La electricidad no entiende de ideologías
La transición energética no sólo es necesaria. Bien ejecutada puede convertirse en una formidable ventaja económica para España. Electricidad más barata, menos emisiones y menor dependencia de los países que controlan el petróleo y el gas. Pero para conseguirlo hay que dejar de confundir transición con acumulación de megavatios renovables. Un sistema eléctrico se gobierna con física, redes, almacenamiento, generación firme y planificación. Y las leyes de Kirchhoff, a diferencia de los programas electorales, no admiten eslóganes.
Durante años hemos medido el éxito de la transición energética contando placas solares y aerogeneradores. Cada nuevo gigavatio instalado se presentaba como otro peldaño hacia un sistema más barato, limpio e independiente. Y durante aquella primera fase probablemente tenía sentido. España disponía de un magnífico recurso solar y eólico, una dependencia exterior de combustibles fósiles difícilmente justificable y una extraordinaria oportunidad industrial.
La transición, además, no necesita ya demasiados argumentos ideológicos para defenderse. Los económicos bastan. La Agencia Internacional de la Energía Renovable (IRENA) calcula que más del 90% de los grandes proyectos renovables puestos en servicio en 2025 generaron electricidad a un coste inferior al de la alternativa fósil nueva más barata disponible en sus respectivos mercados. La fotovoltaica se situó globalmente alrededor de 44 dólares/MWh y la eólica terrestre en 33 dólares/MWh. Las renovables evitaron ese año unos 480.000 millones de dólares en costes de combustibles fósiles.
Europa tiene además una razón estratégica todavía más poderosa. Cada megavatio hora que producen el sol, el viento, el agua o una central nuclear es energía que no necesitamos comprar en forma de gas a Argelia, Arabia Saudí, Catar o Rusia, directa o indirectamente. El problema no es, por tanto, la transición. El problema es creer que una transición energética consiste simplemente en instalar renovables y cerrar aquello que políticamente hemos decidido considerar viejo.
Brasil acaba de ofrecer una importante advertencia. El pasado domingo, el Operador Nacional do Sistema Elétrico tuvo que activar por segunda vez este año su plan de emergencia para gestionar excedentes de generación. Entre las once de la mañana y la una y media de la tarde tuvo que ordenar recortes incluso a instalaciones conectadas a las redes de distribución. No faltaba electricidad. Sobraba. Antes había reducido ya la producción de las centrales directamente controlables. La combinación de elevada producción solar y escasa demanda dominical dejó al sistema con más generación de la que podía absorber con seguridad. La paradoja es que después de invertir miles de millones para producir electricidad limpia, hay momentos en los que tenemos que pagar para no producirla.
España muestra simultáneamente otra cara del mismo problema. Este verano Red Eléctrica ha recurrido repetidamente al Servicio de Respuesta Activa de la Demanda, mediante el cual grandes consumidores industriales reducen temporalmente su consumo cuando el operador necesita recuperar margen de reserva. El 11 de agosto, por ejemplo, se movilizaron 943 MW coincidiendo con la desaparición de la producción solar al anochecer y una generación eólica inferior a la esperada. Y este mecanismo volvió a utilizarse varias veces este mes.
A la vez, desde el apagón de abril de 2025, el sistema mantiene una operación reforzada en la que los ciclos combinados de gas desempeñan un papel fundamental no sólo para producir electricidad, sino para proporcionar control de tensión y estabilidad. El propio Gobierno aprobó en julio otros 615 millones de euros en actuaciones sobre la red, en reactancias y otros equipos, con el objetivo explícito de reducir la necesidad de utilizar ciclos combinados para controlar tensión y amortiguar oscilaciones.
No es un fracaso de las renovables. Es un fracaso de la idea de que generar electricidad y construir un sistema eléctrico son la misma cosa. No lo son. Una placa solar produce extraordinariamente barato cuando hay sol. Pero no decide cuándo necesitamos electricidad. Un aerogenerador puede producir energía limpia a costes muy competitivos, pero tampoco decide cuándo sopla el viento. Y un país industrial necesita electricidad a las nueve de la noche de un martes de enero exactamente igual que a las dos de la tarde de un domingo de mayo.
Cuanto mayor sea la penetración renovable, mayor será por ello la necesidad de almacenamiento, interconexiones, redes, gestión de demanda y generación firme. Un reciente análisis del Joint Research Centre de la Comisión Europea estima que las necesidades diarias de flexibilidad del sistema europeo podrían multiplicarse por cinco entre 2025 y 2050, fundamentalmente por el crecimiento de la fotovoltaica. Las necesidades semanales y mensuales podrían aproximadamente triplicarse por la variabilidad eólica. Y esto es lo que debería estar en el centro de la política energética. No cuántos gigavatios queremos inaugurar, sino qué sistema queremos construir.
