El Gobierno prepara una profunda reforma de la normativa minera que podría quedar pendiente para la próxima legislatura
El Ministerio para la Transición Ecológica pretende modificar el Real Decreto 975/2009 para endurecer las exigencias ambientales y de seguridad de las explotaciones mineras, pero también para simplificar autorizaciones, flexibilizar las garantías financieras y facilitar el aprovechamiento de residuos. La reforma, que afecta a la ingeniería de minas y a la viabilidad económica de numerosos proyectos extractivos, permanecerá en información pública hasta el 4 de diciembre. Y todavía están pendientes numerosos informes preceptivos, incluido el dictamen del Consejo de Estado, lo que complica su aprobación antes de finalizar el año y abre la posibilidad de que su tramitación se prolongue hasta un eventual cambio de Gobierno.
El Gobierno ha puesto en marcha una de las reformas más importantes de los últimos años para la industria minera española. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha elaborado un proyecto de real decreto que modifica sustancialmente el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, la principal norma estatal que regula la gestión de los residuos de las industrias extractivas y la protección y rehabilitación de los terrenos afectados por la actividad minera.
La iniciativa pretende adaptar una regulación aprobada hace más de diecisiete años a los avances técnicos en ingeniería de minas, a las nuevas exigencias ambientales europeas y a la creciente importancia estratégica de las materias primas minerales. Sin embargo, también introduce obligaciones que pueden incrementar los costes de explotación, restauración y vigilancia de las instalaciones, especialmente en las explotaciones que requieren grandes movimientos de tierras, balsas de residuos, presas o escombreras.
El proyecto se encuentra actualmente en fase de audiencia e información pública, abierta el pasado 27 de octubre y que concluirá el próximo 4 de diciembre. A partir de esa fecha, el Ministerio deberá analizar las alegaciones recibidas y completar los trámites necesarios antes de elevar el texto al Consejo de Ministros.
Plan de Acción para la Gestión Sostenible de las Materias Primas Minerales 2026-2030
La reforma no es una iniciativa aislada. Forma parte del Plan de Acción para la Gestión Sostenible de las Materias Primas Minerales 2026-2030, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 10 de marzo, que considera prioritaria la modernización del marco regulatorio de una industria llamada a desempeñar un papel relevante en el abastecimiento de minerales para la transición energética, la electrificación, las infraestructuras y las tecnologías digitales.
El alcance de la modificación es considerable. Según la Memoria del Análisis de Impacto Normativo (MAIN), el proyecto modifica 23 artículos, una disposición final y un anexo de la regulación vigente, además de incorporar un nuevo artículo y tres disposiciones adicionales. También introduce cambios en otras normas mineras, incluidos aspectos relacionados con el abandono de labores y la caducidad de derechos de explotación.
Uno de los cambios más relevantes afecta al propio concepto de restauración minera. Hasta ahora, la normativa se centraba fundamentalmente en la recuperación de los terrenos alterados, su estabilidad, la prevención de la contaminación y la restitución de sus condiciones ambientales. La reforma amplía expresamente estos objetivos para incorporar la restauración ecológica, la biodiversidad, la conectividad de los ecosistemas, la geodiversidad y la adaptación al cambio climático.
Nuevos retos para los ingenieros
En términos de ingeniería, este planteamiento puede obligar a revisar los criterios utilizados para diseñar taludes, remodelar terrenos, gestionar suelos y aguas, seleccionar especies vegetales y planificar la recuperación de los espacios explotados. No bastará necesariamente con garantizar la estabilidad geotécnica y ejecutar las medidas tradicionales de revegetación, sino que los proyectos deberán considerar también la funcionalidad ecológica del territorio y su integración en el entorno.
La nueva orientación puede favorecer soluciones de restauración geomorfológica más avanzadas y una mayor utilización de técnicas basadas en procesos naturales. Sin embargo, también plantea interrogantes sobre los costes adicionales que deberán asumir las empresas y sobre la definición de criterios técnicos suficientemente precisos para evitar interpretaciones diferentes entre comunidades autónomas.
Precisamente, la homogeneización de los criterios administrativos constituye otro de los objetivos de la reforma. El proyecto introduce una diferenciación más clara entre las modificaciones sustanciales y no sustanciales de los planes de restauración, con procedimientos específicos para cada supuesto.
