España y Namibia firman un memorando para investigar la gestión óptima del caladero africano
Treinta y seis años después de que Namibia cerrara sus aguas a la flota española, España y Namibia firmaron el 5 de octubre en Vigo un memorando de entendimiento para cooperar en investigación pesquera, gestión de recursos marinos, acuicultura, comercio y control de la pesca ilegal. Lo suscribieron Isabel Artime, secretaria general de Pesca, y Teofilus Nghitila, director ejecutivo del departamento namibio de Agua y Recursos Marinos. El texto no es un acuerdo de acceso: no da cuotas ni licencias. Es un marco para generar conocimiento común sobre un caladero del que procede buena parte de la merluza congelada que se consume en España y en el que operan plantas de transformación de capital español.
El memorando tiene una vigencia inicial de cuatro años, prorrogable por acuerdo de las partes. Cubre cinco ámbitos: investigación pesquera, gestión de recursos marinos, acuicultura, comercio internacional de productos pesqueros y control de la actividad. En investigación prevé intercambio de información científica, proyectos conjuntos y formación de capacidades para evaluar poblaciones y condiciones del medio. En gestión incluye la trazabilidad de las capturas y la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
La pieza operativa es un Comité Técnico Conjunto de Cooperación Pesquera. Le corresponderá redactar los planes de acción y supervisar su ejecución. Hasta que esos planes existan, el memorando es una declaración de intenciones con estructura de gobierno, pero sin proyectos, presupuesto ni calendario públicos. En la misma agenda de Vigo, Artime se reunió también con los ministros de Pesca de Senegal y Angola.
Hasta 1990 el caladero se gestionaba bajo la Comisión Internacional de Pesquerías del Atlántico Sudoriental (ICSEAF), creada en 1969. Las flotas extranjeras faenaban con escasa contrapartida para el territorio, y la española era la que más se concentraba en la merluza. Según el análisis publicado por el Colectivo Internacional de Apoyo a la Pesca Artesanal (ICSF), los arrastreros españoles declararon más de 1,1 millones de toneladas de merluza en aguas namibias solo entre 1981 y 1988. La biomasa había caído a un 20 % del nivel de 1969.
Independencia de Namibia
Con la independencia, Namibia proclamó su zona económica exclusiva (ZEE) de 200 millas, disolvió de hecho el régimen de la ICSEAF y expulsó a las flotas extranjeras. Para España fue el fin de un acceso que daba por permanente. La misma fuente cifra en unos 173 los buques españoles que dependían de esas aguas, con 6.200 tripulantes y en torno a 40.000 empleos en tierra. El primer total admisible de capturas (TAC) de merluza de la Namibia independiente fue de 60.000 toneladas, frente a unas 300.000 capturadas en 1989.
El choque fue también judicial. En mayo de 1990 inspectores namibios apresaron tres arrastreros españoles, el Cabu Primero, el Altasa Cuarto y el Cotorredondo Cuarto, cuyas tripulaciones fueron condenadas en 1991 por pescar sin licencia. Un documento del Bundestag alemán de junio de 1991 recoge unas 40.000 toneladas capturadas ilegalmente en seis meses y cinco buques españoles confiscados por orden del Tribunal Supremo namibio.
La Comunidad Europea intentó entre 1991 y 1992 negociar un acuerdo de pesca con Windhoek que devolviera derechos de captura a cambio de contrapartidas. Nunca se firmó. Hoy Namibia no figura entre los 20 países con acuerdo de colaboración de pesca sostenible con la UE, ni activo ni durmiente. Windhoek optó por otra vía: cuotas asignadas a titulares namibios, cánones por tonelada y empresas conjuntas con desembarque y transformación en tierra.
Las empresas españolas se adaptaron a ese modelo. Pescanova creó NovaNam en 1990 en Lüderitz, y otras firmas gallegas se asociaron con titulares de cuota locales. En 2011 una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) estimaba que siete de cada diez merluzas capturadas en Namibia lo eran por empresas de capital español. La crisis de 1990 no expulsó al sector: lo obligó a instalarse en el país y a operar bajo reglas namibias.
La renovación pendiente
Esa dependencia explica la preocupación por el marco de cooperación científica. Galicia tenía una memoria de entendimiento propia con Namibia, y en noviembre de 2024 la Xunta y la viceministra namibia Sylvia Makgone expresaron su interés en renovarla «dentro de un proyecto marco a firmar con el Reino de España». El memorando del 5 de octubre es ese marco estatal. Llega cuando el caladero aprieta: el TAC de merluza para 2025/26 se fijó en 133.000 toneladas, por debajo de las 140.000 del ejercicio anterior, y el Gobierno namibio subasta parte de las cuotas, con la merluza adjudicada en mayo de 2026 a hasta 21.600 dólares namibios por tonelada.
