Los apagones de La Palma y El Hierro exponen las carencias crónicas del sistema eléctrico canario

El cero energético dejó sin servicio a 50.508 suministros en La Palma y el temporal provocó cortes en varios núcleos de El Hierro. Los antecedentes y los planes oficiales revelan una vulnerabilidad conocida: equipos envejecidos, redes débiles y necesidades de respaldo y almacenamiento que siguen condicionando la seguridad del suministro.

La borrasca que atravesó Canarias el 2 de noviembre ha vuelto a convertir un episodio meteorológico adverso en una crisis de suministro eléctrico. La Palma sufrió un apagón total de tres horas y 48 minutos; en El Hierro se registraron interrupciones en La Restinga, El Mocanal, Isora y El Pinar. La continuidad del servicio vuelve a fallar en territorios cuya vulnerabilidad eléctrica lleva años documentada.

La secuencia de La Palma muestra que la incidencia afectó a distintos niveles del sistema. Según el balance del Cabildo recogido por la prensa local, a las 04.10 horas se disparó la línea Guinchos-Valle, de 66 kilovoltios, y quedaron sin suministro 17.624 clientes. La alimentación se recuperó mediante maniobras en media tensión, pero la línea continuaba fuera de servicio cuando, a las 06.38 horas, se produjo el apagón general, que alcanzó a 50.508 suministros.

Red Eléctrica atribuye el cero de tensión a la desconexión de todos los grupos de generación térmica que alimentaban la demanda. El operador señala que el origen pudo estar relacionado con la fuerte tormenta, aunque las causas siguen bajo investigación. También reconoce problemas iniciales para arrancar algunas unidades de Los Guinchos, que retrasaron la reposición. El suministro quedó completamente recuperado a las 10.26 horas. Estos datos sitúan bajo examen tanto la respuesta del sistema ante la perturbación como su capacidad para volver a arrancar después de perder la tensión.

Demasiados precedentes

Los avisos preceden ampliamente al último temporal. El 3 de mayo de 2025, el Cabildo de La Palma ya reclamaba inspecciones exhaustivas, mantenimiento preventivo y mayor supervisión ante los microcortes y la inestabilidad recurrente. El 10 de junio de aquel año llegó otro apagón general, de unas tres horas, que reactivó las denuncias institucionales y empresariales sobre la fragilidad del sistema..

Más revelador resulta el contenido de las medidas anunciadas entonces. El 24 de junio de 2025, el Gobierno canario presentó un plan para La Palma que incluía corregir deficiencias, mejorar protecciones, revisar infraestructuras vulnerables e inspeccionar la red de transporte. También reclamaba almacenamiento, reservas reforzadas y la aplicación estricta del criterio N-1: que el sistema pueda resistir la pérdida de un elemento sin que se extienda el fallo. Más de un año después, otro cero energético devuelve esas mismas necesidades al centro del debate.

Disponer de potencia instalada suficiente para atender el consumo es solo una parte de la seguridad eléctrica. También hacen falta generación disponible para responder a una desconexión, protecciones que aíslen la avería y recorridos alternativos para alimentar las zonas afectadas. En sistemas pequeños y aislados, perder una unidad importante representa una fracción elevada de la generación en servicio. La investigación del último apagón deberá aclarar cómo actuaron esas defensas y por qué la perturbación terminó desconectando todos los grupos térmicos.

Diagnóstico de un problema estructural

El diagnóstico estructural tiene respaldo institucional. En septiembre de 2025, el Consejo Económico y Social de Canarias relacionó la emergencia energética con la antigüedad y las limitaciones del parque de generación fósil, la baja densidad de la red y el aislamiento de los sistemas insulares. El organismo también advirtió de que la incorporación de eólica y fotovoltaica necesita un desarrollo paralelo del almacenamiento para sostener un suministro estable. La fragilidad, por tanto, figuraba en los documentos públicos mucho antes de esta borrasca.

La renovación avanza, pero parte de las actuaciones consiste en prolongar la operación de equipos existentes. El Boletín Oficial de Canarias publicó el 9 de octubre de 2026 la autorización para extender la vida útil del grupo D13 de Los Guinchos, de 11,20 megavatios netos. El proyecto contempla sustituir componentes del motor y renovar sistemas de arranque, refrigeración y otros equipos, sin incrementar la potencia ni cambiar el combustible. Es una intervención orientada a recuperar fiabilidad; su autorización no demuestra que las obras estén ejecutadas ni permite vincular ese grupo concreto con la avería de noviembre.

El problema de El Hierro

El Hierro aporta otra dimensión del problema. La isla dispone de Gorona del Viento, que combina generación eólica con almacenamiento mediante bombeo de agua entre depósitos. Según la empresa, en 2025 la instalación permitió cubrir íntegramente la demanda con renovables durante 1.049 horas. Ese avance en generación y almacenamiento debe acompañarse de una red capaz de mantener el servicio: una avería en el circuito que alimenta una localidad puede interrumpir el suministro aunque exista energía disponible en otros puntos del sistema. Esta es una distinción técnica relevante para analizar los cortes del lunes.

También hay antecedentes de interrupciones extensas en la isla. El 29 de mayo de 2023, una avería dejó sin electricidad durante varias horas a buena parte de los núcleos poblados de El Hierro. La mitad de los clientes había recuperado el servicio una hora después, según Endesa. Aquel episodio y los cortes actuales muestran que la transición de la generación y la fiabilidad del suministro deben evaluarse por separado, sin atribuir automáticamente a Gorona las averías de la red.

El contexto regional refuerza la dimensión crónica del problema. Canarias declaró la emergencia energética el 2 de octubre de 2023. En agosto de 2025, el Estado todavía aprobaba medidas extraordinarias para incorporar generación de emergencia en Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura, ante necesidades que el operador seguía considerando urgentes. Son sistemas distintos de La Palma y El Hierro, pero evidencian que las dificultades para garantizar el suministro se extienden por el archipiélago y requieren respuestas sostenidas durante años.

Las dificultades de ejecución también están identificadas. El CES advirtió de procedimientos administrativos rígidos, duplicidades y limitaciones de personal técnico que frenan la transformación energética, y reclamó agilizar los proyectos manteniendo las exigencias ambientales. Los apagones de noviembre vuelven a confrontar esos plazos con la necesidad inmediata de continuidad del servicio. Las prioridades ya figuran en los planes: renovar equipos, reforzar redes, disponer de reservas y almacenamiento y mejorar las protecciones. La cuestión pendiente es cuándo esas actuaciones permitirán que las perturbaciones queden contenidas y dejen de convertirse, una y otra vez, en interrupciones prolongadas para hogares y empresas.