Explotaciones en funcionamiento
Esta distinción puede resultar especialmente importante para las explotaciones en funcionamiento. La actividad minera requiere adaptar periódicamente los proyectos a la evolución de los yacimientos, las condiciones geológicas, las tecnologías disponibles y las necesidades de producción. Cuando cualquier modificación relevante obliga a recorrer procedimientos administrativos complejos, las empresas pueden encontrarse con retrasos que dificultan la planificación técnica y económica.
La propuesta pretende agilizar estas adaptaciones, mejorar la coordinación entre las autoridades mineras y ambientales y evitar duplicidades documentales cuando los proyectos ya están sometidos a evaluación de impacto ambiental. También contempla un régimen simplificado para determinados proyectos de investigación minera, lo que podría reducir las cargas administrativas en las fases iniciales de exploración de nuevos recursos.
Para la industria, estas medidas representan una de las principales ventajas de la reforma. Una tramitación más previsible y unos criterios homogéneos pueden facilitar las inversiones, reducir la incertidumbre regulatoria y permitir una incorporación más rápida de nuevas soluciones técnicas.
No obstante, su eficacia dependerá de cómo se apliquen los procedimientos y de los medios disponibles en las administraciones competentes. La simplificación normativa no garantiza por sí sola una reducción efectiva de los plazos si los organismos encargados de autorizar y supervisar los proyectos continúan acumulando expedientes.
Régimen de garantías financieras
Otro de los aspectos de mayor trascendencia económica es la modificación del régimen de garantías financieras que deben constituir las empresas para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones de restauración.
El proyecto pretende establecer una metodología común de cálculo en todo el territorio nacional y adaptar periódicamente el importe de las garantías a las necesidades reales de rehabilitación pendientes. Las revisiones se efectuarían en función de las fases de los proyectos y, como máximo, cada cinco años.
El sistema puede ofrecer ventajas para las explotaciones que desarrollan correctamente sus trabajos de restauración de manera progresiva. En estos casos, la posibilidad de ajustar las garantías a los terrenos efectivamente pendientes de recuperar permitiría evitar que permanezcan inmovilizados recursos financieros superiores a los necesarios para cubrir las obligaciones existentes.
Por el contrario, una metodología más exigente o una revisión al alza de los costes estimados de restauración podría obligar a determinadas empresas a incrementar las garantías constituidas, con el consiguiente efecto sobre su financiación y su capacidad de inversión.
El impacto será especialmente sensible en las explotaciones de menor dimensión y en aquellas que, por sus características geológicas o ambientales, presentan costes elevados de rehabilitación. La cuestión fundamental será encontrar un equilibrio entre la protección del interés público frente a posibles abandonos y la necesidad de evitar cargas financieras desproporcionadas.
Residuos mineros
La reforma también endurece las exigencias técnicas aplicables a las instalaciones de residuos mineros. El proyecto refuerza los estudios geológicos, geotécnicos, hidrológicos y sísmicos necesarios para evaluar la seguridad de balsas, presas y escombreras, incrementando los periodos de retorno considerados en determinados análisis hidrológicos y prestando mayor atención a los riesgos de inundación, movimientos del terreno y fenómenos sísmicos. Estas exigencias se extienden a las distintas fases de vida de las instalaciones, incluido su cierre y el periodo posterior de vigilancia y control.
Las reformas legislativas pueden contribuir a mejorar la seguridad de infraestructuras cuyo fallo puede tener consecuencias ambientales y económicas de gran magnitud. Al mismo tiempo, exigirán estudios más detallados, sistemas de vigilancia más completos y, en determinados casos, inversiones adicionales para adaptar instalaciones existentes o modificar proyectos futuros.
Otro capítulo de especial interés para la industria es el aprovechamiento de los residuos mineros. El proyecto modifica el artículo 36 del Real Decreto 975/2009 para facilitar la recuperación de materias primas presentes en residuos de extracción y promover su valorización. Esta orientación se relaciona directamente con el Reglamento europeo de Materias Primas Fundamentales, que pretende reducir la dependencia exterior de la Unión Europea y favorecer el aprovechamiento de recursos propios.
Las escombreras y depósitos de residuos de antiguas explotaciones pueden contener minerales que no resultaban económicamente recuperables cuando fueron generados, pero que podrían adquirir valor gracias a las nuevas tecnologías de tratamiento y a la demanda de determinadas materias primas estratégicas.