El memorando habla de «evaluar mejor las poblaciones». En Namibia eso tiene un contenido técnico preciso, y difícil. La merluza namibia son en realidad dos especies, Merluccius capensis, de plataforma, y Merluccius paradoxus, de talud y aguas profundas. Se capturan juntas, son difíciles de separar en la captura comercial y las evaluaciones namibias las han tratado como un solo stock. Una evaluación por análisis estadístico de capturas por edad publicada en 2012 por científicos del centro namibio NatMIRC concluía que el recurso seguía lejos del rendimiento máximo sostenible, en torno al 20 % de su nivel previo a la explotación, con una incertidumbre fuerte ligada al modelo.
A eso se suma que el recurso es transfronterizo. Las dos especies se extienden también por aguas sudafricanas, y las campañas de evaluación de la región se han hecho en cooperación con Sudáfrica y Noruega, mediante arrastre de fondo y el método de área barrida, con muestreo de huevos y larvas para localizar la puesta.
Lo que España puede aportar
España tiene tres activos que encajan con esas necesidades:
- Buques y método. La Secretaría General de Pesca y el Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) han hecho en Angola, en 2022 y 2024, campañas de evaluación de recursos demersales con el Miguel Oliver, un buque de 70 m de eslora con tres ecosondas y seis laboratorios. Obtuvieron índices de abundancia por arrastre, estructura demográfica de las poblaciones y variables hidrográficas. Es el modelo más cercano de lo que una campaña hispano-namibia podría ser.
- Cooperación previa con NatMIRC. La fundación gallega CETMAR trabajó con el centro namibio en evaluación de recursos, determinación de stocks y seguimiento de poblaciones.
- Acuicultura aplicada. Con financiación de la AECID, CETMAR participó en la construcción de un centro de cría de alevines de tilapia y siluro en la región de Zambeze, en el norte del país, para abastecer a pequeños productores rurales.
Hay un cuarto activo que el memorando no menciona y que, a juicio de esta redacción, sería el más valioso: los datos de la propia flota y de las plantas de capital español que operan en Namibia. Composiciones de tallas, capturas por lance y proporción de cada especie de merluza son la materia prima de cualquier evaluación. Ponerlos a disposición de los científicos de ambos países, con formatos comunes, mejoraría la evaluación más que cualquier declaración.
El problema de la trazabilidad
El segundo bloque técnico es la trazabilidad. Toda merluza namibia que entra en la UE necesita un certificado de captura validado por la autoridad del Estado de pabellón. Desde el 10 de enero de 2026, en aplicación del Reglamento (UE) 2023/2842, esos certificados se tramitan obligatoriamente en CATCH, el sistema digital europeo.
El sistema funciona peor de lo previsto en la frontera con terceros países. El Consejo Consultivo de Mercados (MAC) advertía en julio de 2026 que la mayoría de los países exportadores siguen fuera del flujo digital. La carga de digitalizar los datos recae en los importadores europeos, y tramitar un solo certificado puede llevar de 50 minutos a varias horas de transcripción manual. Para un producto perecedero, cada retraso es coste.
Namibia parte de una base desigual. Según el informe Global Fisheries MCS Report 2023, su sistema de localización por satélite (VMS) seguía a 170 buques, con posición horaria para los de más de 24 m. Pero la cobertura de observadores a bordo se quedó en el 53 % en 2023 y las patrulleras sumaron 88 días de mar frente a un objetivo de 144. El índice global del informe la sitúa en riesgo moderado.
En este terreno el memorando puede tener efectos medibles. Una validación namibia conectada a CATCH, cuadernos de pesca electrónicos con formato compatible y datos VMS compartidos para el control abaratarían la importación y reforzarían la lucha contra la pesca INDNR a la vez. Nada de eso figura todavía en el texto difundido.
«Un memorando no es un acuerdo»
Ni el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ni Windhoek han publicado presupuesto, calendario, proyectos científicos, estándares de datos ni compromisos empresariales. En Namibia, además, el escepticismo es explícito: una tribuna publicada en The Namibian el 30 de agosto, titulada «Un memorando no es un acuerdo», citaba el de pesca con España entre los instrumentos que el Gobierno firma sin métricas de resultado.
Un memorando solo tendrá efecto industrial si produce datos interoperables. Hay cuatro indicadores verificables para juzgarlo en los próximos cuatro años:
- Fecha de constitución del Comité Técnico Conjunto y publicación de su primer plan de acción.
- Al menos una campaña oceanográfica conjunta en aguas namibias, con buque, fechas y objetivos de evaluación de merluza.
- Un protocolo de intercambio de datos entre IEO-CSIC y NatMIRC, con formatos acordados para tallas, capturas y separación de especies.
- Validación electrónica de los certificados de captura namibios conectada a CATCH.
Suponiendo que pasemos de las musas al teatro, para las empresas españolas instaladas en Namibia, la operación es una consolidación reputacional y la implicación institucional del estado español en una cuestión en la que las empresas habían hecho su trabajo, y donde solo la Xunta gallega había comparecido. Si además se hiciera el trabajo, una evaluación más sólida permite una defensa racional de las cuotas, y una trazabilidad digital reduce costes de importación. Treinta y seis años después de perder el acceso libre al caladero, el sector es ya un actor relevante en Namibia.
