Menos épica estratégica y más ingeniería
España se ha convertido en la primera potencia mundial de la planificación declarativa. Tenemos estrategias para la movilidad sostenible, para el hidrógeno, para la digitalización, para la inteligencia artificial, para la transición energética, para la rehabilitación, para la industria verde, para la ciencia, para la despoblación, para la resiliencia y para casi cualquier sustantivo susceptible de ser adjetivado de europeo. El problema es que un país no se sostiene sobre documentos estratégicos, sino sobre tuberías, subestaciones, carreteras, túneles, presas, puentes, depuradoras, vías, catenarias, centros de transformación, redes de distribución, proyectos constructivos y contratos ejecutados. En “Los años de peregrinaje de Wilhelm Meister”, una novela de Goethe de lectura bastante exigente, más bien pesadita e intensa para entendernos, el protagonista llega a una conclusión sobre la que deberían reflexionar nuestros ministros: “Saber no es suficiente; debemos aplicar. Querer no es suficiente; debemos hacer”.
Pero el Gobierno lo único que parece saber y querer hacer es convertir la política pública en un rimbombante lenguaje que, como la poesía de Celaya, es tan sólo un arma cargada de futuro. Cada anuncio se envuelve con palabras mágicas, como transformación, resiliencia, sostenibilidad, digitalización o autonomía estratégica. Pero la ingeniería, mal que les pese a los gabinetes de comunicación, no se mide por la elocuencia de los conceptos, sino por certificaciones de obra, disponibilidad de servicio, reducción de averías, caudales tratados, kilómetros mantenidos, megavatios evacuados o viajeros transportados.
Los fondos europeos son un buen ejemplo. El Gobierno presume de que, a 31 de marzo de 2026, el Plan de Recuperación había alcanzado 67.000 millones de euros en convocatorias resueltas, con 1,46 millones de adjudicatarios. Es una cifra redonda, pero con poca trazabilidad real. “Convocatoria resuelta” no es infraestructura terminada ni productividad incorporada al tejido económico. Entre la resolución administrativa y el hormigón vertido hay demasiados pliegos, adjudicaciones, permisos, suministros, expropiaciones, modificaciones de contrato o certificaciones. Mientras el Gobierno celebra la asignación, los ciudadanos esperan la ejecución.
La misma confusión aparece en el debate sobre el agua. España es capaz de respaldar financieramente grandes desaladoras en el exterior y de exhibir empresas líderes mundiales en ósmosis inversa, depuración, reutilización y operación de infraestructuras hidráulicas. Pero dentro del país seguimos acumulando retrasos en saneamiento y tratamiento de aguas residuales hasta el punto de que la Comisión Europea volvió a llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por incumplir obligaciones de recogida, tratamiento y control en 114 aglomeraciones urbanas. La Directiva europea de aguas residuales no es una novedad llegada ayer a Bruselas. Es una obligación de hace décadas. Cuando un país llega a 2026 todavía discutiendo colectores y tratamiento secundario, el problema no es de estrategia, sino de ejecución.
La patronal SEOPAN ha puesto números a esta decadencia silenciosa. En abril de 2026 estimó en 127.341 millones de euros las necesidades de conservación y mantenimiento de infraestructuras en España: 58.369 millones en carreteras, 48.692 millones en infraestructuras hidráulicas y 20.280 millones en ferrocarril. Las cifras deberían preocupar, pero sobre todo escandaliza la normalidad con la que se asume. España no tiene solo un problema de construir lo nuevo. Tiene un problema mucho más profundo, porque no conserva adecuadamente lo que ya tiene.
La primera piedra tiene foto, la auscultación de una presa, no. La infraestructura no falla cuando envejece, sino cuando se deja morir sin conservación. Una carretera no se hunde por sorpresa, avisa con deformaciones, fisuras, blandones y drenajes deficientes. Una red de agua no pierde caudal por mala suerte, lo pierde por décadas de renovación insuficiente. Un sistema ferroviario no se degrada de golpe, lo hace cuando la política prefiere inaugurar líneas nuevas antes que mantener las existentes.
El ferrocarril español es otro monumento a esa contradicción. Somos capaces de presumir, con razón, de una de las mayores redes de alta velocidad del mundo, pero convivimos con Cercanías saturadas, corredores de mercancías retrasados, accesos portuarios incompletos, apartaderos insuficientes y una cuota ferroviaria de mercancías muy por debajo de lo que correspondería a una economía industrial moderna.
Lo mismo ocurre con la energía. España quiere liderar la transición renovable, atraer industria electrointensiva, exportar hidrógeno verde y convertirse en plataforma energética europea. Todo eso está muy bien, pero las renovables no se integran en discursos, sino en redes. Hacen falta subestaciones, almacenamiento, gestión de demanda, interconexiones, digitalización, potencia firme, permisos ambientales ágiles y planificación eléctrica realista.
Este Gobierno ha elevado a un grado casi artístico la sustitución de la ejecución por el relato. El Consejo de Ministros aprueba planes con gran solemnidad, los ministerios publican notas con cifras apabullantes, las campañas institucionales convierten cada convocatoria en epopeya histórica… Y, mientras tanto, los problemas siguen sin resolverse. La Administración española no peca por falta de planes estratégicos, sino por falta de músculo ejecutivo.
El país necesita menos documentos de 200 páginas y más proyectos constructivos maduros. Menos mapas de colores y más licitaciones bien preparadas. Menos fondos “movilizados” y más obras certificadas. Menos observatorios y más interventores, ingenieros, direcciones de obra y unidades de gestión con capacidad real. Menos ruedas de prensa sobre resiliencia y más mantenimiento preventivo. Menos solemnidad estratégica y más cronogramas vinculantes, presupuestos plurianuales, indicadores de avance físico y responsables identificables.
La ingeniería pública debería ser una política de Estado, no una rama menor de la comunicación gubernamental. El ciclo de una infraestructura no encaja en una legislatura. Requiere planificación, sí, pero también continuidad, estabilidad presupuestaria, seguridad jurídica, capacidad técnica y respeto por los profesionales que saben ejecutar. La política puede decidir prioridades, pero no debería fingir que las resuelve por el mero hecho de anunciarlas.
La próxima década no va a perdonar esta confusión. España se acerca a los 50 millones de habitantes, soporta una presión turística histórica, necesita adaptar sus ciudades al calor extremo, modernizar sus infraestructuras de agua, reforzar su sistema eléctrico, descarbonizar la industria, rehabilitar vivienda, mejorar Cercanías, aumentar mercancías ferroviarias y conservar lo ya construido. Ninguno de esos desafíos se resuelve con literatura administrativa. Menos épica ministerial y más ingeniería.
