Infraestructuras hidráulicas: el precio de aplazar lo inaplazable
Hay cifras que no deberían pasar por la agenda informativa como una más. Ciento cuatro mil millones de euros es una de ellas. Es la inversión que, según el reciente informe de TYPSA para la patronal Seopan, necesitaría España en la próxima década para poner al día sus infraestructuras hidráulicas y adaptarlas a un contexto de sequías persistentes, lluvias torrenciales y una presión creciente sobre los recursos hídricos. No es un cálculo alarmista ni una proclama corporativa, es el coste acumulado de muchos años de decisiones postergadas y de una política de inversión que, tras la crisis financiera, nunca volvió a recuperar el pulso.
“Hay un antes y un después de la crisis”, recuerda Julián Núñez, presidente de Seopan. Entre 2007 y 2009, el presupuesto hidráulico rondaba los 6.500 millones de euros anuales. En el periodo 2023-2025, apenas supera los 1.100 millones al año. No se trata de un simple ajuste coyuntural, sino de un cambio estructural que ha convertido la planificación del agua en una urgencia inaplazable.
El agua no entiende de ciclos presupuestarios. Sigue su curso, a veces escasa, a veces devastadora, pero siempre implacable con las infraestructuras obsoletas. España arrastra una red de abastecimiento urbano con pérdidas medias superiores al 20% en muchos municipios. Estaciones depuradoras que no alcanzan los estándares exigidos por la normativa europea, presas con necesidades de actualización en sistemas de seguridad y gestión y sistemas de drenaje urbano claramente insuficientes para absorber episodios de lluvia extrema que ya no son excepcionales, sino recurrentes.
El informe de Seopan pone cifras a esta realidad. De los 104.000 millones necesarios, cerca de 85.000 millones corresponderían a inversiones para garantizar el suministro, la calidad del agua y el cumplimiento de los objetivos ambientales, incluyendo modernización de redes, nuevas infraestructuras de regulación, desalación, reutilización y digitalización de los sistemas de gestión. Los algo más de 19.000 millones restantes se destinarían a medidas de protección frente a inundaciones: encauzamientos, laminación de avenidas, soluciones basadas en la naturaleza y adaptación de infraestructuras urbanas.
No hablamos, por tanto, de grandes obras aisladas y vistosas, sino de un entramado de actuaciones técnicas, muchas de ellas invisibles para el ciudadano, pero decisivas para la resiliencia del territorio. Como suele ocurrir en las infraestructuras del agua, su éxito se mide precisamente por lo que no pasa. Es decir que no falte suministro, que no se inunden barrios, que no se contaminen ríos.
Uno de los diagnósticos más preocupantes del informe es la brecha entre planificación y ejecución. Los planes hidrológicos de cuenca y los planes de gestión del riesgo de inundación contemplan medidas en los tres niveles de la administración, estatal, autonómico y local, pero solo alrededor del 30% de las actuaciones previstas se están ejecutando realmente. La causa no es técnica, es financiera y administrativa. Los planes existen, lo que no existe es un sistema estable de financiación que los acompañe de principio a fin.
Esta desconexión entre lo que se planifica y lo que se construye erosiona la credibilidad de la política hidráulica y, lo que es peor, multiplica los costes futuros. Cada actuación no ejecutada hoy suele convertirse en una intervención de emergencia mañana, más cara, más compleja y socialmente más traumática. La ingeniería, como la medicina, funciona mejor cuando actúa de forma preventiva y no en cuidados intensivos.
En este contexto, la insistencia de Seopan en la colaboración público-privada no debería leerse como un eslogan empresarial, sino como una llamada pragmática a ampliar el abanico de herramientas disponibles. España ha reducido de forma drástica el uso del modelo concesional en infraestructuras hidráulicas, a diferencia de otros países europeos donde se emplea para financiar, construir y operar instalaciones de ciclo integral del agua con contratos de largo plazo y reparto de riesgos.
El modelo es un instrumento probado para movilizar inversión, acelerar plazos y asegurar estándares de mantenimiento durante décadas. Plantas de desalación, grandes depuradoras, redes de distribución o sistemas de reutilización pueden gestionarse bajo esquemas concesionales que liberen recursos públicos para otras prioridades sin renunciar al control regulatorio. En un escenario de fuerte presión presupuestaria, ignorar esta opción equivale a autoimponerse límites que el propio desafío hídrico no permite.
Conviene recordar, además, que la inversión en infraestructuras de agua no es solo gasto público, es también política industrial, política ambiental y política social al mismo tiempo. Cada euro invertido reduce pérdidas económicas por inundaciones, mejora la competitividad de sectores productivos dependientes del recurso y eleva la calidad de vida en las ciudades. No es casual que los países con sistemas hidráulicos más robustos afronten con mayor estabilidad los impactos del cambio climático.
Hay también una dimensión territorial que no puede obviarse. La falta de infraestructuras adecuadas acentúa las desigualdades entre cuencas, penaliza al medio rural y complica la planificación urbana. La seguridad hídrica se convierte, así, en un factor de cohesión nacional.
Resulta paradójico que en un país con tradición histórica de ingeniería hidráulica, desde los canales de riego medievales hasta las grandes presas del siglo XX, se haya instalado una cierta resignación ante el deterioro progresivo de sus sistemas. Como si la infraestructura, una vez construida, pudiera mantenerse indefinidamente por simple inercia. La realidad es otra, porque las infraestructuras envejecen, se adaptan mal a nuevos patrones climáticos y requieren inversión constante para seguir cumpliendo su función.
El debate, por tanto, no debería centrarse en si la cifra de 104.000 millones es alta o baja, sino en si estamos dispuestos a asumir que no invertir hoy es más caro que invertir tarde, y que invertir tarde es más caro que invertir bien. La alternativa no es entre gastar o no gastar, sino entre planificar con visión de largo plazo o pagar con urgencias, improvisación y conflictos sociales.
Quizá el mayor riesgo no sea la falta de recursos, sino la falta de decisión. Porque los fondos europeos existen, la capacidad técnica existe y el sector empresarial está preparado para ejecutar. Lo que falta es un marco estable, previsible y ambicioso que convierta la gestión del agua en una política de Estado sostenida en el tiempo, no en una sucesión de parches presupuestarios.
Decía Ortega y Gasset que “solo cabe progresar cuando se piensa en grande; solo es posible avanzar cuando se mira lejos”. En materia de agua, mirar lejos significa asumir que el clima ya ha cambiado, que las ciudades seguirán creciendo y que la seguridad hídrica será uno de los principales vectores de estabilidad económica y social. La inversión que hoy parece elevada será, dentro de unos años, simplemente el coste mínimo de haber querido seguir viviendo con normalidad en un territorio cada vez más exigente con sus infraestructuras.
