricación y el empleo asociados a esas tecnologías.

El CRMA fija para 2030 el objetivo de que la Unión Europea pueda extraer el 10% de las materias primas estratégicas que consume, transformar el 40% y cubrir mediante reciclaje el 25%. También establece que ningún tercer país debería suministrar más del 65% del consumo europeo de una materia estratégica en una etapa relevante de procesamiento. El NZIA aspira, por su parte, a que la capacidad industrial europea se aproxime al 40% de las necesidades anuales de despliegue de tecnologías de cero emisiones en 2030 y alcance el 15% de la producción mundial en 2040.

El nuevo real decreto designa puntos de contacto únicos para que los promotores no tengan que dirigirse separadamente a cada organismo implicado. Con carácter general, esa función corresponderá a las comunidades autónomas. La Administración General del Estado la asumirá cuando se trate de proyectos supraterritoriales o de expedientes cuya autorización corresponda a órganos estatales.

Ventanilla única pero autorización muy fragmentada

La ventanilla única, sin embargo, no equivale a una autorización única. El punto de contacto podrá coordinar la presentación de documentos, informar al promotor y trasladar la resolución final, pero las competencias sustantivas seguirán correspondiendo a los diferentes organismos responsables de minería, industria, medio ambiente, agua, ordenación territorial, patrimonio, seguridad industrial o conexión a las redes energéticas. La estructura puede reducir duplicidades, pero no elimina la fragmentación administrativa que ha retrasado numerosos proyectos industriales.

La norma también concreta los efectos del reconocimiento de los proyectos estratégicos. Cuando los procedimientos sean competencia del Estado, tendrán la consideración de interés público y recibirán tramitación urgente. El problema es que buena parte de las autorizaciones mineras, ambientales, urbanísticas e industriales depende de las comunidades autónomas. La agilización será, por tanto, desigual si cada territorio no adapta sus procedimientos, refuerza sus equipos técnicos y establece calendarios compatibles con los límites europeos.

Esos límites son exigentes. Para los proyectos estratégicos de materias primas, el CRMA establece un máximo de 27 meses para las iniciativas que requieran extracción y de 15 meses para las dedicadas únicamente al procesamiento o al reciclaje. En el ámbito de las tecnologías limpias, el NZIA fija, con carácter general, plazos de doce meses para las instalaciones de fabricación de menos de un gigavatio anual y de 18 meses para las de capacidad igual o superior.

Pasar del proyecto a la construcción

No obstante, esos plazos empiezan a computar cuando la Administración considera completa la solicitud. Tampoco incluyen el tiempo empleado por el promotor en preparar el estudio de impacto ambiental ni determinados periodos utilizados para aportar documentación adicional. Las evaluaciones ambientales, los recursos y los litigios mantienen además sus propias exigencias. En consecuencia, los límites europeos mejoran la previsibilidad administrativa, pero no significan necesariamente que una mina o una fábrica pueda pasar del proyecto a la construcción en 15 o 27 meses.

El éxito del sistema dependerá especialmente de los recursos disponibles. Los propios reglamentos europeos obligan a dotar los puntos de contacto de personal cualificado y de medios financieros, técnicos y tecnológicos suficientes. El real decreto distribuye funciones y crea estructuras de coordinación, pero el Consejo de Ministros no ha anunciado una dotación económica específica para ampliar las plantillas encargadas de tramitar los expedientes. Una ventanilla con pocos ingenieros, geólogos, técnicos ambientales y juristas puede convertirse simplemente en un nuevo intermediario entre el promotor y los mismos departamentos saturados.

La norma crea dos comisiones de coordinación interadministrativa. La primera se ocupará de las materias primas fundamentales y estará presidida por la Dirección General de Política Energética y Minas. La segunda abordará los proyectos de tecnologías de cero emisiones y será presidida por la Dirección General de Estrategia Industrial y de la Pyme. Estos órganos pueden ayudar a resolver conflictos de competencias y unificar criterios, pero también corren el riesgo de añadir reuniones e informes si no disponen de capacidad para adoptar decisiones vinculantes y exigir el cumplimiento de los calendarios.

Programas nacionales de exploración y de circularidad

En el ámbito minero, el decreto regula la elaboración del Programa Nacional de Exploración y de los programas nacionales de circularidad. También introduce la evaluación preliminar de la posible recuperación de materias primas fundamentales en los planes de gestión de residuos mineros. La medida resulta especialmente relevante en España, donde existen más de un millar de balsas y escombreras que podrían contener materiales aprovechables, aunque su recuperación exige caracterización geológica, ensayos metalúrgicos, control ambiental y viabilidad económica.

El nuevo marco completa el Plan de Acción para la Gestión Sostenible de las Materias Primas Minerales 2026-2030, al que el Gobierno asignó 414 millones de euros. De esa cantidad, 182 millones se destinan al Programa Nacional de Exploración Minera y a la actualización del conocimiento del subsuelo español. Pero localizar recursos no garantiza su aprovechamiento: entre la identificación de un yacimiento y la producción comercial deben resolverse la concentración del mineral, el proceso de tratamiento, la disponibilidad de agua y energía, la gestión de residuos, la conexión logística y la aceptación social.

El real decreto tampoco asegura que los minerales extraídos en España sean transformados dentro del país ni que las fábricas de tecnologías limpias utilicen componentes europeos. Sin plantas de refinado, metalurgia, fabricación de celdas, electrónica de potencia y equipos industriales, España podría limitarse a extraer minerales o ensamblar productos cuya tecnología y componentes de mayor valor continúen llegando del exterior.

La norma constituye un paso necesario porque proporciona interlocutores, procedimientos y un marco común para proyectos que hasta ahora se enfrentaban a una organización administrativa dispersa. Pero confunde la herramienta con el resultado si se presenta como una garantía de reindustrialización. La verdadera prueba será comprobar cuánto tardan las autorizaciones, cuántos proyectos llegan a construirse y qué parte de la cadena de valor permanece en España.