Gran Canaria compra un billete para saltarse la Ley de Contratos y dar los millones del tren a INECO

A finales de julio de 2026, el Pleno del Cabildo de Gran Canaria aprobó una maniobra administrativa, económicamente nimia, pero en la práctica de extrema gravedad para nuestro sector, Mediante la adquisición de una única acción de la sociedad estatal Ingeniería y Economía del Transporte S.M.E. M.P., S.A. (INECO) por el irrisorio coste de 1.246,13 euros (valor nominal de 125,01 euros), la corporación insular ha ingresado en el accionariado de la empresa pública.

Esta operación, que lamentablemente replica la hoja de ruta ya ejecutada recientemente por el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife, tiene un objetivo explícito y pernicioso: esquivar los procedimientos de licitación pública amparados en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP).

El Cabildo ha anunciado que utilizará esta “puerta trasera” para declarar a INECO como su medio propio y encargarle directamente, a dedo y sin concurrencia competitiva, los trabajos más suculentos y estratégicos vinculados al futuro Tren de Gran Canaria. Específicamente, se pretenden centralizar en INECO la gestión de expropiaciones, la redacción de pliegos y documentos de licitación, la dirección y supervisión del proyecto (Project Management Office – PMO) y el apoyo técnico durante las obras.

Un modelo de competencia desleal que asfixia al sector privado

Esta práctica constituye un atropello flagrante a la libre competencia, a la calidad de la obra pública y al tejido productivo local. Las patologías de este modelo se resumen en cuatro ejes fundamentales:

-El Fraude del “Control Análogo”: La Directiva Europea 24/2014/UE y el Artículo 32 de la LCSP permiten las encomiendas de gestión a medios propios (“in-house providing”) siempre que la administración matriz ejerza sobre la entidad un “control análogo” al que ejerce sobre sus propios servicios. Es un insulto a la inteligencia jurídica pretender que comprar una acción por 1.246 euros otorga al Cabildo de Gran Canaria, representado por Teodoro Sosa en la Junta General, un control estratégico o de gestión real sobre un gigante estatal controlado por el Ministerio de Transportes. Se trata de un fraude de ley de manual diseñado exclusivamente para evitar los concursos públicos.

-Canibalización del Tejido Empresarial e Ingeniería Local: El argumento de la “agilidad” administrativa es una falacia que oculta la expropiación del mercado a las empresas privadas. Los encargos para el Tren de Gran Canaria representan un volumen de honorarios de alta cualificación vital para el ecosistema de ingeniería civil de las islas, representada por las empresas locales y las delegaciones de las empresas de ámbito nacional. Al entregar este paquete a INECO, se asfixia a las pymes locales y nacionales que pagan sus impuestos y generan empleo estable en Canarias. La ingeniería local se verá reducida, en el mejor de los casos, a actuar como subcontratista precarizada de la propia INECO.

-Conflicto de Intereses y Pérdida de Eficiencia: Otorgar a una empresa pública tareas críticas como la “redacción de pliegos” y la PMO (oficina de gestión de proyectos) implica que INECO va a diseñar las reglas del juego de la obra y, simultáneamente, a supervisarla. Se pierde la necesaria independencia entre la administración (cliente), el redactor y el contratista. Además, las encomiendas a INECO se pagan mediante tarifas oficiales que, históricamente, no son más baratas que los precios obtenidos en una licitación abierta basada en la relación calidad-precio.

-La “Pereza Administrativa” como Excusa: El Cabildo justifica la operación por su incapacidad de licitar a tiempo. La respuesta a un problema de ineficiencia interna (falta de personal en las mesas de contratación o lentitud procedimental) no puede ser la voladura del sistema de contratación pública mediante atajos instrumentales, que eliminan la igualdad de oportunidades y la transparencia, y de dudoso encaje en el Estado de Derecho, si es que eso le importa a alguien claro.

Denuncia legal y vía contenciosa

Para frenar la consolidación de este modelo “vírico” de compras simbólicas de acciones, que ya se ha producido en el ámbito de las empresas municipales de agua, para hurtar la presencia en los concursos de las empresas privadas, más cualificadas y eficientes, tanto Tecniberia como el Colegio de Ingenieros de Caminos deben desplegar de inmediato un bloque de acciones jurídicas contundentes.

Debe presentarse un recurso directo solicitando la nulidad de pleno derecho del Acuerdo del Pleno del Cabildo de Gran Canaria. El fundamento será la inexistencia del requisito de “control análogo conjunto” (Art. 32.4 LCSP). Hay que mostrar al juez que la participación ínfima en el capital (0,000…1%) no garantiza una influencia determinante sobre INECO. Y solicitar como medida cautelar la suspensión de cualquier encomienda de gestión futura basada en este acuerdo.

Denuncia a la CNMC

Debe presentarse un informe exhaustivo demostrando que esta práctica coordinada (Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife, Cabildo de Gran Canaria) supone una alteración artificial del mercado, un abuso de posición de dominio institucional y un vaciamiento del mercado de servicios de ingeniería.

Y también se debería escalar el asunto a Bruselas por vulneración de la Directiva Europea 2014/24/UE. Europa es extremadamente estricta con el uso de las encomiendas “in-house”. Hay que alertar a la Comisión del riesgo de que los fondos europeos asociados al desarrollo ferroviario en Canarias se ejecuten eludiendo la transparencia de la contratación pública comunitaria.

En el minuto uno en que el Cabildo publique el primer encargo/encomienda a INECO derivado de esta acción, debe presentarse un Recurso Especial en Materia de Contratación ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Canarias, bloqueando temporalmente el expediente.

Interpelación parlamentaria

Hay que contactar con los grupos de la oposición en el Cabildo de Gran Canaria y en el Parlamento Regional para que exijan la comparecencia urgente de Antonio Morales (Presidente del Cabildo) y Teodoro Sosa (Consejero de Presidencia y Movilidad). Que expliquen en sede parlamentaria por qué consideran que la ingeniería privada canaria y nacional no es digna de competir por la redacción del Tren de Gran Canaria.

No estamos ante un hecho aislado, sino ante un cambio de paradigma: la huida del derecho administrativo mediante la instrumentación de las empresas públicas estatales a nivel local. Si permitimos que el modelo del Tren de Gran Canaria cristalice, mañana será la redacción de carreteras, la planificación de obras hidráulicas y el diseño de la red energética. Ya está generalizándose en la gestión del abastecimiento de agua, en ese caso ante la incapacidad de competir con las empresas especialistas hurtan los concursos con la misma tropelía.

Es urgente oponerse con todas las herramientas del estado de derecho, desde todas las organizaciones profesionales. La ingeniería privada no teme competir en precio y calidad; lo único que exige es que le permitan entrar en el terreno de juego.