Hay que instalar baterías, pero entendiendo que una batería de cuatro horas resuelve un problema distinto al de varias semanas de escaso viento. Hay que desarrollar bombeo hidroeléctrico. Hay que aumentar las interconexiones. Hay que adaptar el consumo industrial a las horas de abundancia energética siempre que económicamente tenga sentido. Hay que desplegar electrónica de potencia capaz de aportar servicios de red. Hay que reforzar el transporte eléctrico donde realmente aparecerán los grandes flujos de energía. Y hay que planificar generación, redes, almacenamiento, industria, ferrocarriles, centros de datos e infraestructuras conjuntamente, no como expedientes administrativos independientes.
Y después está la nuclear. Pocas cuestiones muestran mejor hasta qué punto una discusión esencialmente técnica ha sido secuestrada por la ideología. La energía nuclear tiene problemas. Tiene costes elevados de inversión, exige gestionar residuos durante periodos extraordinariamente largos y requiere unos estándares de seguridad que no admiten atajos. Todo eso debe formar parte del análisis.
Pero tiene también una característica bastante incómoda para quienes pretenden reducir el debate a «renovables contra nuclear»: produce grandes cantidades de electricidad baja en carbono, de forma continua y sin quemar gas importado. La propia Comisión Europea destaca la complementariedad entre renovables y nuclear dentro de un sistema eléctrico descarbonizado y reconoce la aportación de esta última como generación despachable y estable.
España acaba de proporcionar una demostración casi involuntaria. El Gobierno ha prorrogado la operación de Almaraz hasta junio de 2030 alegando, entre otras razones, la incertidumbre internacional y la volatilidad del gas. Y en la propia orden ministerial aparece un dato extraordinariamente revelador: mantener Almaraz abierta reducirá aproximadamente un 7% la generación mediante ciclos combinados de gas en 2030 respecto al escenario previsto por el PNIEC, mientras que la reducción de generación renovable se estima en apenas un 1,4%.
Pero el Gobierno insiste en que la prórroga no modifica su objetivo de cerrar todas las centrales nucleares españolas antes de terminar 2035. Tal vez pueda hacerse. Pero la pregunta correcta no debería ser si cerrar las nucleares en 2035 encaja con una determinada identidad política. La pregunta debería ser: ¿qué habrá construido España para sustituir todos los servicios que esas centrales prestan al sistema sin aumentar el consumo de gas, las emisiones, los costes o la vulnerabilidad del suministro? Si existe una respuesta técnica convincente, adelante. Si no existe, cerrar por calendario aquello que funciona para sustituirlo parcialmente por combustibles fósiles sería una extravagante forma de descarbonización.
El coste de equivocarse empieza además a ser visible. El Observatorio del Coste de los Servicios de Operación, integrado por eléctricas, comercializadoras, industria y organizaciones empresariales y de consumidores, calcula que estos servicios habían alcanzado 3.360 millones de euros hasta mediados de agosto, un 36% más que un año antes. Conviene recordar el origen de la cifra y que no todo ese incremento puede atribuirse a las renovables, pero resulta imposible ignorar que integrar un sistema cada vez más complejo tiene un coste que no aparece cuando nos limitamos a comparar el precio de un megavatio hora solar con uno producido por gas.
Y ahí está quizá el error fundamental. Durante demasiado tiempo hemos confundido coste de generación con coste del sistema. La transición energética necesita políticos, porque corresponde a la sociedad decidir sus grandes objetivos como reducir emisiones, garantizar el suministro, mantener precios competitivos y minimizar la dependencia exterior. Pero una vez definidos esos objetivos, el camino para alcanzarlos debe estar mucho más condicionado por ingenieros capaces de contemplar simultáneamente generación, transporte, distribución, estabilidad, almacenamiento, demanda, seguridad y costes. La electricidad no sabe qué tecnología es de izquierdas o de derechas. No conoce programas electorales. No comprende declaraciones de emergencia climática ni promesas de soberanía energética. Sólo obedece las leyes de la física.
La buena noticia es que España dispone de sol, viento, hidráulica, centrales nucleares, ciclos combinados, capacidad tecnológica, empresas excelentes y algunos de los mejores ingenieros energéticos del mundo. Tiene prácticamente todas las piezas necesarias para construir uno de los sistemas eléctricos más competitivos y limpios de Europa. Pero primero tendrá que dejar de ordenar las piezas conforme a la ideología y empezar a hacerlo conforme a la ingeniería.
