Ingeniería y sector asegurador reclaman reforzar la resiliencia de las infraestructuras críticas en España
Expertos reunidos en una jornada sobre la Directiva CER advierten de la necesidad de anticiparse a riesgos cada vez más complejos —desde crisis energéticas hasta amenazas híbridas o desastres naturales— y proponen elevar la protección de los servicios esenciales a una prioridad estratégica para el país.
La resiliencia de las infraestructuras críticas y de los servicios esenciales debe convertirse en una prioridad estratégica para España. Esta fue una de las principales conclusiones del acto en el que el Instituto de la Ingeniería de España y la Asociación Cluster Catástrofes presentaron el Manifiesto sobre la Directiva CER: Compromisos y Aportaciones, un documento que plantea reforzar la preparación del país frente a crisis y emergencias que puedan afectar a servicios básicos.
El encuentro reunió a representantes del ámbito de la ingeniería, el sector asegurador y organizaciones profesionales, entre ellos María Cruz Díaz, presidenta del Instituto de la Ingeniería de España; Pedro Tomey, presidente del Cluster Catástrofes; Roberto Hernández, director de Siniestros de Zurich Insurance Group en España; y José Trigueros, presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
Un marco europeo para proteger los servicios esenciales
El manifiesto se enmarca en la aplicación de la Directiva CER, una normativa europea diseñada para reforzar la protección de infraestructuras y servicios esenciales como la energía, el transporte, el agua, la sanidad o las redes digitales.
La directiva obliga a los Estados miembros a identificar las entidades críticas que sostienen el funcionamiento de la sociedad y la economía, evaluar sus riesgos y establecer medidas técnicas y organizativas para garantizar la continuidad de los servicios incluso ante incidentes graves. Además, exige la notificación de incidentes y la elaboración de estrategias nacionales de resiliencia.
Los expertos reunidos en el acto subrayaron que el objetivo no es solo cumplir con la normativa europea, sino avanzar hacia un modelo de gestión preventiva basado en la anticipación, el análisis de riesgos y la cooperación institucional.
La resiliencia como prioridad estratégica
Durante la presentación del manifiesto, Pedro Tomey defendió que la resiliencia debe ser considerada una política de Estado, con acuerdos estables que superen los ciclos electorales. En un contexto marcado por la inestabilidad geopolítica, el cambio climático o las amenazas híbridas —desde ciberataques hasta sabotajes o catástrofes naturales— la continuidad de los servicios esenciales se ha convertido en un elemento clave de seguridad nacional.
Según explicó, garantizar el funcionamiento de sistemas como la electricidad, el suministro de agua, el transporte o la sanidad no solo afecta a la actividad económica, sino también a la seguridad y a la estabilidad social.
Ingeniería y sector asegurador, actores clave
El manifiesto destaca el papel de la ingeniería en el diseño de infraestructuras más robustas y en la gestión técnica de los riesgos. Desde el análisis de vulnerabilidades hasta la planificación de sistemas redundantes o la recuperación tras incidentes, la ingeniería se considera una herramienta fundamental para construir infraestructuras resilientes.
También se subrayó la contribución del sector asegurador, que puede actuar como socio estratégico en la gestión de riesgos, aportando información estadística, modelos predictivos y mecanismos financieros para afrontar eventos catastróficos. Entre las propuestas planteadas figura la realización de tests de estrés en infraestructuras críticas y una mejor gestión de los datos para ajustar la cobertura de riesgos.
Propuestas para reforzar la gobernanza
Entre las iniciativas recogidas en el manifiesto destaca la propuesta de crear un Observatorio CER de resiliencia, concebido como un espacio neutral de cooperación entre administraciones públicas, operadores de servicios esenciales, expertos y sociedad civil.
Este organismo permitiría realizar seguimiento de la aplicación de la directiva, desarrollar indicadores de desempeño y elaborar informes independientes sobre el estado de la resiliencia en España.
El documento también plantea reforzar la transparencia y la rendición de cuentas tras incidentes graves, mediante investigaciones técnicas independientes que permitan extraer lecciones y mejorar los sistemas de prevención.
Educación y cultura de resiliencia
Más allá del ámbito técnico, el manifiesto pone el foco en el papel de la sociedad civil y del sistema educativo. Las instituciones académicas y profesionales pueden contribuir mediante investigación, formación especializada y difusión de una cultura preventiva que prepare a ciudadanos e instituciones ante situaciones de crisis.
En este sentido, los expertos consideran necesario formar talento especializado en gestión de riesgos, infraestructuras críticas y resiliencia, un ámbito cada vez más relevante en la planificación de las infraestructuras modernas.
Un año clave para la aplicación de la normativa
El sector considera que 2026 será un año decisivo para consolidar la aplicación práctica de la Directiva CER en España. La normativa europea pretende reforzar la capacidad de los países para resistir y recuperarse de perturbaciones que puedan afectar a servicios esenciales.
Con este manifiesto, el Instituto de la Ingeniería de España y el Cluster Catástrofes hacen un llamamiento a instituciones públicas, empresas y sociedad civil para avanzar hacia un modelo de resiliencia que proteja a las personas, fortalezca la confianza institucional y garantice la continuidad de los servicios que sostienen la vida cotidiana y la actividad económica.
