El Instituto de la Ingeniería analiza el papel de la ingeniería para garantizar la resiliencia de las infraestructuras
El accidente de Adamuz puso de relieve las vulnerabilidades de la red viaria española y la urgencia de reforzar la resiliencia de carreteras, puentes y servicios esenciales. Con gran parte de la infraestructura envejecida y un retraso en la transposición de la directiva europea de resiliencia, España enfrenta un reto estratégico: garantizar que sus sistemas críticos puedan resistir, adaptarse y recuperarse ante cualquier crisis.
La resiliencia de las infraestructuras es hoy una prioridad estratégica en España. No se trata únicamente de construir nuevas carreteras o puentes, sino de asegurar que las infraestructuras existentes puedan resistir, adaptarse y recuperarse frente a fallos, accidentes o fenómenos extremos.
El accidente ocurrido en Adamuz puso de manifiesto las vulnerabilidades de la red viaria y la necesidad de reforzar su seguridad y mantenimiento. Gran parte de la red española tiene más de 20 años y soporta cargas crecientes de tráfico , lo que incrementa el riesgo de fallos estructurales y accidentes graves. Las lluvias torrenciales pusieron de manifiesto la vulnerabilidad de algunas de nuestras presas, por no hablar del deterioro de nuestras carreteras
La ingeniería frente al desafío de la resiliencia
La comunidad de ingenieros en España quiere abordar este desafío de forma sistemática. En este contexto, el Instituto de Ingeniería de España acaba de organizar una jornada dedicada al papel de la ingeniería en la resiliencia de infraestructuras industriales y críticas.
Durante la jornada, la presidenta del Instituto de Ingenieria de España , Mª Cruz Díaz y el secretario Luciano Azpiazu, alertaron de que España aún arrastra un retraso en la transposición de la directiva europea sobre resiliencia de infraestructuras y reclamaron la importancia de que los ingenieros participen en la toma de decisiones, y que sus evaluaciones técnicas sean escuchadas antes de implementar medidas, evitando decisiones tomadas únicamente desde órganos administrativos sin contacto directo con la infraestructura.
La sesión subrayó la importancia de integrar todos los elementos críticos —energía eléctrica, agua potable, transporte y servicios esenciales— en una plataforma de resiliencia integral, apoyada por la tecnología y la llamada industria 5.0.
Se destacaron los principales ejes de esta nueva cultura de resiliencia:
- Seguridad operativa y adaptación rápida frente a incendios, fenómenos climáticos y desastres naturales.
- Sostenibilidad y medioambiente, considerando la resiliencia climática en todos los procesos.
- Factor humano, salud y seguridad laboral en la operación de infraestructuras.
- Ciber-resiliencia, protección ante ataques digitales que puedan comprometer sistemas críticos.
- Integración tecnológica, utilizando digitalización, sensores y análisis de datos para anticipar riesgos y gestionar la infraestructura en tiempo real.
Los ponentes subrayaron que los ingenieros deben ser actores activos, no solo ejecutores de proyectos; su conocimiento técnico es fundamental para prevenir accidentes, optimizar el mantenimiento y asegurar que las infraestructuras cumplan su función vital ante cualquier eventualidad.
¿Cómo está España en la transposición de la directiva europea sobre resiliencia?
La Directiva (UE) 2022/2557, conocida como Directiva sobre la resiliencia de las entidades críticas (Critical Entities Resilience Directive – CER), es la norma europea que actualiza y refuerza la protección y resiliencia de servicios vitales como energía, transporte, agua, salud o comunicaciones, en un contexto de amenazas climáticas, ataques cibernéticos o fallos técnicos. La directiva entró en vigor el 16 de enero de 2023 y debía ser incorporada al derecho nacional de todos los Estados miembros antes del 17 de octubre de 2024.
Según datos de seguimiento de la implementación de la directiva en la UE, España aún no ha notificado oficialmente medidas completas de transposición ante la Comisión Europea. Esto significa que, desde la perspectiva de Bruselas, el país figura entre varios Estados miembros que aún no han completado formalmente la incorporación de la directiva a su ordenamiento jurídico, pese a haber pasado el plazo legal de octubre de 2024.
Esta situación no necesariamente implica que no haya trabajo en marcha, pero sí que, a nivel comunitario, España no ha comunicado la ley o normas que se supone deben garantizar la aplicación de los requisitos de resiliencia para las entidades críticas
¿Por qué es importante esta directiva para España?
La directiva CER no solo busca mejorar la seguridad física de infraestructuras, sino garantizar que servicios esenciales sigan funcionando incluso ante crisis complejas (como apagones masivos, ciberataques coordinados o eventos climáticos extremos). Para sectores como transporte, energía o agua —clave también para la seguridad y resiliencia viaria— su transposición es un paso jurídico que obliga a integrar criterios técnicos y evaluaciones de riesgo en la planificación y operación de infraestructuras críticas
España, como Estado miembro, debe incorporar todas estas obligaciones a su legislación nacional para cumplir la directiva. Esto implica no solo definir qué entidades son críticas en cada sector, sino también establecer mecanismos para supervisar la aplicación de planes de resiliencia, exigir inversiones en seguridad y garantizar que los servicios esenciales no fallen ante crisis complejas.
El proceso de transposición exige coordinación entre administraciones, empresas proveedoras de servicios esenciales y autoridades técnicas, con especial atención a sectores interdependientes como energía, transporte y comunicaciones.
Sectores que abarca la Directiva (UE) 2022/2557 sobre resiliencia de entidades críticas
| Sector | Ejemplos de infraestructuras / servicios críticos | Impacto de un fallo |
|---|---|---|
| Energía | Redes eléctricas, subestaciones, gasoductos, centrales de generación | Cortes de electricidad, fallos en calefacción o suministro de gas |
| Transporte | Carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos | Interrupción de movilidad, logística y comercio |
| Banca | Bancos, cajeros automáticos, pagos electrónicos | Paralización de transacciones y economía local |
| Infraestructuras del mercado financiero | Bolsas, plataformas de intercambio, sistemas de liquidación | Riesgos financieros y económicos de gran escala |
| Salud | Hospitales, clínicas, laboratorios, suministro de medicinas | Riesgo para la atención sanitaria y salud pública |
| Agua potable | Plantas de tratamiento, redes de distribución | Escasez de agua segura, afectación a población y hospitales |
| Aguas residuales | Plantas de depuración y redes de saneamiento | Contaminación ambiental y riesgos de salud |
| Infraestructura digital | Telecomunicaciones, centros de datos, servicios en la nube | Pérdida de conectividad, interrupción de servicios críticos |
| Administración pública | Órganos de gobierno, servicios de emergencias, sistemas de gestión | Fallo en la coordinación de crisis y servicios esenciales |
| Sector espacial | Satélites de comunicación, navegación y observación | Problemas en telecomunicaciones, GPS y control climático |
| Producción, procesamiento y distribución de alimentos | Industrias alimentarias, cadenas logísticas, almacenes | Escasez de alimentos y riesgos para la seguridad alimentaria |
En definitiva, el accidente de Adamuz y el envejecimiento de gran parte de la red viaria española son un recordatorio urgente de la necesidad de adoptar una cultura de resiliencia integral. La participación de los ingenieros, la planificación preventiva, la digitalización y la incorporación completa de la directiva europea sobre entidades críticas son pasos esenciales para garantizar la seguridad de los ciudadanos y la continuidad de los servicios esenciales en España. Ignorar estos retos implica riesgos graves; abordarlos a tiempo permitirá que la infraestructura española no solo resista las crisis, sino que se adapte y evolucione hacia un futuro más seguro y sostenible.
