Familiares de las víctimas de Adamuz impulsan denuncias judiciales y el Gobierno suspende el funeral de Estado
A una semana del trágico accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) en el que murieron 45 personas y decenas resultaron heridas, familiares de víctimas y afectados han empezado a presentar denuncias ante los tribunales y a organizarse en plataformas y asociaciones con el objetivo de canalizar la batalla legal, exigir “responsabilidades civiles y penales” y reclamar transparencia sobre las causas del siniestro, que muchos consideran no fue un accidente fortuito. El Juzgado de Montoro ha recibido ya varias denuncias y personaciones, mientras surgen iniciativas ciudadanas y movilizaciones en distintas localidades de España.
En los últimos días, familiares de víctimas mortales y heridos del accidente de Adamuz han comenzado a acudir a los tribunales para presentar denuncias y personarse como acusación en la causa abierta en el Juzgado de Instancia Plaza nº 2 de Montoro (Córdoba), que investiga el siniestro que el pasado 18 de enero costó la vida a 45 viajeros. Hasta el momento, el tribunal ha recibido alrededor de una decena de denuncias y siete solicitudes de personación por parte de afectados, asociaciones y partidos políticos interesados en intervenir en el procedimiento judicial.
Los familiares están organizándose también a nivel asociativo para fortalecer su posición legal y mediática. En Huelva, por ejemplo, ha nacido formalmente la “Plataforma onubense de afectados y familiares por el accidente ferroviario de Adamuz”, que pretende agrupar a quienes perdieron a seres queridos o resultaron heridos con el objetivo de coordinar las acciones jurídicas y reclamar que se depuren todas las responsabilidades, tanto civiles como penales, derivadas del siniestro. La plataforma está liderada por el abogado José Luis Orta Prieto, conocido por su trayectoria en casos de gran impacto social, como la Asociación de Bebés Robados de Huelva y procesos complejos con múltiples víctimas.
No fue un accidente fortuito
Los grupos que se están formando coinciden en que no consideran “no fue un accidente fortuito”, sino que atribuyen al siniestro posibles fallos de mantenimiento o gestión de la infraestructura ferroviaria, y exigen que esa línea de investigación se explore con rigor. Familias de víctimas, que se han comunicado a través de redes sociales y grupos de mensajería, han convocado incluso una manifestación en Huelva para el 31 de enero, día en que estaba previsto un homenaje estatal —ahora modificado tras peticiones de los familiares—, para visibilizar su exigencia de justicia.
Además de las iniciativas ciudadanas, partidos políticos como Vox han impulsado querellas que apuntan directamente a altos cargos del Ministerio de Transportes y organismos dependientes como Adif, señalándolos en algunos casos por presunta responsabilidad en la gestión de la red ferroviaria. Estas acciones se suman a las denuncias individuales que ya se están tramitando ante el juzgado.
La Fiscalía de Córdoba, por su parte, ha solicitado a la jueza encargada del caso que no se declare el secreto de las diligencias previas, argumentando que la complejidad de la investigación y el interés público recomiendan mantener la causa abierta al escrutinio de afectados y medios, algo que las familias han celebrado como un paso positivo hacia la transparencia del proceso.
Mientras tanto, las oficinas de la Guardia Civil en varias provincias, como Huelva, Sevilla o Málaga, permanecen abiertas para que los familiares puedan formalizar denuncias, aportar muestras de ADN para la identificación de los cuerpos que aún no han sido plenamente identificados y reclamar información oficial sobre el desarrollo del caso.
Los afectados exigen aclarar por completo las causas del accidente, conocer si hubo fallos de mantenimiento o negligencias y, en caso afirmativo, que los responsables rindan cuentas ante los tribunales. En medio del dolor y el proceso de duelo por las pérdidas humanas, estas familias han iniciado un camino judicial que promete ser largo, como recuerdan algunos afectados al recordar que la sentencia del accidente de Angrois tardó casi 13 años en conocerse.
En paralelo a estas iniciativas legales, en distintos municipios se siguen celebrando actos de recuerdo, como funerales y momentos de homenaje a las víctimas, que han mantenido viva la memoria de los fallecidos y reforzado la demanda social de verdad, justicia y garantías de que un desastre de esta magnitud no vuelva a repetirse.
El balance oficial de personas atendidas en hospitales alcanza 126 afectados, de los cuales 22 continúan ingresados y cinco permanecen en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) en diferentes centros sanitarios, mientras que decenas más ya han recibido el alta médica tras ser estabilizados y tratados por lesiones de diversa gravedad. Además, Renfe ha difundido esta semana información detallada para que los pasajeros y familiares de víctimas puedan tramitar solicitudes de indemnización, asistencia médica y apoyo psicológico a través del seguro obligatorio de viajeros y los seguros de responsabilidad civil asociados, un procedimiento cuya presentación tiene un plazo de hasta cinco años desde el accidente. El grupo asegurador principal implicado es Everest Insurance, acompañado por pólizas adicionales con QBE Europe y avales de CaixaBank para cubrir compensaciones que excedan los límites del seguro obligatorio, con cuantías que variarán en función de si se trata de fallecimientos, lesiones permanentes o secuelas certificadas.
Suspensión del funeral de Estado
En un giro que ha generado debate público, el Gobierno central ha decidido posponer sine die el homenaje de Estado previsto para el 31 de enero en Huelva, en honor a las víctimas del accidente de Adamuz, tras contactar con numerosas familias que expresaron que no podrían o no deseaban asistir al acto oficial en la fecha inicialmente fijada. Las autoridades han argumentado que una “amplia mayoría” de los afectados reportó dificultades para participar en el evento en ese momento, por lo que la celebración se aplaza a una fecha futura que aún no ha sido determinada. En su lugar, esta misma semana se han realizado actos religiosos y ceremonias locales en Adamuz, Huelva y Málaga, incluidas misas y vigilias para recordar a los fallecidos, con la participación de obispos, autoridades y centenares de ciudadanos.
Esta decisión de posponer el homenaje de Estado se produce en medio de críticas y posiciones encontradas entre algunas familias y representantes políticos, ya que varios afectados habían expresado públicamente su rechazo al formato laico del acto original y su preferencia por ceremonias religiosas o por actos en los que se abordaran también las demandas de responsabilidad y justicia frente al accidente. En algunos casos, familiares han acusado al Gobierno de intentar imponer un relato político o un formato que no respeta sus creencias y su duelo, y han optado por no participar en homenajes oficiales hasta que se clarifiquen las causas del siniestro y se avance en las investigaciones y procesos judiciales.
