Los ingenieros de Caminos exigen al Gobierno que aplique el Eurocódigo 8 tras el terremoto de Venezuela

La Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil recuerda, a raíz de la catástrofe venezolana, que lleva años reclamando que España abandone una normativa sísmica propia, fragmentada y obsoleta y adopte de forma íntegra el marco europeo de proyecto sismorresistente.

El terremoto que ha golpeado Venezuela ha devuelto al primer plano el debate sobre la seguridad sísmica de edificios e infraestructuras. Mientras las autoridades venezolanas elevan el balance provisional a al menos 235 muertos, 4.300 heridos, más de 2.200 familias damnificadas y unas 250 estructuras afectadas o perdidas tras los seísmos de magnitud 7,2 y 7,5, los portavoces de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil están recordando este viernes que España mantiene pendiente una reforma que consideran imprescindible: la aplicación directa e íntegra del Eurocódigo 8, la norma europea para el diseño de estructuras resistentes frente a terremotos.

La Asociación subraya que la tragedia venezolana no puede trasladarse mecánicamente al caso español, ni por contexto constructivo ni por peligrosidad sísmica, pero sí debe servir, a su juicio, como advertencia sobre las consecuencias de abordar el riesgo sísmico con criterios insuficientes, parciales o desactualizados. Su mensaje es que la prevención no empieza cuando se produce el terremoto, sino muchos años antes, en la calidad de las normas de cálculo, en la coherencia de los reglamentos, en el control de los proyectos y en la capacidad de las infraestructuras esenciales para seguir operativas tras un seísmo.

Los ingenieros de Caminos llevan años denunciando que el Gobierno ha ignorado sus advertencias sobre la normativa sismorresistente española. En 2023, la entidad ya advirtió a los grupos políticos de que la nueva Norma de Construcción Sismorresistente Española, la NCSR-23, no ofrecía garantías suficientes y reclamó que España aplicara los Eurocódigos de seguridad ante terremotos en lugar de mantener una transcripción alterada del Eurocódigo 8. Entonces, la Asociación sostuvo que existían riesgos para la seguridad de edificios, infraestructuras y personas si se aprobaba un texto que, según su criterio, rompía la coherencia técnica del sistema europeo.

Mismo nivel de seguridad que en el resto de Europa

El núcleo de la crítica está en que el Eurocódigo 8 no funciona como una norma aislada, sino como parte de un cuerpo técnico común con referencias cruzadas a otros Eurocódigos. En su manifiesto, la Asociación sostuvo que la NCSR-23 transcribía el Eurocódigo 8, un texto de más de 600 páginas, pero eliminaba 430 referencias a otros Eurocódigos que son necesarias para mantener la coherencia interna del sistema de cálculo estructural y geotécnico. Según los ingenieros, esas referencias no son un detalle formal, sino una condición técnica para que el proyecto sismorresistente mantenga el mismo nivel de seguridad que en el resto de Europa.

La Asociación recuerda además que los Eurocódigos fueron redactados por el Comité Europeo de Normalización bajo mandato de la Comisión Europea y que constituyen el marco común para el proyecto estructural y geotécnico en Europa. El Eurocódigo 8 se aplica al diseño y construcción de edificios y obras de ingeniería civil en regiones sísmicas y tiene como finalidad proteger vidas, limitar daños y garantizar que las estructuras importantes para la protección civil sigan operativas después de un terremoto.

En ese contexto, los portavoces de la Asociación insisten en que el Gobierno español no puede seguir tratando la adopción íntegra del Eurocódigo 8 como una opción aplazable. La Comisión Europea recomienda a los Estados miembros adoptar los Eurocódigos para el diseño de obras de construcción y referenciarlos en sus disposiciones sobre productos estructurales, mientras que la propia Asociación sostiene que el marco europeo de servicios y contratación pública exige permitir el uso de normas europeas en las licitaciones.

España, sin embargo, mantiene como referencia vigente para la edificación la Norma de Construcción Sismorresistente aprobada por el Real Decreto 997/2002, una regulación concebida hace más de dos décadas. El intento posterior de aprobar la NCSR-23 fue notificado a la Comisión Europea en 2023, pero el expediente figura en el sistema TRIS como retirado tras el periodo de statu quo.

Para los ingenieros de Caminos, el problema no es solo de actualización técnica, sino de enfoque regulatorio. La Asociación sostiene que España debe dejar de construir un sistema propio mediante remiendos, transcripciones parciales y sustitución de referencias técnicas y pasar a aplicar el marco europeo completo. En su opinión, esa es la única forma de garantizar que los proyectos de edificación, puentes, depósitos, chimeneas, torres, tuberías, estructuras de contención, cimentaciones y obras geotécnicas sometidas a acción sísmica se calculen con un lenguaje común, verificable y homologable al del resto de países europeos.

La catástrofe de Venezuela, concluyen los portavoces de la Asociación, debería servir para que el Gobierno reabra de inmediato el debate normativo y atienda una reclamación que el sector técnico lleva formulando desde hace años. Su advertencia es clara: los terremotos no se pueden evitar, pero sus efectos sobre las personas, los edificios y las infraestructuras dependen en gran medida de la calidad de las normas que se aplican antes de que el suelo empiece a moverse.