El mismo cuento cada verano
Cada verano, cuando el fuego ha arrasado miles de hectáreas, los vecinos regresan a pueblos ennegrecidos y los equipos de extinción todavía trabajan sobre un perímetro inestable, el presidente del Gobierno comparece ante las cámaras para reclamar un gran pacto de Estado contra el cambio climático. Un déjà vu. Cambian el monte, la provincia y el número de fallecidos o de hectáreas quemadas. Pero el cuento es siempre el mismo.
Pedro Sánchez lo ha repetido de nuevo el miércoles en Tamajón, durante su visita al incendio de La Mierla, en Guadalajara. Habló de un acuerdo “imperativo”, pidió apartar la lucha partidista y recordó que España suma ya 22 grandes incendios y más de 100.000 hectáreas quemadas en lo que va de año. También reclamó prevención, adaptación y recursos sostenidos. Todo muy razonable, pero el presidente dijo exactamente lo mismo el verano pasado.
El 17 de agosto de 2025, después de visitar los incendios de Ourense y León, Sánchez anunció un gran pacto de Estado para la mitigación y la adaptación a la emergencia climática. En septiembre presentó diez compromisos. En diciembre, una propuesta de quince ejes y ochenta medidas que debía llegar al Congreso. Y diez meses después, ante otro incendio, vuelve a desempolvar su manido recurso retórico que, ese sí, parece incombustible.
Ya sabemos que nos enfrentamos a un cambio climático. La ciencia advierte de que se incrementan la aridez, las sequías y de que las condiciones meteorológicas son cada vez más favorables para el fuego. Los incendios son más rápidos, más intensos y más difíciles de controlar. Pero Sánchez no debería aprovechar esa realidad para reivindicarse, después de cada tragedia, como el gran adalid de la causa climática. Menos aún, cuando el cambio climático explica el contexto de riesgo, pero no sustituye el análisis del origen del fuego, del estado del monte, de la continuidad del combustible, de la ordenación territorial o de la preparación de los municipios.
La mitigación es imprescindible, pero no es un extintor. Incluso en el supuesto, desgraciadamente hoy muy remoto, de que el mundo redujera de manera drástica y sostenida sus emisiones, los efectos no serían inmediatos. El IPCC calcula que la diferencia en la temperatura global entre escenarios de altas y bajas emisiones tardaría aproximadamente entre veinte y treinta años en hacerse claramente visible. Y otros científicos amplían mucho más ese plazo y explican que parte del dióxido de carbono emitido permanece en la atmósfera durante siglos.
Alcanzar las emisiones netas cero permitiría estabilizar el calentamiento, pero no devolver de inmediato el clima a las condiciones del pasado. Así que el presidente debería dejar de vender la descarbonización como una respuesta inmediata a los incendios. Reducir las emisiones es necesario para no agravar el problema durante las próximas décadas. Pero no evitará que ardan el verano que viene los montes que hoy acumulan combustible.
La transición energética no debería ser un eslogan para conseguir votos, sino algo que hay que tomarse muy en serio. La política climática necesita continuidad, redes eléctricas, almacenamiento, industria, planificación territorial y presupuestos coherentes. No una sucesión de anuncios, rectificaciones y grandes palabras. El propio recorrido del pacto anunciado en 2025, que consistió primero en una declaración, después en una hoja de ruta, luego en una convención, más tarde en ochenta medidas de las que nunca más se supo y ahora en una nueva apelación pública, ilustra demasiado bien la distancia que hay entre proclamar una política y ejecutarla y gestionarla con seriedad.
Los ingenieros de montes llevan años explicando que la abundancia de biomasa, el abandono de aprovechamientos tradicionales y la falta de gestión elevan la intensidad de los incendios. Reclaman desbroces, clareos, podas, pastoreo y aprovechamientos forestales que, además de reducir el combustible, pueden generar actividad económica en territorios despoblados.
La Comisión Europea ha advertido este mismo año de que herramientas como el pastoreo, la trashumancia y las quemas prescritas continúan infrautilizadas. También ha señalado que agricultores, ganaderos, selvicultores y gestores locales son actores esenciales para mantener paisajes resistentes al fuego. La Agencia Europea de Medio Ambiente añade que una política concentrada prioritariamente en la extinción será cada vez menos eficaz si no se acompaña de gestión forestal, reducción de combustible y diversificación del paisaje.
El propio Ministerio para la Transición Ecológica dispone desde hace años de guías que recomiendan gestionar la vegetación en franjas de entre diez y treinta metros alrededor de las edificaciones y ampliar la actuación hasta cien metros en lugares de especial riesgo. Esos documentos reclaman además sistemas de aviso, puntos seguros, rutas de evacuación y accesos que permitan simultáneamente la salida de los vecinos y la entrada de los equipos de emergencia. Y en cada incendio comprobamos que nada de eso se ha puesto en marcha.
Porque hacerlo no necesita de grandes pactos de Estado, pero exige presupuestos estables, competencias claras, ayuntamientos con capacidad técnica, propietarios que cumplan sus obligaciones, comunidades autónomas que ejecuten y un Gobierno central que coordine, financie y evalúe. Exige planes de evacuación ensayados, perímetros defendibles alrededor de los pueblos y profesionales trabajando durante todo el año, no solamente helicópteros y brigadas cuando el fuego ya ocupa los informativos.
Cuando después de cada incendio el presidente vuelve a reclamar el mismo pacto que anunció, desarrolló y presentó el año anterior, el pacto deja de parecer una herramienta y empieza a parecer una coartada. España necesita que, cuando llegue el fuego, el territorio haya sido gestionado, los pueblos estén defendidos, las rutas de evacuación funcionen y los vecinos sepan qué hacer. La mitigación decidirá una parte del clima de las próximas décadas. La prevención y la adaptación decidirán cuántas vidas, casas y hectáreas perderemos el próximo verano.
