Los regantes europeos alertan de la hiperregulación de Bruselas y reclaman coherencia en la política del agua
Los regantes europeos han lanzado una advertencia sobre el impacto de la creciente regulación comunitaria en el sector agrario. Durante el XVI Congreso Nacional de Comunidades de Regantes, Irrigants d’Europe reclamó a Bruselas una política del agua más coherente, coordinada y adaptada a la realidad productiva de los territorios, alertando de que la actual presión normativa pone en riesgo la viabilidad del campo europeo.
La Junta Directiva de Irrigants d’Europe (IE), asociación de la que forma parte Fenacore, ha advertido de que el actual modelo regulatorio europeo en materia de agua, medio ambiente y energía está generando una presión creciente sobre el sector agrario, poniendo en riesgo su viabilidad económica y operativa.
La denuncia se produjo durante el encuentro celebrado en el marco del XVI Congreso Nacional de Comunidades de Regantes, donde los representantes europeos señalaron una “hiperproducción normativa” procedente de Bruselas desde la aprobación de la Directiva Marco del Agua, tendencia que, aseguran, se ha intensificado especialmente en la última década.
Según IE, las explotaciones agrícolas y las Comunidades de Regantes se enfrentan a un escenario de adaptación constante a nuevas exigencias regulatorias, en muchos casos sin haber podido amortizar todavía las inversiones realizadas para cumplir con normativas anteriores. Esta situación, sostienen, genera incertidumbre y dificulta la planificación a medio y largo plazo.
Fragmentación normativa en la Comisión Europea
Uno de los principales puntos abordados durante la reunión fue la falta de coordinación interna en la Comisión Europea. Desde IE explican que las decisiones relacionadas con el agua se adoptan desde distintas Direcciones Generales —como Medio Ambiente, Agricultura, Clima o Energía— sin una visión integrada de cuenca hidrográfica.
Esta fragmentación, advierten, provoca solapamientos normativos, inseguridad jurídica y, en algunos casos, objetivos contradictorios que repercuten directamente en agricultores y regantes.
Evaluar el impacto real de las nuevas normas
Ante este escenario, Irrigants d’Europe reclama reforzar los mecanismos de evaluación de impacto legislativo antes de aprobar nuevas regulaciones. La organización considera imprescindible que cualquier iniciativa normativa tenga en cuenta factores estratégicos como la seguridad alimentaria, el empleo rural y la competitividad del sector agrario europeo frente a terceros países.
“No se puede legislar de espaldas al territorio”, sostienen desde la entidad.
El papel estratégico del regadío
Durante el encuentro también se reivindicó el valor del regadío como pieza clave para la economía europea. Los representantes del sector recordaron que las zonas regadas presentan mayores niveles de productividad, capacidad exportadora y generación de empleo.
Además, defendieron el regadío como herramienta de cohesión territorial y gestión ambiental, especialmente en áreas rurales vulnerables. Frente a determinados enfoques que califican de “excesivamente ambientalistas”, alertaron del riesgo de reducir superficie productiva en Europa y trasladar la producción a países con estándares medioambientales y de calidad inferiores.
Preocupación por la estrategia Water Efficiency First
Especial preocupación despertó la futura estrategia europea basada en el principio Water Efficiency First, orientado a priorizar la reducción de la demanda de agua. Desde IE consideran que una aplicación rígida de este criterio podría ignorar la complejidad del sistema agrícola, especialmente en los países del sur de Europa, donde el regadío ya ha alcanzado elevados niveles de eficiencia.
Una política del agua cada vez más europea
El XVI Congreso Nacional de Comunidades de Regantes sirvió también para incorporar una perspectiva comunitaria al debate sobre la gestión hídrica. Desde Fenacore recuerdan que un número creciente de decisiones que afectan al sector ya no se toman exclusivamente en el ámbito nacional, sino en Bruselas.
Por ello, reclaman una política del agua más coherente, coordinada y sensible a la realidad productiva de los territorios europeos.