Su recuperación permitiría combinar una actividad industrial potencialmente rentable con la reducción de pasivos ambientales históricos. Sin embargo, estos proyectos requieren caracterizaciones mineralógicas y geoquímicas rigurosas, estudios de viabilidad y soluciones técnicas que garanticen que el tratamiento de los residuos no genere nuevos problemas ambientales.
Pasivos de la minería histórica
El texto también establece un marco específico para los pasivos de la minería histórica y contempla la elaboración de un inventario nacional de huecos mineros abandonados. Su objetivo será identificar espacios susceptibles de restauración o reutilización para actividades ambientales, energéticas, industriales o recreativas.
Esta última iniciativa podría abrir oportunidades para proyectos de ingeniería relacionados con el almacenamiento energético, la recuperación de materiales, la rehabilitación de terrenos y otros usos compatibles con las características de antiguas explotaciones.
Las preocupaciones del sector
La documentación oficial permite, además, conocer algunas de las preocupaciones expresadas por el sector durante la elaboración de la reforma. En la consulta pública previa, celebrada entre el 12 de marzo y el 30 de abril de 2025, el Ministerio recibió 64 aportaciones procedentes de empresas mineras, asociaciones empresariales y medioambientales, administraciones públicas, instituciones científicas, colegios profesionales y particulares.
Entre las cuestiones planteadas figuraban la necesidad de establecer sistemas de restauración más flexibles, evitar duplicidades entre los procedimientos mineros y ambientales y distinguir claramente las modificaciones sustanciales de las que no lo son. También se solicitaron mecanismos de simplificación administrativa y una mejor coordinación de la nueva regulación con las disposiciones europeas sobre materias primas fundamentales.
Estas aportaciones reflejan una de las principales tensiones de la reforma: la necesidad de elevar los estándares de protección ambiental y seguridad sin introducir procedimientos que dificulten el desarrollo de nuevas explotaciones en un momento en el que Europa pretende incrementar su autonomía en el suministro de minerales estratégicos. Ministerio de Transición Ecológica
Calendario de aprobación.
La revisión de la documentación oficial publicada por el MITECO permite comprobar que, en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo fechada el 13 de octubre de 2026, figuraban todavía pendientes el informe del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, los informes de los restantes departamentos ministeriales, el informe de la Secretaría General Técnica del propio MITECO, la aprobación previa del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y el dictamen del Consejo de Estado.
Al menos en la fecha de elaboración de esa memoria, el procedimiento estaba lejos de haber completado todos sus trámites. No obstante, el documento no permite determinar si algunos de esos informes habían sido ya solicitados y estaban pendientes de respuesta, o si todavía no se había iniciado su petición. Tampoco se ha encontrado una actualización pública posterior que permita confirmar cuáles se han emitido desde entonces.
El Consejo de Estado constituye uno de los principales condicionantes del calendario. Su intervención es preceptiva en determinados proyectos reglamentarios, especialmente cuando desarrollan leyes o ejecutan normativa europea, como sucede con aspectos de esta reforma. El plazo ordinario para emitir dictámenes es de dos meses, aunque puede reducirse a quince días mediante una declaración de urgencia y, excepcionalmente, a un plazo inferior por decisión del Gobierno o de su presidente.
En consecuencia, la aprobación durante diciembre no es jurídicamente imposible, pero exigiría que buena parte de los trabajos administrativos estuviera ya avanzada. El cierre de la audiencia pública el 4 de diciembre dejará menos de cuatro semanas hasta el final del año para examinar las alegaciones, introducir las modificaciones que procedan, completar los informes pendientes y obtener el dictamen consultivo correspondiente.
Existe, además, otro elemento que invita a considerar un calendario más amplio. El propio Plan de Acción de Materias Primas Minerales 2026-2030 establece para la modificación del Real Decreto 975/2009 un periodo de ejecución comprendido entre 2026 y 2028. Por tanto, aunque la reforma se considera prioritaria, la planificación oficial no exige que su aprobación se produzca necesariamente antes del próximo 31 de diciembre.
La posibilidad de que la norma quede pendiente para un futuro Gobierno dependerá, por tanto, tanto de la evolución de su tramitación como del calendario político. Al tratarse de un real decreto, su aprobación corresponde al Consejo de Ministros y no requiere una votación de convalidación del Congreso de los Diputados. Sin embargo, si se produjera un cambio de Gobierno antes de su aprobación, el nuevo Ejecutivo podría continuar la tramitación, modificar el proyecto o reconsiderar su oportunidad.
