El rescate anulado del túnel de Sóller duplica su factura: 33,2 millones más intereses

El rescate anulado del túnel de Sóller duplica su factura: 33,2 millones más intereses
Un auto obliga al Consell de Mallorca a abonar otros 16,93 millones a la antigua concesionaria, además de los 16,29 millones pagados en 2017 para suprimir el peaje cuatro años y medio antes de que terminara el contrato. La valoración de los beneficios perdidos y su actualización financiera disparan el coste de la operación.

La factura judicial por eliminar anticipadamente el peaje del túnel de Sóller asciende a 33,2 millones de euros para las arcas públicas, antes de intereses. La magistrada Sonia Martín Pastor, de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Palma, ha fijado una compensación adicional de 16.930.970 euros a favor de la Compañía Concesionaria del Túnel de Sóller, vinculada a Globalvia. La resolución, fechada el 10 de noviembre, añade a esa cantidad los intereses legales generados desde junio de 2022 hasta la fecha del auto.

La cuenta parte de una valoración de los daños y perjuicios de 28.233.293 euros, expresada en valor de diciembre de 2017. De ella se descuentan los 16.288.201 euros que ya había abonado el Consell, con lo que quedan pendientes 11.945.092 euros. Ese saldo se actualiza con una tasa del 8,06 % hasta el 30 de junio de 2022, fecha en la que habría finalizado la concesión, y alcanza los 16,93 millones. Sumados al desembolso inicial, elevan la factura a 33,22 millones antes de incorporar los intereses legales posteriores.

El auto resuelve las consecuencias económicas de la anulación del rescate. Devolver la explotación a la empresa ya resulta materialmente imposible: el plazo de la concesión terminó en junio de 2022, antes de que concluyera el litigio sobre la legalidad de la decisión administrativa. Por ello, la ejecución de la sentencia se traduce en una compensación por los beneficios que la compañía dejó de obtener durante el periodo en que fue privada de la explotación.

Un rescate anulado en 2020 por “un cambio de parecer”

El Consell, presidido entonces por Miquel Ensenyat, acordó el rescate en agosto de 2017 y lo hizo efectivo en diciembre para eliminar el peaje. La operación fue anulada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Palma en marzo de 2020; el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares confirmó esa decisión en 2021 y el Tribunal Supremo desestimó el recurso de la institución insular mediante su sentencia 1097/2023, de 25 de julio.

El Supremo rechazó que las razones alegadas justificasen terminar anticipadamente el contrato. El Consell había invocado las diferencias entre usuarios bonificados y no bonificados, la situación de los habitantes de otras zonas de la isla sin carreteras de peaje y las dificultades del itinerario alternativo. Los tribunales consideraron que esas circunstancias ya existían cuando se otorgó y prorrogó la concesión y que no habían cambiado sustancialmente.

La sentencia subraya que rescatar una concesión exige un interés público real, adecuado y motivado, surgido después del contrato o transformado respecto del inicialmente considerado. Un «mero cambio de parecer» de la Administración no basta. También destaca que no se explicó por qué la supresión del peaje no podía esperar a la finalización del contrato en junio de 2022.

Modelo económico

La nueva resolución sitúa el modelo económico de la concesión en el centro de la indemnización. Según la información publicada sobre el auto, el juzgado concede mayor consistencia a la pericial de KPMG aportada por la empresa que a la elaborada por expertos de la Universitat de les Illes Balears para el Consell. La primera utiliza una tasa del 8,06 %, recogida en el plan económico-financiero de 2007 y empleada durante la concesión. La pericial universitaria defendía un 12,48 %, que la magistrada considera más propio de una valoración de mercado que del cálculo de los beneficios perdidos.

El auto cuestiona asimismo que el informe universitario contemplara un coste de la deuda del 24 %, frente al 2,70 %-3 % que reflejaban las cuentas de la concesionaria en 2017. También rechaza descontar previamente el impuesto sobre sociedades de los beneficios estimados, al considerar que la indemnización quedará sometida a tributación cuando se perciba.

El Consell había defendido una valoración de unos 13 millones de euros, inferior incluso al importe abonado en 2017, alegando, entre otros factores, la caída del tráfico durante la pandemia de 2020 y 2021. Sus servicios jurídicos estudian ahora los siguientes pasos y no han descartado recurrir. El auto admite apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares en los quince días siguientes a su notificación.

Un túnel de 3.000 metros

La infraestructura que originó el conflicto tiene 3.023 metros de longitud y se inauguró el 19 de febrero de 1997. Situada en la Ma-11, permite comunicar Palma y Sóller evitando el trazado de montaña del Coll de Sóller. La concesión comprendía la construcción, conservación y explotación de la carretera de peaje.

La supresión de las barreras trasladó a la gestión pública las necesidades de conservación y funcionamiento. Cuando anunció el rescate en febrero de 2017, el Govern balear comprometió una aportación de 4,125 millones de euros hasta 2022 para contribuir al mantenimiento, mediante anualidades de 687.500 euros. Ese gasto era adicional al precio de recuperar anticipadamente la concesión.

Las necesidades técnicas siguen presentes. El Consell ha programado entre el 19 de octubre y el 19 de noviembre de este año trabajos nocturnos para sustituir los paneles de señalización del túnel. El paquete anunciado, presupuestado en 700.000 euros, incluye también la limpieza de los drenajes de Sóller y Sa Mola para prevenir inundaciones y las revisiones anuales de los sistemas de seguridad y ventilación. Los cortes previstos son de lunes a jueves, entre las 22.00 y las 6.00 horas, con paso para emergencias y autobuses del TIB y desvío del resto del tráfico por la Ma-11A. Son actuaciones de mantenimiento y seguridad que se suman a la indemnización derivada del rescate anulado.

Redacción

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